Saturday, 15th February 2014

La reforma inacabada. Retos y perspectivas de Petróleos Mexicanos

Publicado el 25. ago, 2013 por en Política y sociedad

El debate en torno a la reforma energética y el futuro de PEMEX se ha convertido en el terreno perfecto para los choques y enfrentamientos de una sociedad polarizada que cada vez encuentra menos espacios de interacción y diálogo. Dejando de lado la carga político-ideológica que reviste el tema, cada día es más evidente que la situación actual de la paraestatal es insostenible y que deben implementarse profundos cambios si es que se pretende, al menos, detener su espiral descendente. En el marco de esta discusión, César Martínez nos ofrece un recuento de los proyectos y las reformas que se han hecho en los últimos veinte años por reformar Petróleos Mexicanos, y cómo éstas han influido, positiva o negativamente, en su situación actual.

 

César Martínez

 

De acuerdo con el reporte más reciente de la Agencia Internacional de Energía, el sector de los hidrocarburos (ya sea transporte, industria o electricidad) origina cerca de dos tercios de las emisiones de CO2 en el planeta, que superaron recientemente las 400 partículas por millóni. En otras palabras, la humanidad no está ni cerca de cumplir los objetivos de mitigación a los que la mayoría de los países se han comprometido. Es ésta una de las razones para argumentar que la reforma energética debería referirse, en primera instancia, a la transición de los combustibles fósiles a fuentes de energía menos contaminantes y a la implementación de políticas de eficiencia energética (éste es el significado del término «reforma» en la mayoría de los países de la OCDE, por ejemplo).

No obstante, entre los exportadores de petróleo, «reforma» suele referirse a cambios en la organización, administración, relación con el gobierno y régimen fiscal de los operadores de la industria: las compañías petrolerasii. En México, a pesar de que en 2008 se incluyeron algunas disposiciones para mejorar el entorno de producción de energías renovables, la reforma sigue aludiendo, en primera instancia, a Petróleos Mexicanos.

Los operadores estatales del sector energético en países exportadores de petróleo, como PEMEX, cumplen dos funciones que pueden resultar antagónicas: por una parte, se trata de empresas sujetas, en un grado variable, a los vaivenes del mercado, cuyo objetivo es aumentar sus ganancias y eficiencia; por otra, son entidades políticas, que tienen como meta maximizar la apropiación de la renta para el beneficio de la poblacióniii.

Esto vuelve al análisis de su comportamiento más complejo que en el de los casos de las compañías trasnacionales, pues cualquier proceso de reforma en la industria energética, desde Irán hasta Noruega, refleja dinámicas de poder internas, conflictos ideológicos y disputas constitucionales. Asimismo, parte de la dificultad en ponderar los factores de éxito en los distintos procesos de reforma a las compañías petroleras radica en que los puntos de llegada deseados son disímiles (por ejemplo, en Venezuela o Rusia el objetivo había sido fortalecer el papel del Estado en su administración, mientras que en Noruega y Canadá fue dejar que las fuerzas del mercado determinaran su comportamiento).

No obstante, en todos los casos en que ha habido una transformación de la administración, organización o control de la empresa, un consenso nacional mínimo ha precedido a la reforma. Desafortunadamente éste no es el caso de México. Más que una reforma integral en el largo plazo, ha habido remedos legislativos, piruetas legales y retoques administrativos, sin que la empresa se decante hacia un camino definido, en cuyos extremos se encuentran: 1) el fortalecimiento del ejecutivo frente a los grupos de poder corporativos y 2) la privatización. Como lo han demostrado varios casos exitosos en el mundo, el único elemento en común que han tenido es un consenso mínimo; asimismo, el resultado suele ser mucho más complejo que cualquiera de los dos polos opuestos alrededor de los cuales se desarrolla el debate sobre el petróleo en México.

En nuestro país, parece que todas las reformas energéticas (que no han llegado a serlo) desde 1992 han comenzado por el final: se plantean detenidamente los «cómo» (esquemas de participación de privados, financiamiento, gobierno corporativo), sin que haya una idea clara de los «para qué». El resultado ha sido una parálisis que sitúa a la empresa, cuyas capacidades y recursos son inmensos, a la zaga de las compañías petroleras nacionales del mundo, aun cuando tiene el potencial de ser una de las corporaciones nacionales más influyentesiv. Se comenzará este ensayo con un análisis breve del peso del sector energético en la economía mexicana, para después estudiar sus desafíos actuales. En la segunda parte se describirán los procesos de reforma desde 1992 y se plantearán algunos de los temas pendientes en la agenda de hidrocarburos en México.

Los recursos petroleros y gasíferos en México: un breve panorama

En México, a diferencia de la mayoría de los países exportadores, suele enfatizarse (en demasía) el elemento simbólico del petróleo para la nación; los hidrocarburos están ligados a la construcción del Estado mexicano posrevolucionario, como señalan Lorenzo Meyer y otros autoresv. No obstante, es crucial no olvidar que también constituyen un sector medular en la economía mexicana, pues representan alrededor de 8% del producto interno bruto y la tercera fuente de divisas. Más aún, la matriz energética de nuestro país (es decir la proporción que cada energético representa con respecto a la demanda total) se caracteriza por un dominio absoluto del petróleo y el gas natural, que junto con el carbón mineral representan 90% del consumo de energía en Méxicovi.

El panorama geológico mexicano, sin embargo, no luce muy alentador. En términos de reservas probadas, éstas cayeron de 47,822 millones de barriles en 1999 a 10,260 millones en 2012, lo que ubica a nuestro país en la posición 17 en el mundovii. Asimismo, la extracción de hidrocarburos se ha vuelto cada vez más complicada, lo que representa un cambio radical con respecto a la historia de la industria energética mexicana.

En los dos periodos de auge durante el siglo XX (especialmente entre 1911-1920 y 1980-1986), la producción se basó en megayacimientos, cuyos costos marginales eran relativamente bajos. En el primer caso, la joya de la corona mexicana fue la Faja de Oro, mientras que en el segundo el pilar del sector petrolero en México fue Cantarell (que llegó a ser el segundo campo más grande del mundo, después de Ghawar, en Arabia Saudita)viii.

En 2003 se alcanzó el pico de producción en Cantarell; además, a partir del año 2000, 60% de los nuevos yacimientos descubiertos han pertenecido a las clases «C» y «D» (es decir, poseen menos de 25 millones de barriles en reservas), mientras que sólo se encontró un campo grande (Ayatsil), que tiene más de 50 millones de barriles. No obstante, también cabe señalar que la tasa de éxitos (el radio entre los pozos descubiertos y los perforados) mejoró sustancialmente de 27% entre 1989 y 1994 a 38% de 2001 a 2009ix.

En otras palabras, parece ser que la era del petróleo fácil y barato en México se ha ido, pues los costos de inversión serán cada vez mayores y el petróleo está, en su mayoría, en lugares recónditos o en declive. Los proyectos más promisorios se encuentran en el Golfo-sur (particularmente Ayatsil, Sihil, Maloob y Zaap), en el litoral tabasqueño (que se denomina proyecto «Crudo Ligero Marino») y en el Cinturón Perdido, en las áreas profundas del Golfo -nortex. Los tres escenarios son notablemente complicados.

Durante el sexenio de Vicente Fox, el proyecto «Aceite Terciario del Golfo» (conocido como «Chicontepec») se definió como el sucesor natural de Cantarell; sin embargo, los resultados han sido por demás decepcionantes, a pesar del aumento notable en la producción (de 9 a 50 mil barriles en una década). Finalmente, en cuanto al gas natural, la «revolución del gas de lutitas» en Estados Unidos abrió la posibilidad de explotar los enormes recursos de shale gas que hay en México (los cuales equivalen a las sextas reservas más importantes del mundo)xi. Los retos técnicos para la explotación de los recursos en aguas ultraprofundas, en yacimientos terrestres complejos y en campos de lutitas son onerosos, incluso para las compañías trasnacionales más poderosas; son un reto incluso más espinoso para una firma con los lastres de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con los escenarios de la Agencia Internacional de Energía, la producción petrolera de México declinará aproximadamente 100,000 barriles este año, lo que se suma al aumento colosal en las importaciones de gasolina desde Estados Unidosxii y al crecimiento exponencial del consumo y compra de gas natural del extranjeroxiii. En otras palabras, las limitaciones geológicas de México (y los desafíos tecnológicos para su explotación) contrastan con el mito de la autosuficiencia petrolera basada en una dotación pletórica de recursos; asimismo, es necesario tomar en cuenta el potencial enorme en energías renovables, lo que no parece ser un asunto prioritario en la agenda energética.

Historia de las reformas a la industria petrolera, 1992-2008

Como pudo advertirse en las líneas anteriores, el deterioro de la industria petrolera en México no es algo nuevo, como tampoco lo han sido los intentos de llevar a cabo reformas. Es necesario recalcar que, a pesar de la atención exclusiva al tema de los hidrocarburos, la reforma energética es un entramado mucho más amplio de decisiones institucionales que se relacionan también con la transición energética—lo que abarca desde políticas de eficiencia energética hasta el diseño de incentivos para la producción y el consumo de renovables—. Los esfuerzos que se han llevado a cabo desde la administración anterior permiten avizorar un panorama un poco más optimista en este otro elemento de la reforma energética, a diferencia de lo que ocurre en el sector petrolero.

En cuanto a la historia organizacional del sector de los hidrocarburos en México, Isabelle Rousseau señala que Petróleos Mexicanosha atravesado por tres momentos históricos; entre 1938 y mediados de los setenta, la empresa fue el motor de la industrialización por sustitución de importaciones, pues proveía de los recursos energéticos necesarios para esta empresa. A partir de 1977, el petróleo «se convirtió en la garantía del crédito internacional [del país] y el soporte de un sistema político agotado»xiv.

Es a finales del decenio de los ochenta e inicios de los noventa cuando las carencias y deficiencias de la empresa obligaron al primer intento en gran escala de reforma organizacional y administrativa. La misma autora señala que, con base en criterios económicos, «se buscó focalizar a Pemexen la exploración y producción de crudo, en detrimento de las actividades de transformación o ciertos servicios ligados al gas natural»xv.

Las limitaciones constitucionales impidieron que se modificara el monopolio de la paraestatal en el sector aguas arriba; sin embargo, se abrió gradualmente a la competencia internacional el de aguas abajo (refinación), mientras que se liberalizó también lentamente el del transporte (midstream). En el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector se mantuvo intocable, en parte para ganar el apoyo de los grupos políticos de orientación más nacionalista y de izquierdaxvi. A pesar de ello, por medio del acuerdo se facilitó la privatización de la industria petroquímica y el comercio internacional de electricidad y gas naturalxvii.

La lógica economicista condujo, unos meses antes, a la mayor transformación en el esquema organizacional de la empresa hasta entonces; en 1992 se eliminó el esquema corporativo de Pemex y en su lugar se establecieron cuatro subsidiarias (Exploración y Producción, Gas y Petroquímica Básica, Petroquímica y Refinación). Asimismo, cabe señalar que se descentralizó la toma de decisiones a otras entidades federativas.

El objetivo era hacer más eficiente la operación de la firma. La idea fundamental para los reformadores radicales «implicaba redefinir la naturaleza y el papel de Pemex como empresa del Estado»xviii. Asimismo, debía modificarse la función social de la corporaciónxix. Sin embargo, cabe señalar que este movimiento iba a contracorriente con las tendencias de la industria petrolera mundial, pues precisamente fue en la década de los noventa cuando se llevaron a cabo las fusiones más espectaculares en la historia del petróleo, como las que dieron lugar al establecimiento de ExxonMobilxx.

La reforma del sector energético era un asunto que se resolvía al interior de la élite posrevolucionaria; es decir, correspondía a los arreglos políticos al interior del Partido Revolucionario Institucional, así como a negociaciones con la cúpula sindical, que fue uno de los sustentos del régimen durante varias décadas, según la tradición del modelo estatista. El consenso entre el liderazgo laboral y el gobierno se rompió en estos años, como lo demuestra el golpe político en contra de Joaquín Hernández Galicia («la Quina») en 1989, como un movimiento previo a la reestructuración de Pemexxxi.

La economía política de la reforma petrolera se habría de dificultar aún más con la transición a la democracia electoral, particularmente a partir de 1997. Como argumenta Isabelle Rousseau, justo cuando comenzaron a evidenciarse las grietas en el modelo de gobernanza energética, el partido del presidente de la República perdió la mayoría en la Cámara de Diputados; con ello emergió un Congreso de la Unión mucho más asertivo y desafiante a las posiciones y propuestas del ejecutivo, incluyendo el ámbito energético. El resultado es que los reformistas han elaborado cualquier número de malabares para sortear las disposiciones del artículo 27 de la Constitución política de Méxicoxxii.

A mediados de la década de los noventa, además de continuar los avances en la liberalización de la petroquímica y el gas natural, se llevaron a cabo dos innovaciones institucionales de relevancia: la puesta en marcha de la Comisión Reguladora de Energía y la creación de los Proyectos de Infraestructura con Impacto Diferido en el Registro del Gasto Público (Pidiregas); en el primer caso, el objetivo era promover la eficiencia en el sector eléctrico, especialmente en su comercio internacional, así como en el sector de ventas de gas natural y petroquímicos básicosxxiii.

En el segundo caso, se ha buscado que los Pidiregas superen (pues todavía operan en algunos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad) las limitaciones financieras para invertir en proyectos estratégicos de hidrocarburos y electricidad; «los Pidiregas reemplazan el uso de los recursos propios en infraestructura (reinversión de ingresos y presupuesto asignado), mediante la colocación de deuda vía emisión de bonos»xxiv. La compañía petrolera nacional «se compromete a pagar la obra cuando tome posesión de ella, utilizando para esto las rentas obtenidas para su puesta en servicio»xxv. Iniciativas estratégicas, como las técnicas de recuperación secundaria en Cantarell y la explotación de los recursos gasíferos en la Cuenca de Burgos se han llevado a cabo así.

La alternancia del partido en el ejecutivo federal en 2000 no trajo cambios sustanciales en la política petrolera, sino que acentuó algunos de los principios que se habían enarbolado desde finales de la década de los ochenta. Al igual que en la época salinista, el criterio fundamental era lograr la eficiencia en sus operaciones. Sin embargo, durante la presidencia de Vicente Fox fue aún más claro el designio empresarialxxvi. El periodo era propicio para conducir una reforma integral de Pemex, pues, como se mencionó anteriormente, hacia 2004 se alcanzó el máximo de la producción, en un entorno de precios internacionales en ascenso vertiginoso. No obstante, de nuevo se evitó atender problemas cruciales como el peso del pasivo laboral y el régimen fiscal de la empresaxxvii.

Más allá de una visión de Estado, con la alternancia política se confirmó el carácter de Pemexcomo una plataforma en donde se proyectaban conflictos de carácter partidista; basta recordar el episodio de la elección de grandes empresarios como representantes del gobierno en el Consejo de Administración y el denominado Pemex-gate, los cuales pusieron en entredicho el éxito de cualquier iniciativa de reformaxxviii. A pesar de ello, se requiere señalar que en estos años se canalizaron sumas significativas de capital para inversiones productivas, lo que explica, en buena medida, el auge del periodo, aunque la producción comenzó a caer de manera acelerada desde 2007xxix.

Finalmente, en 2008 llegó el capítulo más reciente en la historia de las fallidas reformas energéticas en México (sector de los hidrocarburos). A diferencia del sexenio anterior, la situación del petróleo en nuestro país ocupaba un lugar central en la agenda del nuevo presidente, Felipe Calderón, junto con el combate al tráfico de drogasxxx; como podrá recordarse, la administración moldeó un discurso pesimista, según el cual, si no «sacábamos el tesoro escondido en el Golfo de México», pronto nuestro país se convertiría en un importador neto de petróleo. Como argumenta Rousseau, había dos facciones claramente definidas: una conformada por el PRD y una facción del PRI, creía que la fuente del problema radicaba exclusivamente en la «descapitalización de la paraestatal», es decir de su régimen fiscal. La otra, basada en el partido en el gobierno y un sector del PRI, creía que la solución debería centrarse en una mejora de la gobernanza corporativa (rendición de cuentas, transparencia y autonomía de gestión)xxxi.

Antes de lanzarse a las discusiones legislativas, el presidente Calderón, mucho más débil políticamente que su antecesor, buscóllegar a un acuerdo con la oposición, con el fin de facilitar el proceso en el Congreso. La reforma energética de 2008 consistió en cinco iniciativas de ley, que se debatieron por 72 días (gracias a las presiones de la oposición, dirigida por el PRD). «Los principales puntos de controversia eran las aguas profundas, las inversiones del sector privado en los segmentos de transporte, distribución y almacenamiento y los contratos incentivados»xxxii. El resultado de esta reforma se proyectó principalmente en el gobierno corporativo de Pemex, la capacidad regulatoria del Estado mexicano (por medio de la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos) y los mecanismos para las contrataciones de servicios (los contratos incentivados)xxxiii.

Sin embargo, al igual que en los intentos previos por modificar la situación de la paraestatal, no se tocó el régimen laboral de la empresa (es notable señalar, por ejemplo, que no se despiden trabajadores ni aunque el pozo en el que laboraban se seque). La situación sólo empeoró con los gobiernos panistas, pues entre 2000 y 2009 los gastos en servicios de personal crecieron 99%xxxiv. La falta de rendición de cuentas y el margen de negociación de los líderes sindicales son aún más preocupantes en un periodo como el de 2000 a 2006, cuando los ingresos de la compañía crecieron de cerca de 320,000 millones de pesos a 900,000 millones; tampoco es perfectamente clara la forma en que se gastan los excedentes de las exportaciones de petróleo, las cuales llegaron a 104,000 millones de pesos durante la administración de Vicente Foxxxxv.

Desde entonces, según Juan Carlos Boué, la discusión, un tanto estéril, ha gravitado de la «defensa de la soberanía nacional», en un extremo, a la «eficiencia de la empresa», por el otro, por lo que no se ha atendido otro asunto crucial en cualquier reforma energética que busque implementarse en México: el régimen fiscal de Pemex. Debido a la complejidad del tema, basta decir que es precisamente ésta la razón de ser de la paraestatal, pues «el valor de Pemex en su calidad de operador monopólico de la industria petrolera mexicana está dado por la diferencia entre los impuestos que paga esta compañía, por un lado, y los que pagarían, en igualdad de circunstancias, las empresas privadas»xxxvi.

La onerosa carga fiscal a la que se enfrenta la corporación ha conducido gradualmente a su descapitalización; incluso si se desgravaran las partidas para reponer activos fijos, el peso seguiría siendo insoportable para cualquier empresa que se ajustara, aunque sea de manera mínima, a los criterios de eficiencia comercialxxxvii. El régimen político que rodea al entramado fiscal mexicano y el poder del sindicato son algunos de los pilares que permiten que Pemex opere como hasta entonces lo había hecho: puede permitirse ser ineficiente porque los costos económicos (en el corto plazo) son mínimos, aunque las consecuencias al pasar de los años se mostrarán cada vez más desastrosas.

Conclusión

A pesar de que la reforma energética debe ser una estrategia integral que priorice la transición a fuentes de energía menos intensivas en carbono y la implementación de medidas de eficiencia energética, en el caso de México, el peso simbólico y económico de los hidrocarburos termina por opacar cualquier arista más allá del petróleo. El potencial de nuestro país para producir energía es inmenso; sin embargo, las barreras institucionales y obstáculos políticos parecen inconmensurables. A lo largo de este ensayo se trató de presentar un panorama muy breve de la reforma a este sector de la economía mexicana.

Los retos no son menores, pues además de una caída notable en la producción desde mediados de la década anterior y un nivel insatisfactorio de nuevos descubrimientos, los yacimientos más sobresalientes en el territorio mexicano albergan gas y petróleo «difíciles» (de aguas ultraprofundas, campos fragmentados y reservas en formaciones rocosas); al mismo tiempo, Pemexse ha convertido en una empresa anquilosada, atada por intereses políticos y sindicales y que, además, tiene la responsabilidad de sufragar una buena parte del gasto público de la federación. Es preciso no olvidar que este proceso de deterioro ha ocurrido en la etapa de cambio más notable en la historia global de la industria petrolera desde la desaparición de Standard Oilen 1911: el cambio en las condiciones de seguridad energética internacional condujo a una ola de fusiones y adquisiciones, de la que emergieron corporaciones trasnacionales poderosísimas, con capitales mayores al producto interno bruto de decenas de países. Más sugerente aún es que entre ellas hay no sólo compañías privadas, sino firmas estatales (Petronas, Statoil y Petrochina, por ejemplo).

En otras palabras, la batalla por la eficiencia operativa y las ganancias se libra ya a escala global entre organizaciones empresariales de naturaleza muy distinta, pero que persiguen objetivos similares. Pemex no sólo no ha participado de este proceso, sino que, de manera indirecta, sufre sus consecuencias. Ante este panorama, la reforma del sector de los hidrocarburos durante los gobiernos priistas y panistas entre 1992 y 2008 no ha sido más que una colección de medidas inconexas, intentos desesperados por sortear las disposiciones constitucionales, derroche de capital político y oportunidades desperdiciadas. En el centro de esta vorágine yace una indefinición crónica sobre la idea misma de Pemex. Como se mencionó al inicio de este ensayo, todos los casos medianamente exitosos se han basado en un consenso mínimo sobre el tipo organización sectorial que se vislumbra; en México, las posiciones políticas al respecto no podrían estar más polarizadas.

La responsabilidad de fomentar este consenso no es de los administradores de la paraestatal, sino de los políticos involucrados en el proceso de reforma, tanto en el ejecutivo federal como en el legislativo y los gobiernos estatales, y, especialmente, de los líderes del sindicato de trabajadores de la paraestatal. Evidentemente, la respuesta a este nudo gordiano es por demás complicada; quizá el estupor de enfrentarse a una economía importadora de hidrocarburos en los próximos años conduzca a lo que cuatro administraciones presidenciales no han logrado ni de cerca.

 

NOTAS

i Agencia Internacional de Energía, Redrawing the Energy-Climate Map, World Energy Outlook Special Report, París, 2013, pp-9-11. Obtenido de http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2013/energyclimatemap/RedrawingEnergyClimateMap.pdf.

ii Éste ha sido el caso de países tan disímiles, como Canadá, Noruega, Rusia y Brasil.

iii Peter Hartley y Kenneth B. Medlock, «A Model of the Operation and Development of a National Oil Company», The Changing Role of National Oil Companies in International Energy Markets, James A. Baker III Institute, Baker University, Houston, marzo de 2007, pp.1-16. Obtenido de http://www.bakerinstitute.org/programs/energy-forum/publications/docs/NOCs/Papers/NOC_Model_Hartley-Medlock.pdf.

ivPemex es la octava compañía más grande del mundo en términos de reservas, además de ser la empresa más importante del país y la segunda en América Latina, sólo detrás de Petrobras [Christopher Helman, «The World’s 25 Biggest Oil Companies», Forbes, 16 de julio de 2012, disponible en línea].

v Por ejemplo, Lorenzo Meyer, «La culminación del nacionalismo revolucionario, 1937-1940», en Lorenzo Meyer, México para los mexicanos: la Revolución y sus adversarios, México, El Colegio de México, 2010.

vi Administración de Información Energética de Estados Unidos, «Mexico: Country Report», Washington D.C., última actualización el 7 de octubre de 2012, p.3.

vii Ibid., p.4.

viii Lorenzo Meyer e Isidro Morales, Petróleo y nación (1900-1987): la política petrolera en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1990.

ix Fabio Barbosa Cano, «La nueva situación de la exploración y la producción petroleras en México», en José Luis Calva (coordinador), Crisis energética mundial y futuro de la energía en México, México, Consejo Nacional de Universitarios, 2012, pp.110-111.

x Ídem.

xi Paul Stevens, «The “Shale Gas Revolution”: Developments and Changes», briefing paper, Chatham House, Londres, agosto de 2012, p.2. Obtenido de http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Development/bp0812_stevens.pdf; Administración de Información Energética de Estados Unidos, «Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries outside the United States”, Washington, D.C., 2013.

xii México es el mercado principal para los productos refinados de ese país (60% del total de la producción, que asciende a 680,000 barriles por día).

xiii De acuerdo con la Administración de Información Energética, las importaciones de gas natural aumentaron a 2,100 millones de pies cúbicos por día en 2011 [«Mexico Week: Record Mexican natural gas imports include higher flows from the U.S.”, 16 de mayo de 2013. Obtenido de http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=11291].

xiv Isabelle Rousseau, «Pemex y la política petrolera: los retos hacia el futuro», en José Luis Méndez (coordinador), Los Grandes Problemas de México, tomo XIII, «Políticas Públicas», México, El Colegio de México, 2012, pp. 307-311.

xvIbíd., p.312.

xvi Isidro Morales, «The Energy Factor in Mexico-U.S. Relations», The Future of Oil in Mexico, The James A. Baker III Institute, Rice University, Houston, abril de 2011, pp.21-31.

xvii Ídem.

xviii Isabelle Rousseau, «Las transformaciones de la política de hidrocarburos en México en el contexto de la transición democrática: esquemas organizacionales y estrategias de actores (1989-2004)», Foro Internacional 183, XLVI, 2006 (11), p.29.

xixIdem.

xx Daniel Yergin, The Quest: Energy, Security and the Remaking of the Modern World, Nueva York, Penguin Press, 2012, pp.132-135.

xxi José Luis Piñeyro, «La seguridad nacional con Salinas de Gortari», Foro Internacional 138, XXXIV (4), 1994, p. 759.

xxii Isabelle Rousseau, «Las transformaciones de la política de hidrocarburos en México», op. cit., pp.30-32.

xxiii Christopher Ballinas Valdés, «Taming the Beast Within: The Mexican Energy Regulatory Commission», The Future of Oil in Mexico, The James A. Baker III Institute, Rice University, Houston, abril de 2011. Obtenido de http://www.bakerinstitute.org/publications/EF-pub-BallinasTaming-04292011.pdf.

xxiv Isabelle Rousseau, «Pemex y la política petrolera: los retos hacia el futuro», op. cit., pp.322-324.

xxvÍdem.

xxvi Carlos Elizondo Mayer-Serra, «Stuck in the Mud: The Politics of Constitutional Reform in the Oil Sector in Mexico», The Future of Oil in Mexico, The James A. Baker III Institute, Rice University, Houston, abril de 2011, p.28.

xxvii Isabelle Rousseau, «Mercado, seguridad y soberanía nacional: las dinámicas contradictorias de la política energética mexicana (hidrocarburos) en el marco de la integración del norte de América», en Isabelle Rousseau (coord.), ¿Hacia la integración de los mercados petroleros en América, México, El Colegio de México, 2006.

xxviii Carlos Elizondo Mayer-Serra, op. cit., pp.24-27.

xxixPetróles Mexicanos, Pemex Annual Report 2008, Petróleos Mexicanos, México, 2008, p.4; Rossanna Fuentes Berain y Daniel Rico, Oil in Mexico: Pozo de pasiones. The Energy Reform Debate in Mexico, Washington D.C., Woodrow Wilson International Center for Scholars, Mexico Institute, 2008, disponible en línea en el sitio: http://goo.gl/dT57A.

xxxCarlos Elizondo Mayer-Serra, op. cit.

xxxi Isabelle Rousseau, «Pemex y la política petrolera», op. cit., p.328.

xxxii Isabelle Rousseau, «La renovación institucional en el sector de los hidrocarburos», en José Luis Calva, op. cit., pp.313-320.

xxxiiiPetróleos Mexicanos, «Todo sobre la reforma energética, decretos de la reforma energética», 28 de noviembre de 2008. Obtenido de http://www.pemex.com/index.cfm?action=content§ionid=137.

xxxiv Carlos Elizondo Mayer-Serra, op. cit., p.36.

xxxv Rossanna Fuentes Berain y Daniel Rico, Oil in Mexico: Pozo de pasiones. The Energy Reform Debate in Mexico, Washington D.C., Woodrow Wilson International Center for Scholars, Mexico Institute, 2008, disponible en línea en el sitio: http://goo.gl/dT57A.

xxxvi Juan Carlos Boué, «Aspectos fiscales de la apertura petrolera en México», en Isabelle Rousseau, ¿Hacia la integración de los mercados petroleros en América?, op. cit., pp. 341-375.

xxxvii Ídem.

 

____________

César B. Martínez Álvarez (México, 1989). Egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de El Colegio de México.

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