¿Revolución o extinción? Reflexiones sobre las reformas estructurales en México

Publicado el 25. ago, 2013 por Cuadrivio en Política y sociedad

La recién iniciada administración de Enrique Peña Nieto ha adoptado el tema de la aprobación de reformas estructurales como el símbolo de un nuevo México, destinado a avanzar hacia la modernidad y el progreso. Motivados por el impulso reciente que ha adquirido este tema, seis jóvenes involucrados en cada uno de los sectores en los que se han implementado o se busca implementar estas reformas exponen sus principales puntos, aciertos, desaciertos, perspectivas y potencialidades con la finalidad de promover el debate sobre la importancia de estos proyectos para superar los problemas políticos, económicos y sociales que aquejan a nuestro país.

 

En el terreno político, la noción de la evolución progresiva y lineal de las sociedades ha estado presente desde mucho tiempo antes de la aparición formal de las teorías de Charles Darwin. No obstante, su consolidación y expansión a finales del siglo XIX sirvió para dar sustento científico a esta noción y convencer al mundo de que las sociedades se encontraban en las diferentes etapas de un esquema en cuyo fin se encontraba un estado o fase superior determinada.

Ligado a esta noción, comenzaron a permear distintas teorías que proponían ciertas «recetas» o pasos a seguir para que los países que buscaran superar su estado actual pudiesen avanzar hacia la meta o ideal que pretendían alcanzar. A pesar de que importantes voces disidentes intentaron refutar estas teorías proponiendo análisis más complejos y multidimensionales, la realidad es que hasta el día de hoy estas ideas siguen teniendo un eco considerable entre los tomadores de decisiones alrededor del mundo. El caso de México no es la excepción. En los últimos años, buena parte de los estudios y diagnósticos que intentan explicar la pobreza y los problemas económicos del país identifican el origen del atraso con la falta de voluntad política para adoptar una serie de reformas en distintos ámbitos que permitirían impulsar la eficiencia y el crecimiento del país. Las llamadas reformas estructurales, por lo tanto, se han convertido en la receta o llave que permitiría a México acceder a otra etapa del proceso evolutivo, cuya metal final será, por supuesto, el perenne sueño de convertirnos en un país desarrollado.

Partiendo del interés e importancia que han adquirido estas reformas en el debate sobre las transformaciones que se deberían realizar en el país para estimular el crecimiento económico y el desarrollo de la población, Cuadrivio invitó a seis jóvenes expertos en cada uno de los sectores en los que se tiene planeado implementar estas reformas a que respondieran brevemente una serie de preguntas vinculadas a la importancia y trascendencia de cada una de ellas, y a que describieran, a grandes rasgos, el contenido de la reforma, el estado actual de sus respectivos sectores, los grupos de poder que promovieron o detuvieron su aprobación y sus perspectivas sobre su potencial de aprobación o implementación. Sus respuestas las pueden encontrar en orden alfabético (educativa, energética, fiscal, laboral, política y telecomunicaciones) en la parte inferior.

En el marco de esta discusión, varios cuestionamientos se mantienen en el aire. ¿Son estas reformas el primer y necesario paso hacia una eventual mejora de la economía nacional? ¿Tendrán algún tipo de repercusión real en el combate al atraso, la pobreza y la desigualdad? ¿Aparecen en el momento preciso? ¿Responden a las necesidades prioritarias de cada sector? ¿Son la clave para la esperada «evolución» del país? Éstas y muchas otras preguntas siguen en el tintero y son una muestra más de que el debate en torno a las reformas estructurales y su alcance en nuestro país, lejos de terminar, apenas está comenzado.

 

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Reforma educativa

Fecha de aprobación: febrero de 2013

 

Lizbeth Mendoza Chávez

 

El 25 de febrero del presente año, el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por los presidentes de las tres principales fuerzas políticas de México: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), promulgó la Reforma educativa. Los dos principales ejes de esta reforma son: establecer el Servicio Profesional Docente y crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

No es nuevo que la educación en México es deficiente. Aunque hemos tenido avances en la cobertura a nivel básico, el setenta por ciento de los alumnos que terminan la primaria lo hace con un nivel elemental en matemáticas, debido a que entre los alumnos de sexto de primaria la diferencia entre el conocimiento que deberían tener y el que tienen llega hasta los cuatro grados escolares. En la secundaria la situación empeora, ya que más de la mitad de los estudiantes que logran finalizar este nivel escolar lo hacen con un nivel deficiente, es decir, carecen de los conocimientos y habilidades mínimas en cada una de las asignaturas.

Estos resultados han colocado a la educación como uno de los temas principales de la agenda de los últimos 20 años: cada uno de los gobiernos ha realizado esfuerzos importantes mediante el aumento del gasto educativo (México es el país de la OCDE que asigna el porcentaje más alto de su gasto público en este sector, 20 %), la evaluación educativa y la creación de programas educativos federales y estatales, como el Programa Escuelas de Calidad y Enciclomedia. Sin embargo, año con año los resultados son los mismos y, a pesar de los esfuerzos, no logramos mejorar. Pero ¿será cierto que esta nueva reforma es lo que le estaba faltando a nuestro sistema educativo?

La Auditoría Superior de la Federación en su informe del 2012, menciona que el problema de la educación en México es que las acciones que se han realizado en los últimos años han sido aisladas y desarticuladas entre sus componentes,[i] lo cual se refleja en: «el desfase en la actualización de los planes y programas de estudio, las deficiencias en la formación inicial y continua de los docentes, el deterioro y la falta de equipamiento de las escuelas, así como la insuficiencia de mecanismos de preparación social de la comunidad y los actores sociales en el proceso educativo».[ii]

Siguiendo este diagnóstico, la Reforma educativa difícilmente va a lograr su propósito porque no nos ofrece una alternativa para articular los componentes de la educación, simplemente está apostando a uno de ellos, los maestros. Pero no sólo eso, sino que para el presidente y los firmantes del Pacto por México, la educación es un problema político definido como la pérdida de la rectoría del Estado sobre un sistema educativo en manos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Por lo tanto la mejor solución fue encarcelar a su líder, Elba Esther Gordillo, y promover el Servicio Profesional de Carrera. En otras palabras, el problema de la educación se redujo a un problema de índole laboral.

Por ello, vale la pena preguntarnos de qué sirve un Servicio Profesional de Carrera si no sabemos para qué y hacia dónde queremos dirigir la educación en este país. Esta falta de un debate abierto sobre el problema de la educación ha provocado una serie de manifestaciones, muchas de ellas violentas, por parte de los docentes quienes ven en la reforma la incertidumbre de su permanencia como profesores. Esta incertidumbre proviene de una falta de definición clara de lo que se espera de ellos como profesores y de sus alumnos; en esta reforma no está definido qué es un buen profesor: ¿el que enseña valores a los niños?, ¿el que logra que sus alumnos obtengan los mejores resultados en las pruebas estandarizadas?, ¿el que toma más cursos?, ¿el que sabe más?…

Lo cierto es que esta pregunta es difícil de responder si no sabemos para qué queremos la educación y si no tomamos en cuenta uno de los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad y que los maestros en sus manifestaciones han tratado de que entre en el debate, las diferencias que existen en los contextos de los alumnos, porque no es lo mismo dar clases en una secundaria general en el DF que en una telesecundaria en la sierra de Guerrero.

De igual forma, la obsesión que ha tenido el gobierno desde hace 10 años de evaluarlo todo, los programas, a los niños y a los maestros, no nos ha ayudado a mejorar los resultados. Con el paso de los años las técnicas de evaluación se han perfeccionado, pero a ese mismo ritmo se han desvirtuado, porque la evaluación no es en sí misma un instrumento que mejore el aprendizaje de los estudiantes, la evaluación debe tener un propósito, y en los últimos años sólo ha servido para estigmatizar a las escuelas, los maestros y los alumnos. Es por ello que la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la creación de un Sistema Nacional de Evaluación son necesarios pero no suficientes, porque sólo nos proporcionan información para saber cuál es la situación actual de nuestro sistema educativo y la posibilidad de contabilizar los recursos con los que contamos. Es decir, nos muestran las consecuencias del problema de la educación, como la baja calidad y cobertura, pero no nos dan información sobre las causas que nos han llevado a esta situación, y necesitamos conocerlas para saber cómo atacar el problema.

Si revisamos los informes que el INEE ha producido en los últimos años, resalta la desigualdad como una constante. Los niños y jóvenes en condiciones de pobreza obtienen los resultados más bajos y reciben el peor servicio educativo, asisten a las escuelas en las peores condiciones y no cuentan con los materiales ni los profesores adecuados. Es decir, la escuela, en lugar de ser una opción que nos ayude a disminuir las diferencias entre los mexicanos, las reproduce. Anteriormente la educación permitía la movilidad social, ahora condena a los estudiantes a continuar en el círculo vicioso de la pobreza.

La desigualdad es una de las posibles causas de nuestro problema educativo. Si esto se reconociera, como lo han planteado diversos sectores de la sociedad, el sistema educativo entero, incluyendo a los profesores, los planes y programas, las escuelas, la evaluación, etc., se movería a modo de revertir este gran problema y lograríamos articular los componentes. Si supiéramos y estuviéramos de acuerdo en cuál es el problema de la educación, los profesores sabrían qué se espera de ellos y podríamos brindarles la capacitación necesaria para lograrlo. Bajo estas condiciones el Servicio Profesional de Carrera Docente tendría sentido. De otra forma, la implementación de estas soluciones, ahora plasmadas dentro de nuestra Constitución, no va a ser exitosa, porque finalmente los que van a llevarla a cabo no son aquellos quienes la plantearon, sino los actores que integran el sector educativo, que, al no estar convencidos de los beneficios de la medida, pueden poner en riesgo su realización.

El debate sobre la Ley Secundaria en esta materia puede ser un buen momento para contestar las preguntas aquí planteadas y darle un sentido a las acciones del gobierno en el tema educativo, sin embargo, se debe escuchar otras voces y no únicamente tomar una decisión cupular, porque la educación, a diferencia de otros temas como el de las telecomunicaciones, donde lo único que se necesita es voluntad política para promulgar una regulación que promueva la competencia y un órgano autónomo que la vigile, es un tema complejo que incluye al factor humano como principal ingrediente y afecta a una cantidad mayor de actores que necesitan ser tomados en cuenta.

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Lizbeth Mendoza Chávez (Ciudad de México). Licenciada en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México. Cuenta con dos maestrías, la primera, en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la segunda, en Ciencias Políticas por El Colegio de México. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y desarrollando el proyecto de investigación «Evaluación del impacto conjunto de los programas educativos federales y estatales en la calidad educativa».

 

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Reforma energética

Fecha de discusión: próximo periodo de sesiones del Congreso

 

Enrique Vallarta Julio

 

En el contexto de las reformas estructurales que se han impulsado desde el inicio del nuevo gobierno, apoyadas en el Pacto por México, la reforma energética se vislumbra como una de las más complicadas por sus implicaciones políticas y económicas. La muy esperada reforma que propondrá el Ejecutivo Federal podría darse a conocer en el mes de agosto; adicionalmente otras fuerzas políticas han anunciado que presentaran sus propias propuestas. Más allá de la fecha exacta en que se presente la propuesta, conviene dar un vistazo al sector energético nacional para intentar identificar sus necesidades y cuál podría ser el sentido de la reforma.

Históricamente México ha sido un exportador neto de hidrocarburos, sin embargo, en la última década los patrones de consumo y producción han cambiado y las reservas han decrecido de 50 032 mmbpce (millones de barriles de petróleo crudo equivalente) en 2003 a 43 837 mmbpce en 2012.

En el caso del petróleo, el principal producto de exportación del país, la producción alcanzó su máximo histórico en 2004 con 3. 38 millones de barriles diarios (mmbd), y desde entonces se ha registrado un descenso constante hasta 2.6 mmbd en 2012. Si a este escenario se suma que el consumo se ha mantenido más o menos constante, con una ligera tendencia a la alza, se explica por qué las exportaciones petroleras netas han declinado de 1 843 mmbd en 2004 a 1 255 mmbd en 2012.

La otra industria importante en el subsector de hidrocarburos es la del gas natural. Desde mediados de los años noventa el consumo comenzó a incrementarse hasta llegar a los 5 722 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) en 2004 y a los 8 160 mmpcd en 2012; consecuentemente, la producción se incrementó de 4 625 mmpcd a 6 085 mmpcd en el mismo periodo, aunque, como es evidente, este nivel de producción sea insuficiente para satisfacer la demanda. El déficit ha sido cubierto mediante importaciones, que el año pasado alcanzaron los 2 129 mmpcd, la mayoría de los cuales llegaron mediante los gasoductos que conectan nuestro país con los Estados Unidos, y el resto, en forma de gas natural licuado proveniente de Catar, Nigeria, Perú e Indonesia principalmente.[iii] El aumento en el consumo de gas natural está fuertemente ligado a los cambios en el subsector eléctrico, ya que en los últimos años la generación de electricidad ha dependido cada vez más de las plantas de ciclo combinado que funcionan con gas natural. Así, este subsector registra el 42. 3 % de la demanda nacional de gas natural.

No obstante que el consumo de energía eléctrica ha aumentado de manera constante, de 176 718 gigavatios por hora (GWh) en 2003 a 226 896 GWh en 2011, la capacidad de generación ha sido suficiente para satisfacer la demanda. Sin embargo, al ver la matriz de generación se constata que depende en gran medida de los combustibles fósiles: 81.7% de la energía eléctrica es generada mediante ellos (47.5% por gas natural), mientras que el restante 18.3% es por generación nuclear (3.2%), hidroeléctrica (11.6%), geotérmica (2.1%), eólica (1.4%). La generación solar y por biocombustibles tiene una participación insignificante.

De tal forma, considerando la dependencia hacia los hidrocarburos y que la demanda de electricidad continuará aumentando en los próximos años, en el mejor de los casos, los costos de generación se elevarán al requerir la importación de más combustibles, en el peor, se podría producir un desabasto de energía eléctrica, en especial en localidades que dependen enteramente de la generación por combustibles fósiles.

Atendiendo a estos datos, el escenario tendencial que presenta la Estrategia Nacional de Energía es bastante acertado: «De 2000 a 2011, el consumo de energía en el país creció a un promedio anual de 2.08%, tasa superior a la que presentó el Producto Interno Bruto (PIB), cuyo crecimiento anual fue de 1.82%. Por su parte, la producción de energía primaria disminuyó a una tasa anual de 0.3%. De continuar estas tendencias, tanto en consumo como en producción de energía, para el 2020 México se convertiría en un país estructuralmente deficitario en energía».[iv] Así, el sector energético atraviesa por un momento definitorio en el que se deben tomar las medidas para evitar que México se convierta en un importador de energía.

Aunque la situación del sector le imprime un carácter de urgente a la reforma energética, el apoyo o la resistencia que ésta pueda suscitar dependerán más de los intereses que se vean reflejados en la propuesta (del Ejecutivo Federal y los que logren incorporarse en las negociaciones) que de las necesidades del país.

El que el Ejecutivo Federal y el PRI no hayan dado a conocer su propuesta, y que tampoco hayan comentado ningún punto específico de lo que podría contener, hace imposible saber con certeza qué intereses persigue. No obstante, derivado de las declaraciones públicas, se puede observar que desean impulsar la reforma energética a través del Pacto por México,[v] lo que significaría hacer ciertas concesiones a los partidos de oposición; y además que están dispuestos a hacer los cambios constitucionales necesarios.[vi]

En cuanto a los partidos de oposición, el PAN parece ser del mismo parecer de que se realicen los cambios constitucionales y se posibilite una eventual participación de capital privado; el otro partido miembro del Pacto, el PRD, ha manifestado su rechazo a cualquier modificación a la Constitución y, de hecho, ya presentó un esbozo de su propuesta de reforma energética, fundamentada en ocho puntos, entre los que destacan: el cambio de régimen fiscal y autonomía presupuestal y de gestión para Pemex; fortalecimiento de las instituciones del sector energético; cambio de precios, tarifas y subsidios para promover el acceso a la energía; y transición energética y desarrollo sustentable.[vii]

Adicionalmente a los partidos del Pacto por México, hay que tomar en consideración otras fuerzas políticas, especialmente las de izquierda, que han anunciado su oposición a una reforma que propicie la privatización del sector, e incluso han convocado a movilizaciones sociales para impedir que se lleve a cabo. En contraste, es casi seguro que la iniciativa privada pugnará por una mayor apertura del sector, en especial aquellas empresas que actualmente desarrollan alguna de las actividades autorizadas en la industria de hidrocarburos o eléctrica.

Un aspecto del actual debate sobre la reforma energética, y nada sorprendente, es que las declaraciones y discusiones se centran en el futuro de Pemex y la participación o no de la iniciativa privada en la industria petrolera, sin embargo, una reforma energética real debe considerar aspectos como los cambios en el mercado internacional de hidrocarburos y la viabilidad energética del país.

Los cambios en el mercado internacional de hidrocarburos se deben a dos factores íntimamente ligados: 1) la creciente producción de hidrocarburos no convencionales, que en el largo plazo podría crear un escenario de abundancia de estos combustibles, y 2) la expectativa de que en el mediano plazo Estados Unidos se convierta en un exportador neto de hidrocarburos gracias a la mayor producción de petróleo y gas no convencional,[viii] afectando directamente la rentabilidad de la industria petrolera mexicana y el ingreso de divisas por exportaciones (del total de exportaciones de crudo en 2012, 0.957 mmbd se exportaron a EE.UU.).

En cuanto a la viabilidad energética del país, no sólo se tiene que buscar la autosuficiencia, sino qué tipo de matriz energética es la que más conviene. Hoy en día el 92.37% de la producción primaria de energía depende de los combustibles fósiles (64.85% del petróleo y condensados, 25.17% del gas natural y 2.34% del carbón); el restante 7.63% está repartido entre las energías renovables y la nuclear. Dada la alta dependencia de los combustibles fósiles, un cambio hacia las energías renovables en el corto o mediano plazo es poco factible.

De tal manera que, para el sector de hidrocarburos, la reforma energética previsiblemente se centrará en mantener el nivel de producción petrolera, aumentar la restitución de reservas y aumentar la capacidad de refinación, y en el sector del gas natural, en incrementar la infraestructura de transporte y, más importante, la capacidad de exploración y producción, todo ello mediante la autorización para que Pemex se asocie con empresas privadas, e incluso permitiendo que éstas participen al 100% en algunas actividades. Hay que tomar en cuenta además que si bien México es uno de los países con mayores reservas de petróleo y gas de lutitas,[ix] carece de la tecnología y la experiencia para explotarlos.

Para el subsector eléctrico, uno de los aspectos más importantes sería el cumplir con lo dispuesto en la Estrategia Nacional de Energía, lograr que el 35% de la generación sea por medio de energías no fósiles. Esto podría lograrse permitiendo que productores privados que generan electricidad con energías renovables participen en más actividades de la industria. Otra opción, que se antoja poco factible de ser considerada en la reforma por los temores medioambientales y de seguridad que suscita, es aumentar la capacidad nucleoeléctrica.

Además de los subsectores que pueda abarcar y de los actores cuya participación se contemple, un aspecto crucial que seguramente será incluido es la regulación. La clave en este caso es establecer competencias y facultades claras entre las instituciones del sector energético y dotarlas con las herramientas para hacer cumplir la legislación.

Finalmente, la aprobación de la reforma dependerá del apoyo que pueda conseguir de las fuerzas políticas y de la sociedad. Una estrategia de comunicación y propaganda bien diseñada será fundamental para ello (idealmente ésta debería ser veraz y transparente). Adicionalmente, partidarios y detractores seguramente recurrirán a las experiencias de otros países para apoyar sus argumentos, particularmente las de los países productores de América latina.

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Enrique Vallarta Julio (Ciudad de México, 1986). Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora en la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía.

 

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Reforma fiscal

Fecha de discusión: próximo periodo de sesiones del Congreso

 

Emiliano Zepeda Strozzi

 

El presidente Peña Nieto ha confirmado que la propuesta de reforma fiscal será presentada en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Sabemos también, por declaraciones del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el panista Trejo Reyes, que la discusión de los partidos en torno a este tema no puede ser una prioridad hasta que no se alcance un consenso con la reforma financiera. Es decir que, si todo sale de acuerdo a lo planeado, es probable que el proyecto sea llevado ante el pleno en octubre o noviembre.[x]

No es novedosa la idea de que el Estado mexicano necesita robustecer su sistema fiscal. Es bien sabido que México tiene niveles de recaudación muy bajos, alcanzando apenas una recolección de impuestos de alrededor del 13% del PIB, mientras que en países como Argentina o Brasil la cifra es de 20% y la media de la OCDE se sitúa alrededor del 34%.

Esta baja presión fiscal puede entenderse, al menos en parte, como resultado de los ingresos petroleros a disposición del gobierno de México, que sirven como un ingreso compensatorio. No obstante, parece haber un consenso cada vez más grande en torno a que es necesario aumentar la inversión pública para acelerar el desarrollo económico del país, que en los últimos 30 años ha crecido a una tasa promedio de tan sólo 2.3%.

Tomando esta realidad en cuenta, la gran mayoría de los sectores políticos y sociales coinciden en la necesidad de una reforma que permita al Estado ampliar el gasto para combatir la pobreza, mejorar los servicios de seguridad social, invertir en infraestructura, aliviar los déficits presupuestarios, reducir la dependencia de los ingresos relacionados con el petróleo y aumentar el presupuesto asignado a rubros como educación e investigación.

Hay también cierto grado de consenso en torno a cómo tendría que ser la reforma fiscal destinada a lograr lo anterior. Simplificar el pago de impuestos, hacer más eficientes y transparentes los mecanismos de recaudación, fortalecer los ingresos de estados y municipios, combatir la evasión fiscal y fomentar la formalización de la economía. Todos éstos son elementos que, en mayor o menor medida, gozan de aceptación mayoritaria.

Con tantas coincidencias parece sorprendente que no haya habido una reforma fiscal mayor en los últimos 18 años, pero la realidad es que los puntos en común no han sido suficientes para alcanzar un acuerdo respecto al verdadero problema de toda reforma fiscal, es decir, ¿quiénes van a pagar más impuestos? El debate aún no ha comenzado, pero ya es posible identificar tres posturas, tres ideas de reforma fiscal distintas que, en mayor o menor grado, se excluyen entre sí.

Está la postura de los empresarios, que consiste en implementar un sistema de tasa única que grave el valor agregado de la economía, menos la inversión. Bajo esta línea, se debe comenzar por eliminar privilegios y exenciones en los impuestos indirectos, además de aumentar la recaudación a través de la ampliación de la base de contribuyentes. Los principales argumentos esgrimidos por un marco fiscal de esta naturaleza tienen que ver, primordialmente, con temas de eficiencia económica y fomento a la inversión privada.

Si bien no hay declaraciones recientes más específicas, es seguro suponer que los empresarios están a favor de una generalización del IVA a alimentos y medicinas, una disminución del ISR y la permanencia de mecanismos fiscales atractivos a la inversión privada, como el régimen de consolidación fiscal. El partido más cercano a estas preferencias es el PAN.

Por otro lado, está la postura de grupos sociales de izquierda y del PRD. Este sector está convencido de que la distribución del peso de los impuestos es injusta. Un aumento en la recaudación tiene que ser financiado, principalmente, por los que más tienen. Aumentar el IVA o generalizarlo a alimentos y medicinas es impensable. Hay que introducir elementos progresivos de recaudación y eliminar algunos de los privilegios con los que cuentan los grandes empresarios, como el régimen de consolidación fiscal.

Este régimen permite que dos o más empresas presenten una sola declaración fiscal. Así, las pérdidas de una empresa pueden ser deducidas de las ganancias de otra. De acuerdo con el PRD y otros sectores de izquierda, una empresa que genere pérdidas no debe, en efecto, pagar ningún impuesto, pero sus pérdidas no deberían ser utilizadas por empresas exitosas para deducir gravámenes. Preferencias fiscales como ésta, y la oposición a un aumento en el IVA, hacen que la postura del PRD y sectores de izquierda sea casi irreconciliable con las ideas de los grupos empresariales y, en menor medida, del PAN.

Finalmente, está la postura del PRI. A diferencia del PAN o el PRD, cuyas posiciones fiscales tienen un anclaje ideológico que les ha dado una estabilidad relativa en los últimos 20 años, es más complicado definir las preferencias fiscales del PRI. En 1995 aprobaron un aumento del IVA del 10 a 15%, pero en 2003 se dividieron y terminaron votando mayoritariamente en contra de la iniciativa panista de extender el IVA a alimentos y medicinas. Es decir que, dependiendo de las circunstancias políticas, su posición de centro relativo le permite inclinarse hacia las preferencias fiscales de la izquierda o hacia las de los empresarios y el PAN.

El PRI ha retomado el poder y, como partido gobernante, tiene más incentivos que la oposición para aumentar los ingresos del Estado. De hecho, uno podría sugerir que el desempeño de los gobiernos en materia de inversiones e impuestos no suele ser bien recibido por la sociedad, y lo será menos si es atacado por uno de los tres principales partidos políticos.

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Emiliano Zepeda Strozzi (Ciudad de México). Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Se tituló en 2012 con la tesis «Continuidad y cambio fiscal, los proyectos fiscales de Adolfo Suárez y Vicente Fox».

 

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Reforma laboral

Fecha de aprobación: noviembre 2012

 

Arturo López Sánchez

 

El pasado 29 de noviembre, el presidente Felipe Calderón firmó el decreto de la reforma laboral. Remitida al Congreso en el mes de septiembre bajo la innovadora figura de la iniciativa preferente,[xi] la reforma fue publicada el 30 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación y surtió efecto a partir del día primero de diciembre del año dos mil doce. La aprobación de la reforma laboral fue uno de los últimos movimientos políticos de Calderón como presidente y respondió tanto al interés por flexibilizar el mercado laboral como al temor de que el regreso del PRI pudiese bloquear en el corto y mediano plazo la aprobación de una reforma de esta naturaleza.

El derecho del trabajo, menciona José Manuel Lastra Lastra, fue creado con el fin de hacer las relaciones de trato humano más favorables para la parte más desprotegida, generalmente la obrera, además de para garantizar un nivel de vida y trabajo dignos, permitiendo la máxima aproximación a unas condiciones equitativas.[xii] A nivel internacional, fenómenos como la revolución tecnológica y la aparición de las nociones de productividad y competitividad, que anteriormente no se tenían contempladas en nuestra legislación, han sido de vital importancia para transformar las relaciones laborales. De igual manera, conceptos generales como trabajo digno, derechos de escalafón, igualdad de género y nuevas formas de contratación no formaban parte de la legislación laboral mexicana, lo que trajo como consecuencia que varias voces pugnaran por la necesidad de una reforma estructural en materia del derecho del trabajo que permitiese adaptar la legislación a una nueva realidad nacional e internacional.

Desde mediados de los noventa el tema de la reforma laboral ha estado presente en la agenda política del país y cobró un particular auge tras la llegada del Partido Acción Nacional a la presidencia en el año 2000. Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), la llamada ley Abascal, que pretendía reformar la Ley Federal del Trabajo, suscitó fuertes protestas de diferentes sectores del espectro político nacional, en particular de los poderosos sindicatos, quienes, en esa ocasión, prácticamente detuvieron esta propuesta de reforma. Las grandes centrales sindicales han sido tradicionalmente las grandes opositoras a este tipo de reformas y se han hecho apoyar políticamente por los sectores más tradicionales del PRI, así como del PRD y otros partidos pequeños, quienes se han convertido en los grandes diques de contención en contra de estas propuestas de reforma.

Antes de sumergirnos dentro de los principales puntos de la reforma, es necesario abundar en el tema de la flexibilización laboral. Aunque éste no es un término jurídico, es un fenómeno que afecta, sin lugar a dudas, los vínculos laborales.[xiii] Durante todo el debate de aprobación de la reforma, la flexibilización fue uno de los temas más controvertidos, puesto que implicaba en la práctica precarizar en cierta forma los métodos de contratación y adelgazar ciertos derechos laborales de los trabajadores.

El primer punto que vale la pena destacar de la reforma es la adición de nuevos tipos de contratos. En la anterior legislación existían trabajadores subcontratados sin tener el conocimiento de quién o qué empresa era su patrón, así como trabajadores que por varios años se encontraban trabajando bajo contratos de prueba. Tal reforma llegó, en lo general, a regular las relaciones atípicas que se presentaban en la práctica:[xiv] estos contratos otorgan la posibilidad al patrón de poner a prueba al trabajador por un periodo de no más de 30 días, siendo la excepción los puestos de administración, dirección o de profesiones especializadas. De igual manera, se regula el contrato de capacitación inicial, cuya duración máxima debe ser de 3 meses para puestos normales y hasta de 6 meses para trabajadores de confianza. El tan comentado y discutido salario por hora es también adoptado por esta reforma; el principio de redistribución de la jornada de trabajo descansa bajo esta modalidad, y si bien es cierto que se paga por hora laborada, también se debe acotar que no se puede pagar menos del salario mínimo en el día. Los anteriores contratos, al igual que el de contrato de temporada, deben constar por escrito y especificar las funciones que tendrá el empleado, respetando los mínimos legales y otorgando servicios de seguridad social desde el inicio laboral. Cabe mencionar que en los supuestos de contrato a prueba y de capacitación inicial, el tiempo se computa para la generación de antigüedad.

Otra aportación de esta reforma es la inclusión de un concepto conocido como «subcontratación».[xv] En esta relación tripartita, el legislador regula con el fin de poner límites a las prácticas subcontratistas, tal y como se hizo en la Ley Federal del Trabajo de 1970 con los intermediarios.[xvi] Con el fin de evitar la subcontratación en exceso y defender los derechos laborales de los trabajadores, en esta reforma la subcontratación se limita a actividades secundarias o periféricas las cuales no son lo principal de la razón social de la empresa. Éste es un acierto indiscutible de la reforma, al facultar al poder legislativo a imponer multas a empresas que usen dicha figura como medio de disminución de derechos.

El procedimiento, de igual manera, sufre cambios con esta nueva legislación. Atrasar el procedimiento era una práctica muy usada por litigantes porque así podía convenir a sus intereses, sin embargo, gracias a la reforma, desde diciembre de 2012, aquellos abogados que promuevan acciones con dicho fin serán multados y las autoridades serán suspendidas sin goce de sueldo o, en casos extremos, destituidas.

El trabajo digno, igualdad y la no discriminación son temas que también atiende la reforma. Entre sus principales avances también podemos mencionar la defensa de la equidad de género, la instauración de días de paternidad para los hombres y la férrea defensa en contra del trabajo infantil, facultad ahora tanto de autoridades federales como locales. Por el otro lado, también vale la pena señalar que la reforma fue aprobada de manera acelerada sin una verdadera consulta nacional y que muchas de las criticadas prerrogativas y beneficios de los grandes sindicatos no se tocaron. No obstante, la realidad es que la reforma sí representa avances importantes en la materia, aunque habrá que revisar que sea correctamente implementada dentro de las Juntas y Tribunales de Conciliación y Arbitraje.

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Arturo López Sánchez (Xalapa, Veracruz, 1990). Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana.

 

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Reforma política

Fecha de discusión: próximo periodo de sesiones del Congreso

 

Héctor Herrera Capetillo

 

En abril de 2012 la LXI Legislatura aprobó una reforma política. A finales de mayo, dos propuestas de trabajo para una nueva reforma política fueron presentadas, por una parte, la del Pacto por México y, por otra, la de un grupo de senadores del PRD y el PAN. A diferencia de otras reformas estructurales que no se habían realizado en muchos años, entre 1972 y 2012 se han llevado a cabo en México diez reformas político-electorales.[xvii]

Los cambios hechos al sistema político en los últimos cuarenta años responden al desgaste del régimen político, a la falta de legitimidad de los procesos electorales y a la parálisis política que han sufrido los últimos gobiernos. Desde las polémicas elecciones presidenciales de 1988 ningún candidato vencedor ha obtenido más del 50% de la votación total, dando como resultado gobiernos sin mayorías. Más aún, desde las elecciones del 2000 a la fecha, la distancia entre el primero y el segundo lugar ha sido siempre menor a 7%, lo que ha llevado a conflictos poselectorales serios. De igual forma, desde 1988, ningún partido político ha obtenido dos terceras partes del Congreso, eliminando la posibilidad de reformar la Constitución sin consenso, y desde 1997 ninguno de los dos partidos políticos que han estado al frente del gobierno federal ha conseguido más de la mitad de los escaños totales. Se tiene, por lo tanto, un sistema político que genera gobiernos divididos.

Ante este panorama, en diciembre de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón envió una iniciativa de reforma política que contemplaba, entre otros puntos, la reelección de presidentes municipales, diputados federales y senadores; la reducción de la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes y de la Cámara de Senadores de 128 a 96 miembros; el aumento del porcentaje mínimo de votos requeridos para que un partido político conservara el registro del 2 al 4% de la votación total; la iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, segunda vuelta electoral y la iniciativa preferente presidencial. La iniciativa se contrapuso a otras propuestas presentadas a principios de 2010 por el PRI y el PRD, sin embargo, no fue debatida ampliamente sino hasta abril de 2012, siendo aprobada en julio de ese año. El resultado final fue distinto al buscado en un principio, ya que, aunque sí se lograron aprobar las candidaturas independientes, las iniciativas de ley ciudadanas, las consultas populares y la iniciativa preferente presidencial, se dejaron fuera el resto de los temas propuestos.

La forma tan rápida en que se aprobó la reforma política después de haber estado años paralizada en el Congreso, la falta de claridad sobre algunos temas que se dejan a leyes posteriores que aún no se discuten y el carácter de los puntos que se quedaron fuera y que suponían una verdadera transformación de las reglas[xviii] hacen suponer que la reforma se apresuró para dar certeza a la toma de protesta del presidente electo, pues sumado a todo ello, se le dio un marcado énfasis a un tema que no estaba en la agenda original: las sedes desde las cuales el presidente podía asumir el cargo.

Con el inició de la LXII Legislatura en septiembre de 2012 y el paquete de reformas anunciadas en el marco del Pacto por México, se abrió la posibilidad de una nueva reforma político-electoral, una mucho más ambiciosa. Es así que el 27 de mayo de 2013 se presentaron dos propuestas (con pocas horas de diferencia entre ambas y en distintas sedes) de temas a incluir en la agenda de la reforma política, por una parte la elaborada por el Consejo Rector del Pacto por México y por otra, la de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ambas propuestas tienen más coincidencias que diferencias. Ambas acuerdan en: 1) redactar las leyes secundarias de lo aprobado en la reforma de 2012 (candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y consulta popular); 2) incluir el rebase del tope en gastos de campaña como causal de nulidad electoral; 3) proponer medidas para evitar y castigar la compra de votos; 4) dar carácter de obligatoriedad a los debates en las elecciones; 5) implementar la segunda vuelta electoral, 6) permitir la formación de gobiernos en coalición; y 7) en promulgar la reforma política para el Distrito Federal.

En cuanto a la reelección de legisladores, mientras el Pacto por México sólo considera revisar el tema, lo senadores proponen que se establezca y que también se incluya a los presidentes municipales; lo mismo ocurre con el tema del fuero presidencial y de los legisladores, frente a lo cual el Pacto se ha pronunciado sólo a favor de su revisión. La propuesta de los senadores de oposición va más allá en temas como la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y la regulación de las encuestas electorales, de igual forma, propone transitar de un sistema presidencial a uno semi presidencial en el que el Congreso pueda destituir a integrantes del gabinete, llamar a comparecencia a secretarios de Estado o al presidente de la república, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia de Seguridad Nacional. Entre otros temas, también propone crear una representación plurinominal para los indígenas, aumentar las cuotas de género en los cargos públicos, darle autonomía a la PGR, a la Fepade, al Coneval y a la Fiscalía Anticorrupción, así como crear un cuarto nivel de gobierno: el comunitario. El Pacto por México, en cambio, considera mover la fecha de la toma de protesta del presidente electo al 15 de septiembre, así como crear el Instituto Nacional Electoral, que sustituiría al Instituto Federal Electoral y a los 32 organismos electorales estatales, encargándose de realizar todas las elecciones del país.

En el fondo, ambas propuestas no difieren tanto en el contenido como en los alcances. El surgimiento de una propuesta fuera del Pacto por México obedece más a la tensión entre los senadores del PAN y el PRD con las dirigencias de sus partidos, a las que acusan de colaborar con el gobierno federal. Lo cierto es que este grupo de legisladores representa a más de un tercio del Senado, por lo que podrían bloquear la aprobación de la reforma política enviada por el Pacto desde la Cámara Alta.

El proceso de la reforma política ha puesto en duda la viabilidad del Pacto por México, pues integrantes del PAN y el PRD han condicionado la discusión de las reformas fiscal y energética a la aprobación de la reforma política, presionando en un tema al que el Partido Revolucionario Institucional y el presidente de la república no le habían dado urgencia, al grado de que hasta hoy el PRI no ha presentado ninguna propuesta más allá de lo discutido en el marco del Pacto. A esto debemos sumar la existencia de dos posturas contrarias al interior del PRI, por una parte la de Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, que en anteriores ocasiones se ha pronunciado a favor de dotar de mayores competencias al Congreso, de la reelección de diputados y senadores, y de la creación de gobiernos de coalición;  por otra, la de Peña Nieto, que, al menos como candidato, apostaba por un esquema que fortaleciera al presidente, con temas como la reducción de las plurinominales en el Congreso y la cláusula de gobernabilidad para construir mayorías, oponiéndose además a la reelección de legisladores y a la segunda vuelta electoral.

Además de la posición de los partidos políticos respecto a estos temas, debemos tomar en consideración la posición de otros actores frente a la reforma. Tal es el caso del colectivo #ReformaPolíticaYa, integrado por diversas agrupaciones sociales que han presentado un proyecto para reglamentar las candidaturas independientes. Es de esperarse también la participación de diversos académicos que han sido parte de los paneles de discusión sobre el tema, así como de los empresarios, pues la Coparmex ha anunciado la presentación de una propuesta de reforma política al Pacto por México, con especial énfasis en el tema de la fiscalización de los recursos otorgados a partidos políticos. También habrá que observar la posición del gobierno del Distrito Federal, pues entre los puntos propuestos figura la creación de una constitución para la entidad, un proyecto que las pasadas administraciones capitales defendieron.

Una de las críticas que podemos esbozar a las anteriores reformas políticas es que en muchos casos sólo han avanzado en cambios cosméticos, reduciéndose a ser reformas electorales, pues se asume que la única forma de modificar el sistema político es cambiando la relación entre los partidos políticos, como si éstos fueran los únicos actores. Sin embargo, de aprobarse varios puntos propuestos para esta reforma, podrían generarse cambios importantes al régimen político, a la forma en que se realizan las elecciones, a la partidocracia y al papel del ciudadano en la política. Otro aspecto que los legisladores deberán considerar es que los temas propuestos no pueden abordarse punto por punto, sino que deberán formar parte de un paquete, cada uno en relación con los otros, pues de nada serviría, por ejemplo, reglamentar las candidaturas ciudadanas y no aprobar la segunda vuelta electoral, o aprobar la segunda vuelta electoral sin hacer lo mismo con los gobiernos de coalición.

Lo que parece definitivo es que una apropiada reforma política podría disminuir la insatisfacción social que hoy se vive como producto de la partidocracia, la corrupción, la falta de transparencia electoral y la debilidad para construir acuerdos políticos por parte de los poderes constituidos; aunque, también cabe decirlo, de nada sirve mejorar las leyes y reglas del juego si no hay un cambio de actitud en los actores políticos, quienes siempre parecen buscar, después de una reforma, la manera de romper esas reglas en las próximas elecciones. Lo contrario, una reforma política deficiente y una pobre conducta de los actores en escena, podría llevarnos a una mayor crisis de confianza en el sistema político.

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Héctor E. Herrera Capetillo (ciudad de México, 1987). Egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Conductor del programa de radio en internet sobre temas internacionales El Aleph, transmitido por ComUnica Radio (UNAM), y administrador del blog de análisis político internacional El águila, el jaguar y la serpiente (http://www.nohoch-balam.blogspot.mx). Contacto: hector_fenix87@yahoo.com.mx.

 

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Reforma de telecomunicaciones

Fecha de aprobación: junio de 2013

 

Mariana Sánchez Santos

 

El pasado 10 de junio se aprobó la reforma en materia de telecomunicaciones, que consistió en modificar los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 94 y 105 de la Constitución política de nuestro país. Las telecomunicaciones componen uno de los sectores que han crecido de manera significativa en los pasados veinte años. Para poder comprender la situación del sector, previamente a la reforma, es preciso entender el marco normativo en el que operó, sus actores y su interacción.

Primero se analizará la regulación. En 1995 se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones, ordenamiento por medio del cual se definieron las vías generales de comunicación, el espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y los sistemas de telecomunicación vía satélite. Del mismo modo se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con autonomía técnica y operativa. Sin embargo, estas dos instancias padecieron el problema de la «doble ventanilla», esto quiere decir que las empresas acudieron tanto a la SCT como a la Cofetel para resolver conflictos. A partir de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) brindó más facultades de operación a la Cofetel –por ejemplo, facultades exclusivas para regular la radiodifusión y las tarifas de interconexión–, hasta que en 2012 puso fin a la «doble ventanilla». En términos regulatorios, era preciso poner fin a la competencia de jurisdicciones entre los órganos reguladores, así como dotarles de más facultades para que tuvieran mayor margen de acción y mayor capacidad sancionatoria. Ahora bien, el sector de telecomunicaciones se compone de empresas las cuales forman un mercado que en el año 2012 generó un valor de 404 253 millones de pesos. Esta cifra representó un 3.1 por ciento del producto interno bruto (PIB)[xix] mexicano, un porcentaje menor al promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El problema de este sector radica en que el mercado está dominado por pocas compañías que concentran el mercado. Por ejemplo, una empresa domina en telefonía móvil y fija, así como en banda ancha. Otras dos cuentan con amplios segmentos de televisión abierta y de paga, lo que permite concluir que la falta de competencia da como resultado altas barreras a la entrada de los mercados, altos precios y, por ende, falta de inversión.

De acuerdo con un estudio publicado por la OCDE en 2012 sobre políticas y regulación de las telecomunicaciones en México, la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector se estimó que equivalía al 1.8 por ciento del PIB para el período 2005-2009.[xx] La pérdida en bienestar se le atribuye más específicamente a la combinación de falta de regulación y la dominancia existente. En este sentido, los retos del mercado son la baja penetración de la banda ancha y los servicios móviles, los precios superiores al promedio de los países miembros de la OCDE, la alta concentración y la falta de competencia efectiva, los órganos reguladores limitados en sus facultades y la falta de convergencia en servicios y nuevos modelos de negocios. Otro estudio de la Cofetel encontró que la reforma al sector era indispensable y urgente ya que el desarrollo del sector depende del nivel de ingreso de la población y de un marco normativo que fomente la inversión, cobertura, competencia y brinde certeza y calidad.[xxi] Ante este panorama el sector necesitaba una reforma integral que regulara eficientemente a las empresas y su expansión y a la tecnología.

La reforma tuvo origen en el Pacto por México, un instrumento impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto y apoyado por los líderes de las principales fuerzas políticas del país. El Pacto reconoce que es necesario trabajar en tres frentes: el primero, el fortalecimiento de los órganos reguladores como la Comisión Federal de Competencia y la Cofetel, el segundo, la promoción de la inversión y la ampliación de la infraestructura y, el tercero, el establecimiento de reglas claras para impulsar la competencia. De este modo, los compromisos que van del 27 al 45 se implementaron en la reforma de telecomunicaciones.

El 11 de marzo del año 2013, el presidente y los miembros del Pacto por México presentaron una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica cuyo principal objetivo era brindar vitalidad al sector para volverlo más eficiente, funcional y competitivo. La reforma modificó los artículos 6, 7, 27, 28,73, 94 y 105 de la Carta Magna mexicana y se incluyeron 17 artículos transitorios. Diez días después la Cámara de Diputados aprobó la reforma y la envió a la Cámara Alta para que emitiera su fallo. Dado que el sector de las telecomunicaciones es grande y en él conviven distintos intereses, la noche en la que se aprobó la modificación constitucional en la Cámara Baja se dijo que los diputados priistas buscaron que sólo se beneficiaran con la gratuidad de señales de televisión abierta algunos concesionarios de televisión restringida. Esto es la cláusula del «must carry/must offer», que en esa redacción se conoció como «párrafo Dish», ya que se quiso beneficiar a la empresa Sky sobre Dish. Pero finalmente no se adoptó. En su lugar los diputados eligieron sancionar a los agentes preponderantes en radiodifusión que abusaran de las reglas de gratuidad de las señales de televisión abierta. Sin lugar a dudas existieron presiones por parte de otros agentes dominantes del sector, sin embargo los actos no fueron públicos. Lo que sí fue público fueron las muestras de apoyo y de bienvenida por parte de las empresas a regular, como Televisa, América Móvil y Telefónica.

El contenido de la reforma es trascendental ya que impulsará el desarrollo del sector. Como bien ya se explicó, es posible pensar en tres metas principales a lograr por el nuevo ordenamiento: instituciones fuertes y eficientes, inversión e infraestructura y competencia. Primero está el ámbito institucional que crea un nuevo órgano regulador para las telecomunicaciones, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones (Ifetel), y fortalece a la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) al otorgarle facultades como sancionar posiciones dominantes y partir monopolios. Del mismo modo, se crea un Organismo Público de Radiodifusión y una red nacional de servicios mayoristas del Estado que opere las bandas de la Comisión Federal de Electricidad, la banda de 700 MHz y la de 2.5 GHz. En el segundo apartado de la reforma se busca ahondar en la inversión y la infraestructura, por lo que se tiene el derecho de acceso a la banda ancha, la implementación de una agenda digital y un nuevo régimen concesionario que permite nuevos límites a la inversión extranjera (100 por ciento en telecomunicaciones y 49 por ciento en radiodifusión). Del mismo modo, se plantea la compartición de la infraestructura, cuestión a la que operadores como Telmex aún se oponen. Por último, en la sección de competencia se estipula que se licitarán dos cadenas nacionales de televisión abierta, se regula la figura de ofrecer gratis las señales de televisión abierta a los concesionarios de televisión restringida (must carry/must offer), se determinan los agentes preponderantes y su posibilidad de partición, se presenta el proyecto de crear tribunales especializados en telecomunicaciones y se establece que las normas generales del Ifetel podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no podrán ser objeto de suspensión. Aunado a lo anterior, la reforma establece que a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial, se debe emitir una ley secundaria al ordenamiento general que modifique las leyes particulares.

Los objetivos de la reforma son una respuesta correcta a los retos que enfrenta el sector. Un punto interesante de ésta es que plantea un rediseño del orden institucional que se tenía y plantea un mejoramiento en cuanto a la relación entre los órganos reguladores y las empresas del sector. Un punto alentador de la modificación constitucional es que los cambios están acompañados de fechas, por lo que en un corto plazo veremos cambios sustanciales en el sector.

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Mariana Sánchez Santos (Ciudad de México). Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Analista en la Dirección General de Análisis de Información de Grupo Televisa. Anteriormente colaboró en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Presidencia de la República y en el consulado de México en Denver, Colorado, EE.UU.

 

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