La explotación invisible

Publicado el 15. mar, 2011 por Cuadrivio en Academia

Según el Departamento de Estado norteamericano, entre 600 y 800 mil personas son víctimas de trata en todo el mundo[1]. Entre las actividades consideradas como crimen organizado es la tercera más redituable alcanzando ganancias de 9 mil 500 millones de dólares al año[2].

En México no hay cifras oficiales sobre la trata de personas, pero según estimaciones del Centro de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas), más de 20 mil personas son víctimas de trata cada año en nuestro país, de las cuales, un número significativo son centroamericanos. Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tan sólo en seis meses, de 2008 a 2009, hasta 9 mil 700 migrantes habían sido secuestrados; muchos de ellos terminaron explotados por las redes de trata[3].

Aunque el Procurador General de la República reconoció el 1º de octubre de 2010 que la trata de personas es uno de los tres delitos más comunes en el centro del país, lo que implica el reconocimiento de la magnitud del problema[4], el gobierno mexicano no ha realizado acciones concretas o diseñado políticas especializadas capaces de atender y combatir el problema de la trata en toda su complejidad[5].

La firma del «Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional» en 2000, y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, promulgada en 2007, que son los mayores avances en materia legal del gobierno mexicano, han resultado más que insuficientes (se sabe que entre 2007 y 2009 de los 116 casos investigados bajo esa ley, siete han terminado en proceso judicial, y sólo en uno la decisión fue condenatoria).[6]

Pero no solamente en el ámbito nacional se ha avanzado poco, tampoco hay avances importantes en materia de cooperación con los países centroamericanos, expulsores de migrantes, para combatir la trata. En este campo ha habido progresos como el establecimiento del Comité Regional entre México, Centroamérica y el Caribe contra la trata de personas[7], sin embargo, éste no se ha traducido en políticas regionales concretas y eficaces.

Esta situación nos lleva a la siguiente interrogante: ¿por qué el gobierno mexicano no implementa políticas públicas o reformas institucionales que permitan prevenir y combatir la trata de centroamericanos en el territorio nacional? ¿Por qué no está en la agenda de política exterior como un tema principal en las relaciones con los países centroamericanos?

La hipótesis de este ensayo es que a los tomadores de decisiones no les interesa hacer las reformas legislativas y las políticas públicas necesarias para combatir la trata, ni agendar el tema como prioridad de política exterior porque, ante la enorme complejidad del problema, los costos institucionales, políticos y económicos de una política integral son más altos que los costos de la inacción.

La estructura del trabajo es la siguiente: se expondrá, primero, la problemática detrás de la trata de personas, sus características principales, en especial, de los centroamericanos migrantes en México. Posteriormente, se hablará sobre los costos potenciales que supondría para el Estado mexicano tomar medidas concretas y efectivas contra la trata. Finalmente, se mostrará que los costos de no tomar medidas son menores a los que implican tomarlas, lo que explica que el problema sea un asunto pendiente.

 

La dimensión del problema

Aunque el concepto es relativamente reciente, el conjunto de prácticas a las que refiere no lo son. Desde trabajo forzado hasta explotación sexual, estas actividades han evolucionado en el tiempo en muchas regiones del mundo. La globalización de las últimas décadas del siglo XX ha facilitado su crecimiento involucrando personas, organizaciones y países en redes cada vez más complejas.[8]

En contraste, los Estados han sido lentos en el reconocimiento del problema y sus dimensiones, lo que ha provocado que las medidas para prevenirlo y combatirlo sean escasas o insuficientes. Apenas en el año 2000, en el marco de la conferencia mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Palermo, 174 países firmaron el «Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional» (Protocolo de Palermo), y acordaron la siguiente definición:

Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.[9]

 

Según Fernanda Ezeta, podemos distinguir tres elementos en esta definición: la actividad, que es «la captación, transporte, acogida o recepción de personas»; los medios, que pueden ser «la amenaza o uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, abuso de poder, vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios»; y el propósito o fin, como «la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas, la servidumbre y la extracción de órganos»[10]. Cualquier persona que participe en alguna de estas fases es considerada como tratante.

De acuerdo con esta definición, el conjunto de actividades que se pueden considerar como trata es enorme, desde los padres que venden a su hijos, hasta los hombres que se encargan de reclutar jovencitas prometiéndoles amor y una mejor vida; desde choferes de los transportes que trasladan a las víctimas a casas de seguridad, o a colonias elegantes para servir como sirvientas, hasta individuos que reclutan indígenas para que mendiguen en las calles.

 

Los migrantes centroamericanos y la trata en territorio mexicano

Según el informe norteamericano ya mencionado, México es un país de origen, tránsito y destino en la trata de personas, es decir, es expulsor y receptor de víctimas[11]. Un buen ejemplo es el caso de los migrantes centroamericanos indocumentados, quienes, en su mayoría, atraviesan el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos, pero cuando son atrapados por las redes de trata se quedan en México o son enviados a otro país para ser explotados.

Si su destino es el primero son víctimas de las formas de trata más comunes en nuestro país, las cuales, según Rodolfo Casillas, son la explotación laboral, con mención especial para el trabajo infantil, agrícola y de trabajadoras domésticas, y la explotación sexual, en la que se distinguen prostitución forzada de mujeres y niños, pornografía infantil y turismo sexual[12]. En los Estados del sur el problema es particularmente grave, pues los migrantes centroamericanos son la mayoría de las víctimas de trata. Sin embargo, esto no implica que sólo se queden en esos Estados, por el contrario, es común que sean llevados a otras regiones del país[13].

Los tratantes pueden ser mexicanos o extranjeros, miembros de una organización local, o de una red de trata transnacional. Como bien explica Casillas, son eslabones de una cadena de mando más grande y tienen funciones especializadas (secuestrar, transportar, vigilar, etcétera); esta característica de las redes hace que sea difícil para las autoridades desmantelarlas, porque, aunque algunos miembros sean capturados, son sólo un eslabón, dejando a la red libertad para sustituirlo con relativa facilidad y seguir operando[14]. En otros casos, las redes pequeñas se vuelven víctimas de organizaciones criminales más grandes, como los cárteles de drogas, volviendo las redes de trata aún más difíciles de desmantelar.

Finalmente, la población de las comunidades donde terminan las víctimas de trata suele ser indiferente ante su situación. En algunos casos porque obtienen algún beneficio, ya sea directo (son los que utilizan el servicio) o indirecto (algún tipo de ganancia, económica básicamente), y en otros, no menos comunes, porque no les importa la situación de las víctimas.

Así, el problema se vuelve muy complejo. Las víctimas son extranjeros indocumentados, sin familiares en territorio mexicano, dispersos por el territorio nacional y ocupados en actividades distintas, algunas de las cuales, difíciles de distinguir como trata (es el caso de las trabajadoras domésticas o los mendigos), los hacen casi invisibles. Por otro lado, los tratantes son organizaciones criminales complejas, difíciles de detectar y, aún más, difíciles de combatir.  Estos factores juntos dejan a las víctimas en una situación de gran indefensión.

 

Los costos de hacer frente al problema

Como ya se dijo, la trata de centroamericanos en México es un problema muy complejo. Para prevenirlo y combatirlo se necesitan reformas políticas, legales e institucionales profundas, las cuales implicarían costos políticos, económicos, sociales e institucionales muy grandes para el Estado mexicano, y que, seguramente, cualquier tomador de decisiones consideraría antes de plantear siquiera el diseño de una política pública.

Los costos políticos de diseñar una política pública integral no serían, necesariamente, inmediatos; estarían determinados en función del resultado de la política, es decir, si es exitosa o no. Si fracasa, el costo político podría ser muy alto, por ejemplo, el descrédito ante la ciudadanía, el ataque de la oposición, y la potencial pérdida de una elección[15]. Además, negociar con los grupos locales y con las burocracias de las Secretarías involucradas en la política supondrían también costos políticos difíciles de calcular y asumir.

Los costos económicos e institucionales están estrechamente vinculados con los políticos. Los primeros podrían resumirse como un costo de oportunidad, es decir, todo lo que dejaría de hacer el gobierno con el dinero que destinaría a un programa integral contra la trata de centroamericanos. De igual manera, si la política no es exitosa, los costos políticos por haber destinado esos recursos a un programa fallido serían, seguramente, grandes.

Los costos institucionales estarían determinados por el resultado en las reformas a las instituciones formales (leyes, reglamentos, organizaciones, etcétera) e informales (corrupción de la población y las autoridades, intereses creados). Una política integral necesitaría niveles altos de profesionalización y cooperación interinstitucional; además, también estaría implícita la posibilidad de que se convirtieran en costos políticos, en función de qué tanto se afecten los intereses de los involucrados y de cómo reaccionarían ante quien consideren responsable de la política.

Sin duda, estos costos son implícitos en cualquier diseño de política, sin embargo, la diferencia, en este caso, es la incapacidad del gobierno –patente en la guerra contra el narcotráfico– para combatir un fenómeno tan complejo como la trata de personas con posibilidades reales de éxito. Así, ante la posibilidad real de fracaso de la política, los costos potenciales parecen más reales e incentivan al tomador de decisiones a pensar cautelosamente si apoya o no el diseño e implementación de la política pública.

 

Los costos de la no decisión

Frente a este escenario, está la otra opción: no hacer nada más que lo mínimo que el Estado está obligado por la firma del Protocolo de Palermo. En este caso, ¿cuáles serían los costos? Políticamente, ninguno significativo.

En primer lugar, el grupo afectado, los migrantes centroamericanos son un grupo muy vulnerable (son pobres, migrantes indocumentados, con poca o nula educación y no conocen las leyes mexicanas) que no es capaz de hacer que el Estado escuche sus demandas.

En segundo lugar, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los ciudadanos preocupados por la situación de estos migrantes no son capaces de influir de manera decisiva en la formulación de las agendas, y el resto de la población se muestra indiferente al problema.

Finalmente, los Estados centroamericanos expulsores de migrantes son relativamente débiles y, por lo tanto, son incapaces de proteger a su población en el extranjero. Así, el Estado puede tomar una no decisión (decidir no emprender medida alguna), y no pagar ningún costo políticamente significativo por ello.

La criminalización de los migrantes (tratar la migración indocumentada como delito) es uno de los factores que los convierten en un grupo social vulnerable y permite a algunas autoridades violar sus derechos humanos u obtener de ellos algún tipo de beneficio.

Otros dos factores centrales que explican la vulnerabilidad de los migrantes son la corrupción de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano y una cultura de impunidad: diversos indicadores oficiales y de la sociedad civil sitúan como primera fuente de violencia contra los centroamericanos indocumentados en territorio mexicano al ciudadano común, y como segunda fuente a miembros de los cuerpos de seguridad, agentes migratorios, policías municipales, estatales y federales, y miembros del ejército[16].

Estos dos factores –la criminalización de la migración indocumentada y el hostigamiento de algunas autoridades– explican la reticencia de los migrantes que son víctimas de trata a denunciar, con lo que pierden otra forma de hacer llegar sus demandas al Estado. El miedo a ser deportados, encarcelados, extorsionados o, incluso, asesinados, desincentiva a los migrantes para denunciar[17].

Sin duda, no todos son indiferentes a la situación de los migrantes víctimas de trata. Algunas ONG y parte de la población están preocupados por ellos e intentan  impulsar la lucha contra la trata como prioridad en la agenda. Sin embargo, su presión no parece ser lo suficientemente fuerte para colocar el tema en los primeros lugares de importancia. En contraste, el resto de la población, que podría influir para impulsar la lucha contra la trata como prioridad, se muestra apática, ya sea porque no les afecta directamente (después de todo, las víctimas son centroamericanos pobres que tienen poco o nada que ver con ellos) o porque el problema simplemente no les importa.

Unos actores que, sin duda, podrían influir en el gobierno mexicano para que se diseñaran políticas públicas contra la trata son los Estados centroamericanos expulsores de migrantes. Finalmente, la migración debe ser considerada como un fenómeno de responsabilidad compartida entre los Estados para coordinar acciones que mejoren la gestión de los flujos migratorios, los derechos de los migrantes y la seguridad en las fronteras. Sin embargo, la realidad no es tan sencilla. La relación entre México y los Estados Centroamericanos es claramente asimétrica[18], además de que muchos de estos Estados enfrentan complicados problemas sociales en un delicado contexto de debilidad política e institucional[19].

 

Conclusiones

La trata de migrantes centroamericanos en México es un problema complejo, multidimensional y multifactorial. En lugar de crear políticas que permitan prevenirlo y combatirlo, el Estado mexicano parece haber decidido no escuchar a las víctimas de trata, porque los costos –principalmente políticos– de hacerlo exceden por mucho los costos de no hacerlo.

Las víctimas, quienes no denuncian, no son capaces de organizarse para llevar sus demandas al gobierno; las ONG y los ciudadanos interesados en sus problemas no son capaces de presionar al Estado lo suficiente como para afectar la formulación e implementación de políticas contra la trata; y los países centroamericanos, que muestran una enorme debilidad política e institucional para proteger los intereses de sus ciudadanos en el extranjero, deja a los migrantes de esa región prácticamente  desamparados contra cualquier amenaza que encuentren en su camino a los Estados Unidos.

Así, los migrantes centroamericanos se encuentran en el peor de los escenarios posibles: por un lado, un gobierno que ha decidido no hacer más que lo mínimo indispensable y una población mayoritariamente indiferente ante sus problemas; por el otro, Estados débiles, incapaces de defenderlos. Es decir, se vuelven muy vulnerables ante la amenaza de la trata que ve en ellos una fuente de riqueza que ni ellos mismos son capaces de imaginar.

 

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José Damián Vallejo Ledesma (México, 1986) Estudiante del sexto semestre en la licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México.

 

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