La UE en la encrucijada: la crisis del euro

La crisis del euro ha puesto en entredicho el futuro de la Unión Europea. Los problemas de origen en la conformación del bloque han desembocado en la actual crisis económica y política que revela la improvisación sin liderazgo ni consenso que hunde a Grecia, España, Italia, Irlanda y Portugal, y que arrastra a la Eurozona. He aquí un análisis de las causas y sentidos de la crisis; un panorama de las posibilidades que tiene el bloque europeo para salir a flote contra reloj.

Marlene Zamarripa Ruiz

La Unión Europea (UE) está sufriendo la peor crisis de su historia, debida en gran medida al tema del euro, el mayor logro de la construcción europea. De hecho, una de las grandes causas que explican por qué la UE afronta su peor crisis es la debilidad original del diseño de la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Sin embargo, es fundamental señalar que esta crisis no es sólo económica, sino también política.

El euro fue posible gracias a tres pilares: un Banco Central Europeo independiente, con la tarea de asegurar la estabilidad de los precios; un Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que implicaba una gobernabilidad fiscal; y una prohibición de que la UE pudiera rescatar a los Estados con serias dificultades financieras, es decir, la imposibilidad de la existencia de una unión de trasferencias. Sin embargo, el nacimiento del euro entraña una falla de origen, puesto que junto a la moneda única coexisten varios sistemas fiscales, presupuestos nacionales y políticas económicas contradictorias entre sí.

Ello implica que el nacimiento del euro, en 1999, se dio con una gobernanza incompleta. Mientras que sus pilares monetarios eran robustos, su coordinación fiscal era débil, su regulación financiera carecía de la dimensión paneuropea necesaria, su papel en el mundo no estaba definido y no contaba con un sistema claro y ágil de toma de decisiones, ni con mecanismos de resolución de crisis, ni con un fondo de rescate para países o instituciones financieras con problemas de liquidez. Sin embargo, como el euro era un proyecto político, estas deficiencias económicas se pasaron por alto. Como en otras ocasiones en la historia de la integración europea, sus creadores adoptaron un enfoque funcionalista, en donde parecía quedar implícito que, una vez creada la moneda única, se darían los pasos necesarios para mejorar y completar su gobernanza.[1]

Por otro lado, a principios de la década del 2000 y a iniciativa, entre otros, de José María Aznar, se impulsó el Proceso de Lisboa, que pretendía adecuar la UE a unos mercados más flexibles y globalizados a través de un continuo proceso de reforma. El objetivo de dicho proceso era lograr que la Unión fuera la sociedad más competitiva del mundo en 2010. Sin embargo, esto no se logró. La UE sufrió una pérdida de credibilidad en junio de 2005, cuando se reformó la versión original del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para hacerlo más permisivo con los déficits de las cuentas públicas. Además, los Estados miembros comenzaron a plantear cada vez más resistencias a la realización y profundización del Mercado Interior.

Es por ello que la crisis que sufre la UE no surgió de un momento a otro, sino que tiene sus raíces de tiempo atrás. Sólo hacía falta esperar que se presentara una tormenta. En ese sentido, el estallido de la crisis financiera mundial de 2008-2009, cuyos efectos se propagaron desde Estados Unidos hasta Europa y el resto del mundo, potenció y detonó una serie de problemas estructurales existentes en algunas economías europeas.

Quizá el caso más emblemático de las dificultades por las que ha venido atravesando la UE es el griego. En Grecia, el gasto público, que rebasó toda capacidad de pago de la economía, junto con los problemas de abuso del poder público y la corrupción provocaron un grave desequilibrio fiscal que fue ocultado por el gobierno hasta 2009. Con el cambio de gobierno ese año, se hizo pública la verdadera situación fiscal del país y se encendieron las alarmas en toda Europa por la imposibilidad de que Grecia respondiera a las obligaciones financieras antes contraídas.

Sin embargo, esta situación no ha sido exclusiva de Grecia. En economías como las de España, Irlanda, Portugal e Italia, el gran endeudamiento público, empleado como motor de crecimiento y despegue de las economías, ha alcanzado niveles que han dejado en jaque la sostenibilidad de las finanzas públicas y, con ello, la totalidad del aparato económico. Ante esta situación, los planes de ajuste no se han hecho esperar, tanto desde los países directamente afectados como por parte de los demás miembros de la Eurozona. Dicho panorama ha puesto en entredicho el futuro de este bloque económico.

La respuesta a la crisis fue resultando de conversaciones entre Francia y Alemania, que buscaban más reaccionar ante los mercados y responder ante sus respectivas opiniones públicas que resolver los verdaderos problemas de fondo. Ello dio como resultado un enfoque basado en el corto plazo para abordar la salida de la crisis, adoptando sobre todo medidas inspiradas en el miedo a los mercados, sin tener en cuenta las consecuencias que las decisiones tendrían sobre las generaciones futuras. La gestión política de la crisis por parte de la UE dejó una imagen de improvisación, puesto que reunión tras reunión se evitaba tomar las decisiones necesarias, y cuando se hacía, era porque ya no se podía aguantar la presión de los mercados.

Esta situación no sólo evidenció el rol que desempeña la improvisación dentro del proceso de integración, sino también una falta de liderazgo en la gestión de la crisis. Es por ello que la crisis de la UE no sólo se explica desde la óptica económica, sino también desde la política. Lo que está en juego, como lo expresó Angela Merkel, «no es el euro, sino Europa, el proyecto de integración y sus 50 años de construcción europea».[2] Quizá la falta de liderazgo se expresó sobre todo a través del caso alemán. De hecho, la opinión pública mayoritaria ha culpado de la lentitud de la reacción de la UE a Alemania.

A pesar de ser la principal potencia europea, Alemania ha mostrado dificultades para dirigir políticamente la UE. El hecho de que a partir del estallido de la crisis Berlín basara su gestión en el interés nacional propio, renunciando a liderar una solución europea, sorprendió y provocó recelos. Alemania ha vivido el escenario de la crisis del euro en una disyuntiva: pretender que el resto de países de la UE gobiernen imitándola o liderar una visión de conjunto.[3] Sin embargo, recientemente, ante la institucionalización de las cumbres del euro, manifestó cierta flexibilidad en su postura a cambio de obtener contrapartidas en términos de refuerzo de la disciplina presupuestaria y de otorgar un papel más importante al Banco Central Europeo en la vigilancia de las finanzas públicas.

Por ello, desde principios de 2010, se han creado instituciones ad hoc (como el fondo de rescate) que de forma lenta, precipitada e incompleta han ido completando algunas carencias de la gobernanza de la eurozona; esto ha sucedido siempre actuando al borde del precipicio y con una visión a veces demasiado cortoplacista y dominada por la lógica intergubernamental liderada por Alemania. Sin embargo, los Estados miembros de la UE, al parecer, han llegado a entender que asegurar el futuro del euro implica cambios profundos en su sistema de gobernanza económica; por ello, se ha aprobado un conjunto de propuestas normativas que mejoran la supervisión fiscal de los Estados miembros de la eurozona y refuerzan la regulación financiera.

En ese sentido, desde la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas el 8 y 9  de diciembre de 2011, se ha percibido una voluntad política liderada por Alemania, secundada por los demás miembros de la eurozona y apoyada por nueve de los diez Estados miembros que no tienen al euro como moneda, de preservar el proyecto de la Unión Económica y Monetaria. Para tal fin, los Estados miembros de la UE acordaron que las amenazas que se ciernen sobre la integración debían afrontarse robusteciendo a la misma y no planteándose una marcha atrás. De esta manera, se pretendía mandar la señal de la irreversibilidad de la UE y la UEM, y de que se adoptarían las decisiones necesarias para salvarlas y mejorar su funcionamiento.[4]

Pese a ello, el resultado del Consejo Europeo de diciembre pasado fue moderadamente positivo. Se lanzó un mensaje de apoyo al euro y al avance en la integración fiscal, no obstante, es innegable que siguen presentes las grandes incertidumbres económicas y políticas que han impedido vislumbrar el fin de la crisis. A pesar de que no se consiguió disipar las enormes dudas que se ciernen sobre la viabilidad de la moneda única, se reafirmó la voluntad política de proteger el proceso de integración con nuevas cesiones de soberanía y se lograron además algunos avances concretos en el diseño de la nueva arquitectura de gobernanza de la eurozona.

Sin embargo, pese a los avances en la gestión de la crisis, no se confía demasiado en que dichas medidas serán suficientes, por lo que se ha comenzado a plantear que, más a largo plazo, será necesario lanzar un nuevo proceso de reforma de los tratados. El objetivo sería dotar a las instituciones europeas de auténtica capacidad de control sobre los presupuestos nacionales y los sistemas financieros de la eurozona, así como permitir (con voluntad política expresa y rigor jurídico) la posibilidad de emitir eurobonos y crear un Fondo Monetario Europeo que resuelva las carencias del actual fondo de estabilidad. Dicha reforma podría consolidar una UE de dos velocidades, donde los 17 Estados que comparten el euro tendrían un sistema de toma de decisiones mucho más integrado que excluyera a los otros diez países que no quieren o no pueden formar parte de la UEM.[5]

Debido al liderazgo de Alemania en este proceso, se ha hablado de la «germanización» de las economías de la periferia (entendida en un sentido amplio, pues incluye a Francia) para construir una Europa a su imagen y semejanza, una Europa donde la austeridad fiscal y la competitividad (precio de las exportaciones, logrado a base del control de los salarios y de la inflación) se combinan con la regulación financiera, lo que contrasta claramente con el modelo anglosajón (también imperante en el sur europeo) basado en el consumo, el crédito y las crecientes desigualdades de renta.[6]

Sin embargo, la estrategia alemana es problemática al confiar en que el crecimiento volverá automáticamente a la eurozona si las economías del sur se germanizan, es decir, en que habrá un súbito cambio en las expectativas que restablecerá el flujo de crédito y llevará a las empresas a contratar e invertir, y a las familias a consumir. Lo que realmente necesitan las economías europeas de la periferia para crecer son reformas estructurales (laboral, de educación, de política de investigación y desarrollo, de pensiones, de competencia en el sector servicios, etc.). Reduciendo todo al «ajuste fiscal» se agudiza la contracción económica sin sentar las bases de un crecimiento más sólido.[7]

Es por ello que tras la decisión alemana, secundada por Francia, de confiar la solución casi exclusivamente a la imposición de la estabilidad presupuestaria, la apuesta no parece estar funcionando ni económica ni políticamente. Una nueva recesión se cierne sobre toda Europa, y la periferia de la eurozona sigue duramente golpeada por los mercados, que desconfían de la sostenibilidad de su deuda y de la irreversibilidad de la Unión Económica y Monetaria para sus actuales 17 miembros. Además, el poner todo el énfasis en la estabilidad y dejar de lado el crecimiento amenaza con ser una bomba de tiempo para la cohesión social a largo plazo en los países de la UE.

En ese sentido, los resultados electorales que se han producido en varios países europeos en los últimos meses podrían alentar un cambio en la línea marcada para la gestión de la crisis, de forma que se restablezcan un poco los equilibrios territoriales entre norte y sur, los equilibrios ideológicos entre centro-derecha y socialdemocracia, e incluso los equilibrios interinstitucionales. El doble resultado electoral en Francia, con la victoria de François Hollande en las elecciones presidenciales de mayo, y del Partido Socialista en las legislativas de junio, es muy importante; sin embargo, también cabe destacar la recuperación de la izquierda en otros países, como la conformación de un nuevo gobierno de coalición pro-euro en Grecia, pese a las grandes tensiones que se viven en ese país como consecuencia de las medidas de ajuste.

Es por ello que la presión para adoptar una gestión más consensuada de la crisis tanto desde el punto de vista económico como político parece crecer, salvo que se quiera poner en peligro seriamente la viabilidad de la moneda común. La eurozona necesita una política económica distinta a la que ha ido poniendo en práctica desde el principio de la crisis, tanto por motivos económicos como políticos. Desde el punto de vista económico, la estrategia de austeridad en un entorno recesivo y sin posibilidad de hacer una política monetaria expansiva y/o devaluar la moneda es contraproducente. Y desde el punto de vista político también es contraproducente porque el círculo vicioso de recortes, caída de la recaudación y más recortes deslegitima a los gobiernos y es caldo de cultivo de movimientos populistas, extremistas y anti-europeístas.[8]

En este contexto, los líderes de la eurozona acordaron en la cumbre del pasado 27 de junio profundizar su integración económica con una unión bancaria y fiscal, para hacer del euro un proyecto irreversible. Los diecisiete países de la eurozona acordaron lanzar el proceso para una mayor integración económica y monetaria a través de cuatro bloques: una unión bancaria, una unión fiscal, un marco de política económica común y un fortalecimiento de la legitimidad democrática. Se pretende así crear una nueva arquitectura europea basada en la unión bancaria, fiscal y política, con más solidaridad a cambio de ceder más soberanía, un supervisor bancario europeo, un Tesoro del euro, eurobonos, vetos a presupuestos nacionales y límites a la emisión de deuda de los países.

También se ha abierto una vía para aliviar la presión de los mercados sobre España e Italia al negociar, a contrarreloj y con la aceptación de una recapitalización directa de la banca, medidas que permitan a esos países financiarse de nuevo a precios razonables. Los dos países están de acuerdo con las acciones para fomentar el crecimiento, pero consideran que ahora es prioritaria la sostenibilidad de la deuda. Además, los veintisiete acordaron un plan de crecimiento, por valor de 120 000 millones, que ayude a fomentar la actividad económica y el empleo.

Los acuerdos de la cumbre y el nuevo escenario político en Europa alumbran una alternativa a la estrategia de austeridad autoritaria con la que se ha venido gestionando la crisis del euro desde 2010. Sin embargo, subsiste un desacuerdo político fundamental sobre la secuencia con la que deben administrarse las medidas. Mientras se discute sobre si la unión fiscal efectiva debe venir antes o después de un compromiso para el crecimiento y la mutualización de la deuda, a los miembros más vulnerables de la eurozona, como España o Italia, que necesitan medidas urgentes para estabilizar la presión de los mercados financieros, se les acaba el tiempo.

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Marlene Zamarripa Ruiz es maestra en Estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM. Su línea de investigación se enfoca en los procesos de integración regional, en particular, la Unión Europea.