Érase una vez la transición

Un vistazo a doce años de la experiencia mexicana con la democracia

En México, como en prácticamente todo el mundo occidental, progreso político es democracia. El costo histórico que ha pagado nuestro país para darse las instituciones y los procesos de la actual democracia electoral, a doce años del cambio presidencial del 2000, parece traducirse en una promesa incumplida. Rodrigo Peña nos presenta un análisis de las esperanzas y decepciones de los mexicanos con su sistema político, para revisar a qué le apostamos cuando decimos «democracia».

 

Rodrigo Peña González

 

El amor a la república, en una democracia, es el amor a la democracia; el amor a la democracia es el amor a la igualdad. Amar la democracia es también amar la frugalidad. Teniendo todos el mismo bienestar y las mismas ventajas, deben gozar todos de los mismos placeres y abrigar las mismas esperanzas […] Al nacer, ya se contrae con la patria una deuda inmensa que nunca se acaba de pagar.

Barón de Montesquieu[i]

 

Democracia es, entre muchas otras cosas, aspiración. Se trata de un estadio superior (¿último?) en la escalera progresiva de la organización política de una sociedad. La democracia se construye como el mejor modelo de gobierno (o, diría Winston Churchill, la peor excepto por todos los demás). Es una idea que se inserta en el discurso político de la modernidad, donde la noción de progreso es el eje por excelencia. Representa una idea inherente al curso de la historia, en donde los mejores tiempos están por venir, y para alcanzarlos hay que recorrer un camino más o menos tortuoso dependiendo de la circunstancia de cada sociedad particular. La vía puede variar pero el destino es fijo: el progreso.

En los últimos tiempos, el progreso traducido en formas de gobierno político es sinónimo de democracia. Esta mítica aspiración se convierte en una ventana de oportunidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en su conjunto y reducir los riesgos de un sistema político autoritario o totalitario. Es la condición indispensable y primera circunstancia –no negociable– para que se den condiciones de justicia social, respeto a los derechos humanos, respeto a la diversidad, disminución de la desigualdad, entre otros. La democracia liberal, el receptáculo del pluralismo moderno,[ii] es una causa a la que muchos países del mundo moderno se han abrazado y a la cual, en aras de alcanzarla, han empeñado años de imbricadas y extrapoladas luchas, cada una en el contexto particular del Estado que se trate.

México no es la excepción. La relación entre México y la búsqueda de la democracia es histórica y profundamente compleja. Aunque no es la pretensión de este artículo centrarse en el camino que el país ha seguido rumbo a la democracia (pues sería imposible e inabarcable), sí es indispensable dejar en claro que la democracia en México ha sido presentada como el mejor camino posible, la ruta hacia el progreso y el modelo de aspiración por excelencia para el país. Así lo vio el propio Pablo González Casanova en su obra magna La democracia en México y en medio de un contexto de guerra fría y de autoritarismo priista; González Casanova concluye ahí que «[…] el futuro inmediato del país depende de la democratización efectiva y del desarrollo, y que el avance en la democratización tendrá efectos positivos en el desarrollo y el de éste en aquélla».[iii] Es decir, la democracia como el mejor destino.

Hace ya doce años de la elección federal del año 2000 en México. Aunque es impreciso e imposible catalogar aquel año como el fin del autoritarismo en el país y el inicio de la democracia, sí se trata de un año emblemático en la búsqueda de un país por democratizar las vías de acceso al poder, el sistema político y los canales de la relación entre ciudadanía y gobierno; es un indudable punto de inflexión en ese largo camino que se resume en dos palabras: transición democrática. La elección del 2000 tenía una intención específica y concreta, cambiar al partido en el gobierno y, con ello, allanar el camino hacia la construcción de una democracia boyante. La esperanza estaba sembrada, el camino elegido y el cambio en marcha.

Once años después, en el 2011, la encuesta Latinobarómetro presentó, como cada año, los resultados generados a partir de preguntar a los ciudadanos de los distintos países latinoamericanos sobre la satisfacción o insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en cada uno de sus países.[iv] El 72% de los encuestados en la República Oriental del Uruguay contestó que estaba muy satisfecho o satisfecho con el funcionamiento de su democracia, le seguía Argentina con 58%, Panamá con 54% y Ecuador con 49%. En el fondo de la lista, compuesta por otros catorce países más de la región, se encontraba México, con tan sólo 23% de satisfechos o muy satisfechos y empatado en el mismo renglón con Guatemala.

Desarrollado en el contexto postelectoral de 2012, el presente trabajo busca retratar la impresión que los ciudadanos mexicanos poseen sobre la democracia. Se trata de dar elementos que apunten a argumentar la idea de que la democracia, para la sociedad mexicana, es la promesa incumplida de la vida pública. También busca contribuir a dar elementos que reflejen el nivel de satisfacción de los mexicanos con tal democracia.

Así pues, se trata de un insumo que puede traducirse en una invitación a revisar y repensar el curso que ha tomado la gran apuesta del país en la era contemporánea: la democracia. Un esfuerzo de esta naturaleza debe estar basado en elementos analíticos que permitan dar indicios al respecto; así, indicadores, encuestas y estudios son una base argumentativa fundamental, tal como se verá a continuación.

 

De la gran inversión a la gran apuesta

De acuerdo con Sergio Aguayo, México gastó, entre presupuestos de partidos políticos, institutos y tribunales electorales tanto federales como estatales, $157 649.5 millones de pesos entre 2000 y 2009.[v] Es la inversión explícita en su democracia electoral, en la búsqueda por tener partidos políticos suficientemente sólidos y autónomos desde el punto de vista presupuestal, instituciones electorales sólidas y eficientes, y árbitros imparciales y confiables en la materia. Esto representa casi cinco veces el presupuesto dedicado a la Universidad Nacional Autónoma de México en 2012 (equivalente a 31 653.8 millones de pesos).

La democracia electoral y su entramado institucional es, sin duda, una de las grandes inversiones del México posterior al 2000. El enfoque sugiere que una profunda atención a las instituciones y procedimientos electorales construidos, concebidos y articulados desde arriba, es decir, desde las estructuras gubernamentales del Estado, permitirá un desarrollo de las condiciones y valores democráticos hacia abajo (lo que teóricamente se conoce como spillover, es decir, que los beneficios derramados en la capa superior también beneficiarán a la inferior en una suerte de goteo de los mismos).

Tal pareciera que, a más de una década de la gran inversión, ésta se transformó en la apuesta fallida. Recurriendo nuevamente a Latinobarómetro, un cuestionamiento relevante de la encuesta es el que se hace en el sentido de «¿Diría usted que este país…? Está progresando, está estancado, está en retroceso».[vi] Panamá, Uruguay y Brasil encabezan la lista de optimistas con 64, 62 y 52% de encuestados que creen que su país «Está progresando», respectivamente. México aparece en treceavo lugar de 18 países con tan sólo 22% de respuestas en el sentido de que el país «Está progresando», debajo del promedio latinoamericano que es de 35% y dos puntos porcentuales menos que en el año anterior, 2010, cuando se obtuvo el 24% para la misma pregunta. México, en tiempos de democracia, no sólo no percibe progreso, como se verá, tampoco lo tiene.

Cada año, Transparencia Internacional publica un índice de percepción de corrupción. En 1999, México obtuvo un puntaje de 3.4 que lo colocó en la posición 58 a nivel mundial de los países más corruptos. Doce años después, el mismo índice coloca a México en la posición 100, empatado con otros once países y con un puntaje de 3.0.[vii] La democracia, en poco más de una década, no sólo no ha reducido los márgenes e incidencia de corrupción, de hecho los ha ampliado y ha dejado al país rezagado en la materia comparativamente con otros países. Nuevamente se trata de un criterio de percepción, pero debe tenerse en cuenta como la toma del pulso ciudadano que permite conocer las condiciones en las que se desempeña la sociedad.

La democracia mexicana tampoco ha tenido un impacto en la percepción de la reducción de la desigualdad. Latinobarómetro preguntó a sus encuestados si consideran que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o si está gobernado para el bien de todo el pueblo; México, aquí, aparece en el lugar 15 de 18. Solamente el 17% de los encuestados respondió que en el país se está gobernando para el bien de todo el pueblo. Latinoamérica tiene una tradición histórica de gobiernos de, para y por élites; prueba de ello es el 26% de promedio regional de respuestas en el sentido de que se gobierna para todo el pueblo. Con todo, el índice mexicano sigue siendo de los más bajos.

Latinobarómetro también pregunta sobre la preferencia de gobierno entre los ciudadanos. La tendencia se mantiene: México ocupa el penúltimo lugar entre los países que prefieren la democracia (40%), sólo por arriba de Guatemala (36%) y por debajo del promedio latinoamericano (58%). Sin embargo, a pesar de la desmotivación por la democracia, los mexicanos se manifiestan en contra de un gobierno autoritario (sólo 14% lo apoyaría, índice ubicado por debajo del promedio latinoamericano de 17%), pero presenta el índice más alto de la región a la respuesta «Da lo mismo». El 31% en México opina que no importa el régimen de gobierno; en síntesis, ha trasladado el interés por un asunto público tan relevante y elemental como es la forma de gobierno que prefiere a un desinterés sintomático de una ciudadanía desmotivada y desilusionada por los temas de interés público y el contexto democrático en el que tal cosa sería posible.

Finalmente, la citada encuesta pregunta el grado de acuerdo o desacuerdo con la idea de que, como decía Churchill, la democracia es el sistema de gobierno menos peor. El promedio latinoamericano de personas que están «Muy de acuerdo» y «De acuerdo» con esa idea es de 76% de los encuestados. Uruguay, Argentina, Venezuela, Ecuador, Panamá y Chile encabezan la lista con 90, 88, 86, 84 y 82% de respuestas en ese sentido. México y, nuevamente, Guatemala son penúltimo y último lugar respectivamente en la misma lista con 55 y 49%.

Otro insumo de información importante para el análisis de la materia es la Encuesta Mundial de Valores, coordinada por Ronald Inglehart y Miguel Basáñez.[viii] Entre todos los resultados que presenta en su edición de 2010 se encuentra, por ejemplo, que el 36% de los mexicanos de 1981 estaban interesados en la política, mientras que en 2006 el número pasaba a 34%, una disminución de dos puntos en el involucramiento e interés en la política en 25 años y con una transición democrática en medio. La conexión entre el interés por la política y la contribución a la democracia es cercana y directa, pues al ser los ciudadanos directamente los interesados o desinteresados en la política, son ellos mismos los que tienden o no a tener y/o expresar actitudes y actividades de involucramiento en todo lo público. Lo anterior es el preámbulo de una ciudadanía sólida y consolidada, sin duda, un paso necesario para la profundización de cualquier democracia.

Las actitudes democráticas, se sabe, trascienden al acto de la simple emisión del voto. En ese sentido, la misma encuesta demuestra que en el México de 1995 el 9% declaraba ser miembro activo de un partido político, mientras que en 2006 sólo era el 10%, un aumento de un punto porcentual en once años y con la transición democrática igualmente en el interludio. Los partidos políticos mexicanos, los hijos predilectos y malcriados de la transición –dice Aguayo–,[ix] tal parece que han asistido a un proceso de desacreditación generalizado ante la ciudadanía, pero la participación en otros foros, espacios o instituciones en México también es reducida: en el mismo lapso, la participación en sindicatos pasó de 11 a 8 por ciento, en organizaciones ambientales de 10 a 6 por ciento y el haber firmado peticiones –un gesto netamente ciudadano– pasó de 35 a 21 por ciento. Con todo, a la pregunta de «¿qué tan importante es la política en su vida?», 48% de los mexicanos respondieron que muy importante en 1995, 2000 y 2006, años en que se levantó la encuesta.

Un indicador más lo ofrece Konrad Adenauer Stiftung y polilat.com: el Índice de Desarrollo Democrático Latinoamericano (IDD-Lat), un «[…] análisis comparativo de la evolución de las instituciones y de las sociedades [latinoamericanas], así como del comportamiento de las dirigencias en la dura tarea de encauzar a cada país en una senda de democracia, bajo los principios de libertad, equidad y transparencia».[x] El panorama mexicano, aquí, no es tan desalentador, pues el IDD-Lat coloca a México en un modesto séptimo lugar de una lista de dieciocho y con un puntaje de 4 924 sobre 10 000.[xi] Con todo, un análisis temporal constata un descenso en el desarrollo democrático del país, pues mientras en 2002 el índice señalaba una puntuación de 6 340, para 2011 el descenso para llegar a la calificación actual fue de 1 416. Contrasta particularmente con Chile, donde en el mismo lapso pasó de 8 757 a 10 000.

Finalmente, pero no menos importante para el análisis, está la Encuesta Nacional sobre Valores: lo que nos une y nos divide a los mexicanos, un interesante ejercicio interno con representatividad a nivel nacional que busca identificar el pulso nacional sobre temas muy concretos.[xii] Para efectos del presente análisis, vale la pena rescatar la pregunta 3 del cuestionario aplicado en dicha encuesta y que refiere: «¿Cómo calificaría usted el nivel de desarrollo que tiene México en las siguientes áreas?». En una escala del cero al diez, donde cero es nada y diez es que se ha desarrollado completamente, el primer lugar nacional lo ocupa la salud con 6.8, le sigue la educación por una parte y la cultura y las artes por otro, ambos con 6.7; posteriormente aparece el rubro derechos y libertad con 6.2, instituciones y gobierno con 6.0 y hasta después aparece democracia con 5.9. Por debajo sólo se encuentran los servicios públicos (5.8), la aplicación de la ley (5.4), economía (5.4) y la seguridad pública (5.3).

La ENVUD presentó resultados en 2010. En ese contexto, los altos grados de inseguridad en México, la impunidad, la desigualdad en la distribución de la riqueza y la deficiente infraestructura y baja cobertura de los servicios públicos fueron detectados como más graves que la falta de democracia. Sin embargo los mexicanos, de acuerdo a esta encuesta, no sólo no están peleados con la democracia, de hecho la valoran. El 78% piensa que la democracia es una buena forma de gobierno para México; tan solo el 15% piensa que es mala y el resto oscila entre los «No sé» y «No contesto». El problema no parece ser la democracia en sí, sino la forma en la que se está ejecutando y los resultados que está arrojando.

 

Hacia dónde y para qué. La distancia entre el demos y el kratos del México contemporáneo.

Giovanni Sartori, politólogo italiano y estudioso de los sistemas políticos, afirma:

 

Tras el voto hay todo un telón de fondo previo. Y, aunque no debamos relativizar la importancia de las elecciones, no podemos aislar el acontecimiento electoral de todo el circuito del proceso de formación de la opinión. El poder electoral en sí es la garantía mecánica de la democracia; pero las condiciones bajo las cuales el ciudadano obtiene la información y está expuesto a las presiones de los fabricantes de opinión son las que constituyen la garantía sustantiva.[xiii]

 

México tiene importantes lecciones que aprender en tal punto. En el mediano plazo, se requiere que la democracia procedimental –es decir, aquella que se limita a la acción electoral y que enfoca baterías presupuestales e institucionales hacia esa causa– sea trascendida pero no abandonada: confeccionar los pasos hacia una democracia más elaborada, postelectoral. Se trata de construir ciudadanía, reforzar valores democráticos, tejer capital social y un sinfín de metas imposibles de enlistar.

Las elecciones no son (y México, por supuesto, no es la excepción) laboratorios de aislamiento político desconectados de coyunturas y contextos, antes bien, son el reflejo y el síntoma de estos. Son actos en donde la sociedad refleja la vida política que vive y percibe, es el momento donde la estructura de la constitución sociopolítica se manifiesta. De tal suerte, es imposible asumir o tan siquiera pretender que una elección puede redefinir el rumbo de una sociedad y encaminarla rumbo a ser más democrática, pues es tanto como pretender que el síntoma alivie la enfermedad. La ecuación, pues, requiere invertirse: mejores elecciones no han significado mejor democracia, entonces es indispensable trabajar e invertir en mejor democracia y las mejores elecciones serán una consecuencia implícita; curando la enfermedad desaparece el síntoma.

Sin embargo, con ello también se deben redimensionar los alcances y posibilidades de la vida dentro de una democracia. Dice el propio Sartori que «La ingratitud típica del hombre de nuestro tiempo y su desilusión ante la democracia son también […] la reacción ante metas prometidas que posiblemente no pueden alcanzarse», y continúa, «[…] en la medida en la que esto es así, el peligro que amenaza a una democracia que oficialmente carece de enemigos, es, sobre todo, el perfeccionismo».[xiv] El aumento en las expectativas sobre la concreción de un escenario en particular es directamente proporcional al grado de decepción por no concretarse o no cumplirse las condiciones del escenario en cuestión. En ese sentido, y tal como lo demuestran los indicadores expuestos, la democracia en México no ha demostrado ser capaz de transmitir una percepción de progreso (ya no se diga de perfección democrática) entre los ciudadanos.

Con esa idea en mente, cualquier ejercicio de reflexión sobre el curso que deba o pueda tomar la democracia en México necesita de un componente de sobriedad tal que le permita reconocer que la democracia no será la panacea materializada, que el grado de desarrollo democrático de la sociedad y el Estado siempre será más o menos perfectible –el progreso que nunca se termina de alcanzar es el que alimenta al propio deseo de progreso–, pero también para considerar que la percepción de insatisfacción de los ciudadanos con su democracia no necesariamente los hace ingratos, tal como sugiere Sartori, sino que puede reflejar un alto grado de análisis crítico de su entorno.

México enfrenta una serie de retos en torno al curso de su vida pública. Uno de ellos, y sobre el cual se pretende hacer explícita alusión, radica en la necesidad de aliviar el divorcio entre la sociedad y el poder. Una reconciliación en ese sentido pasa por revertir el grado de apatía que pueda existir entre la población por los asuntos de interés público. Hay una interesante dicotomía aquí basada en indicadores que ya se expusieron: mientras el 35% de los entrevistados en Latinobarómetro opina que «da lo mismo» el sistema de gobierno, 48% en la Encuesta Mundial de Valores considera que la política es muy importante en su vida.

Más allá de las precisiones metodológicas que deben hacerse para comparar dos encuestas de esta naturaleza, sí puede señalarse una tendencia que refleja el divorcio entre sociedad y poder. En la medida en la que esta condición disminuya, habrá más posibilidades para que la democracia se dé de mejor manera entre los mexicanos, ya no a través del voto exclusivamente –como se decía–, sino con el sufragio como una consecuencia directa de la puesta en práctica de la democracia en México.

 

A manera de conclusión: la democracia de la autocorrección

Una forma de enfocar el curso de avance de la construcción de la democracia mexicana consiste en basarla en pequeños y paulatinos pasos dados a la par de movimientos sociales y reformas político-electorales, los primeros tras los segundos. La reforma política de 1977, diseñada por Federico Reyes Heroles –y como consecuencia directa de los acontecimientos de 1968, 1971 y los reclamos de la izquierda por ser incluida en el diseño institucional de representatividad en México–, fue el paso más significativo y ejemplar de esa dinámica de construcción sociopolítica en México.

Ya en el nuevo milenio, la elección presidencial de 2000 heredó el fantasma del desvío de recursos para las campañas de los candidatos (desde el Pemexgate hasta los Amigos de Fox). La consecuente reforma electoral pretendió paliar los estragos de ese pernicioso rubro. Para 2006, el papel de los spots fue determinante, desde la guerra sucia lanzada por un partido en contra de un candidato hasta la intromisión de actores ajenos para incidir en la intención de voto con mensajes televisados y radiodifundidos. La reforma electoral de 2008, dirigida estratégicamente al Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, apuntó sin meditaciones hacia ese rubro en concreto. A partir de entonces, ningún privado podría contratar espacios publicitarios con fines de propaganda electoral.

En la reciente elección de 2012, y al momento de escribir estas líneas, buena parte del debate está centrado en cuestionar la limpieza de la elección con un proceso que trasciende al 1º de julio, es decir, al día de la elección –principalmente a partir de la idea de inducción ilegal del voto, del papel de las grandes televisoras, entre otros. Aún es difícil prever el camino que seguirá la denuncia de la oposición por compra y coacción del voto, pero si seguimos la lógica metodológica descrita anteriormente, en los años por venir se trabajará y aprobará una reforma que tienda a solucionar esa problemática. Siguiendo de manera estricta este planteamiento, siempre vendrán nuevos retos que se someterán a la misma lógica.

La idea sugiere que la democracia mexicana está sometida a una dinámica de prueba, error, corrección y ajuste paulatino pero constante. Lo cierto es que una ciudadanía con mayor madurez política y con una cultura democrática más arraigada permitirá que el proceso se acelere, pero también que el camino se construya de una manera mucho más amable para el país en su conjunto. Buena parte de ello depende de que la democracia sea y se perciba, entre los mexicanos, como el camino a seguir: como la promesa cumplida.

 

 

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