Ética de la investigación biosanitaria: las vacunas

Las vacunas cumplen una importante función social que sobrepasa la salud pública para repercutir en términos económicos, políticos y éticos. Desde la Universidad Católica de Murcia, la doctora Gloria Mª Tomás y Garrido expone un debate de bioética sobre la producción de vacunas a partir de fetos abortados, con lo cual entra también la discusión sobre el aborto y la posición de la Iglesia Católica, que incumbe a un sector amplísimo de la población occidental. Este es sólo un ejemplo de cómo se teje una compleja red de debates éticos y políticos alrededor de la ciencia y sus aplicaciones.

Gloria M. Tomás y Garrido

La vacunación consiste en la aplicación de antígenos iguales o similares a los de los agentes infecciosos, desprovistos de las características que les confieren capacidad patógenas, pero que conservan la facultad de estimular los mecanismos inmunológicos. La vacuna es, por lo tanto, el producto antigénico que tiene esos caracteres; se trata, en términos genéricos, de una suspensión de microorganismos vivos o fracciones de los mismos, generalmente atenuados o inactivos, cuya administración induce en el receptor inmunidad frente a la enfermedad que se trata de evitar. Se denominan autovacunas, si el antígeno ha sido extraído del propio organismo, y heterovacunas, cuando son ajenos a dicho organismo al que se van a aplicar.

Existen dos grandes tipos de vacunas: las vacunas con virus activos pero atenuados (rubéola) y las vacunas con virus inactivos (influenza). En las últimas se tiende cada vez más a reemplazar el virus completo por fragmentos fabricados mediante ingeniería genética (vacunas en subunidades). Las vacunas más interesantes son las que previenen procesos muy frecuentes o las que conllevan graves consecuencias personales y sociales en el campo de la infección y el contagio.

Existen cuatro diseños básicos sobre su aplicación: de acuerdo con situaciones colectivas especiales y momentáneas, como epidemias; para grupos de riesgo de forma más o menos mantenida, como en el caso de la hepatitis B; ante situación particulares específicas, como viajes o empleos donde existe posibilidad de riesgo infeccioso; y de modo generalizado según un programa previsto para toda la comunidad.

Por estas razones, las vacunas pueden hacerse obligatorias para todos los habitantes de un país –como sucede en España actualmente con la vacuna de la difteria–, o a nivel internacional, en determinadas circunstancias –ante el paso de un país con endemia a otro exento de un proceso, y viceversa–. En otras ocasiones son simplemente recomendadas y su uso es estimulado partir de la educación sanitaria.

Edward Jenner descubrió y utilizó la primera vacuna en 1796. Él observó que las ordeñadoras de la época que estaban en contacto con la viruela de vaca se inmunizaban y no contraían la viruela humana, patología en aquel entonces frecuente y temible. Jenner provocó una respuesta de inmunidad celular mediante la escarificación de la piel humana con un preparado del virus de la vacuna.

Casi un siglo más tarde Louis Pasteur sentó las bases científicas en la prevención de enfermedades infecciosas, muy particularmente con la vacuna de la rabia –probada con éxito en 1885– lograda mediante inoculaciones sucesivas en conejos, de las que obtenía extractos menos virulentos. Su particularidad radicaba en su capacidad para emplearse incluso después de la infección; el virus de la rabia avanza lentamente por las fibras nerviosas hasta el cerebro –antes de desencadenar la enfermedad– lo que deja tiempo al sistema inmunitario para organizar una respuesta eficaz.

Los estudios del bacteriólogo John Franklin Enders facilitaron que, en 1952, Jonas Salk lograra una vacuna contra los tres tipos de virus de la poliomielitis, pero tenía el inconveniente de que era intravenosa. Albert Sabin en 1957 la logró por vía oral, de modo que se suministraba a los niños en un terrón de azúcar. En 1964 se obtuvo la vacuna contra el sarampión.

Es importante destacar que los científicos citados, trabajaron en condiciones precarias e incluso renunciaron a los beneficios económicos logrados en favor de la ciencia.

Actualmente es indudable que la vacunación a gran escala, como ya se ha señalado,  es un medio óptimo para la erradicación, en la medida de lo posible, de las enfermedades infecciosas y contagiosas, por lo que se considera un derecho básico la vacunación para la conservación de la salud –por ejemplo, la erradicación de la rubéola congénita es una de las prioridades de la sanidad pública– y, además, es una estrategia de prevención económicamente rentable: la mayoría de los países han calculado que la vacunación universal frente a la varicela supone un ahorro cinco veces mayor que la cantidad invertida en su ausencia, considerando no sólo los costes médicos directos, sino también los indirectos, como las pérdidas laborales de los padres del niño.

Por tanto, los beneficios proporcionados a la salud por los avances en la terapia vacunal son evidentes; por si fuera poco, está demostrado que las vacunas que en la actualidad se comercializan son eficaces y seguras y sus efectos secundarios de escasa relevancia, por lo que las inversiones científicas y económicas son muy positivas. De todas formas, la erradicación de las enfermedades vacunables está resultando más complicada de lo que se estimaba a pesar del rápido descenso de las incidencias.

Seguir trabajando en este campo es importante; no sólo se incide en la protección de un individuo sino que el radio de acción se prolonga en la sociedad, es decir, en la salud pública y con el grave riesgo que comporta una epidemia de una de estas enfermedades. En definitiva, el correcto uso de cualquier medicamento, y quizás más de las vacunas,  cumple en sí mismo un buen fin para la defensa de la vida.

Ahora bien, se da el caso de la existencia de laboratorios farmacéuticos, en los que las vacunas se están elaborando con líneas celulares de fetos abortados. En concreto, los laboratorios Merck & Co (Estados Unidos), Sanofi Pasteur (Francia) y GlaxoSmithKline (Bélgica) lo llevan a cabo con el fin de prevenir más eficazmente las siguientes enfermedades: varicela, hepatitis A, hepatitis B, sarampión, paperas, rubéola, polio, rabia, sepsis y viruela.

Los investigadores P. Agulles y M. Guillen han recogido una amplia y documentada información sobre este tema en su obra Ética de la investigación médica: trasplantes, vacunas y embriones (Edicep, 2011). Aquí se señala de cada enfermedad su patología, la epidemiología y las vacunas logradas al medir su eficacia. Incluyen, al terminar este apartado, un cuadro con las vacunas logradas con las líneas celulares de fetos abortados, y también las vacunas elaboradas con líneas alternativas. El único caso que no cuenta con una alternativa es la vacuna de la varicela.

Explícitamente iluminan las cuestiones controvertidas que se plantean y tienen como referencia del Magisterio de la Iglesia la inviolable dignidad de la persona humana. Así, si una persona rechaza toda forma de aborto voluntario de fetos humanos, ¿esa misma persona no entraría en contradicción con su modo de pensar, al admitir el uso de estas vacunas de virus vivos atenuados en cultivos de células provenientes de esos abortos? ¿No se trataría en este caso de una verdadera e ilícita transigencia y eventual cooperación con el mal, aunque este mal se haya causado 40 años atrás?

Los autores acuden a la Academia Pontificia para la Vida, la cual propone que la exigencia de articular una reflexión moral sobre este tema nace preferentemente de la conexión entre la preparación de las vacunas y los abortos procurados de los que se han obtenido los materiales biológicos necesarios para tal preparación.

La Congregación para la Doctrina de la Fe afrontó esta cuestión señalando en la Donum vitae que «los cadáveres de embriones o fetos humanos, voluntariamente abortados o no, deben ser respetados como los restos mortales de los demás seres humanos. En particular, no pueden ser objeto de mutilaciones o autopsia si no existe seguridad de su muerte y sin el consentimiento de los padres o de la madre. Se debe salvaguardar además, la exigencia moral de que no haya habido complicidad alguna con el aborto voluntario, y de evitar el peligro de escándalo».

Desde estas referencias, y siguiendo el estudio de los autores citados, las consideraciones éticas específicas sobre el uso de las vacunas obtenidas de fetos abortados es una cuestión que atañe a la cooperación con el mal.

En resumen, se presentan tres campos de actuación ética: a) los que preparan y participan directamente las vacunas; b) los que se encuentran en la cadena de producción, distribución y comercialización; y, c) los usuarios de las vacunas.

La gravedad del aborto supone que no se puede afirmar que sea éticamente lícito el uso de este material humano siempre que exista una separación entre quien practica el aborto o la institución sanitaria que lo hace, y los investigadores o el laboratorio que está desarrollando su investigación científica.

Es moralmente ilícita toda cooperación formal –compartir la mala intención– con la acción de quien ha ejecutado el aborto voluntario que ha permitido la obtención de los tejidos fetales, necesarios para la preparación de las vacunas. Tal participación se realizaría también en caso de que, compartiendo siempre la intención abortiva, se limitase a no denunciar o contrarrestar tal acción ilícita –cooperación formal negativa–, teniendo por situación profesional o jurídica el deber moral de hacerlo. Por tanto, el primer caso planteado es siempre ilícito.

Del mismo modo se evitará participar en la comercialización de productos obtenidos mediante medios inmorales o de contribuir en cualquier manera a crear demanda de este tipo de productos y evitar un clima social de aprobación de esta realidad.  Por tanto, en el segundo caso, existe la obligación de salirse de la situación en que se encuentran, eventualmente invocando la objeción de conciencia, a no ser que incurriera un motivo proporcionalmente grave que hiciera absolutamente necesaria la cooperación. Pero en sí, la cooperación es ilícita, lo cual puede agravarse de acuerdo con la categoría de los participantes, como son las autoridades sanitarias competentes de cada país que autorizan estas vacunas.

Con respecto al tercer caso, es evidente que los abortos provocados hace 40 años no han sido determinantes para el uso actual de estas vacunas, pero también es indiscutible que aceptar pacíficamente los sistemas y procedimientos ligados al aborto es una forma de aprobar, o al menos consentir, el mal que se ha hecho, incompatible con la gozosa afirmación de la defensa de la cultura de la vida.

Como es lógico las personas que acuden al médico o a una farmacia no se plantean ni el origen del medicamento ni su proceso de fabricación. Lo que responde adecuadamente a la confianza en el sistema sanitario. Por ello, la mayoría de quienes demandan estas vacunas desconocen la problemática que conllevan, de ahí que su responsabilidad moral es muy remota. En el supuesto de que se enterasen, no deben contribuir a su difusión.

Pero resolviendo la eticidad en relación con el usuario, en el caso extremo en relación con las enfermedades contra las cuales todavía no hay vacunas alternativas disponibles y éticamente aceptables, la Academia Pontificia para la Vida señala la obligación de abstenerse de ellas sólo si se puede hacer sin que los niños –e indirectamente la población en general– corran riesgos de salud significativos. Pero si dichos infantes estuviesen expuestos a considerables peligros para su salud las vacunas pueden ser usadas provisionalmente; sin embargo, este uso plantea problemas morales.

El tema es complejo, actual e importante. Estamos ante una realidad que exige, tal como hicieron los primeros científicos dedicados a este tema, redescubrir que el diseño de proyectos de innovación investigadora nunca debe someter la ética a la mera obtención de ganancias. Sigue en pie el lema «Con la vida no se comercia», escogido en Italia en el 2003 para una «Jornada de defensa de la vida».

Se trata de una parte de denunciar que el progresivo reconocimiento de los derechos humanos no ha extirpado completamente la antigua tendencia esclavista de considerar a las personas como una simple mercancía. Se apela a falsos derechos y se olvidan los inviolables del más pequeño e indefenso de los seres humanos, el embrión, el feto. Y esta voz de alarma es para todos, aun cuando la responsabilidad ética sea gradual.

Ya no sólo es denunciar, también se debe redescubrir que el avance en el ámbito biosanitario, si no conlleva un avance ético, paradójicamente, tampoco será científico. Y es estimulante seguir la hombría de bien que han dejado los pioneros en el descubrimiento y desarrollo de las vacunas, avalado también por la claridad y profundidad de la doctrina católica.

_____________________

Gloria María Tomás y Garrido es doctora cum laude en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid con máster en Bioética en la Universidad de Murcia. Su tesis doctoral le mereció el premio Rafael Folch. Actualmente es profesora de Bioética en la Universidad Católica de Murcia, donde dirige el Máster oficial de Bioética y el Grupo e Investigación «La Bioética y su proyección social», además de ser miembro del Comité de ética de la investigación. Pertenece al Consejo editorial de la revista Cuadernos de Bioética de España y es miembro del observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Ha sido autora y editora de más de diez libros, con participaciones en capítulos de otros cincuenta y dos, y con cerca de cien artículos publicados. Sus línea de investigación e interés van desde la Bioética Farmacéutica hasta la enseñanza de Bioética a través del cine.