Un problema enorme, ninguna solución clara. Los presidenciables frente a la reforma energética

Aunque el sector energético es fundamental y el petróleo es uno de los pilares de la economía, ninguno de los tres principales candidatos a la presidencia –sostiene David Mendoza– tiene propuestas claras sobre cómo resolver los problemas de energía que padece México.

En el marco del proceso electoral de 2018 –en el que se renovarán la presidencia de la república, la cámara de diputados y senadores, algunas gubernaturas, alcaldías y legislaturas estatales–, una parte de la discusión entre los abanderados de los diferentes partidos políticos y candidatos independientes se ha centrado en la viabilidad de mantener, acotar o derogar las reformas estructurales que se impulsaron durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y que prometían elevar los niveles de productividad, mejorar el crecimiento económico, fortalecer el nivel de bienestar de la población y afianzar las libertades ciudadanas en el ámbito democrático.

Cabe señalar que las llamadas reformas estructurales fueron parte de un proceso de largo alcance que no solo tuvo ajustes a nivel interno, sino que también llevaba al gobierno mexicano a promover el incremento de inversiones, la generación de empleo y la construcción de infraestructura pública que requería de actores internacionales que se sintieran atraídos por contribuir estratégicamente con tecnologías, agendas de innovación de mercado, así como productos y servicios que dinamizaran el consumo interno.

En este contexto, los candidatos electorales han centrado su debate en los alcances y limitaciones de la reforma energética dado que esta industria resulta un pilar estratégico en el desarrollo económico, la certidumbre productiva y el desarrollo de los proyectos sociales de largo plazo. Las propuestas de gobierno de los cinco contendientes oscilan y compiten en aspectos específicos donde se enarbolan el nacionalismo, la regulación estatal o la apertura total del sector. Por eso mismo y para efectos prácticos presentaremos la visión de las tres principales fuerzas políticas, dado que los contrincantes de más bajo perfil o independientes, redundan entre las principales tesis expuestas por la mayoría.

La discusión de las propuestas partidistas se centran en las condiciones de apertura que deja el presidente Peña Nieto en torno al modelo energético, los riesgos y las oportunidades de que la cadena de valor se reparta entre el sector público y privado a partir de alianzas estratégicas, la adecuación de esquemas de producción de energía, la participación abierta del sector privado en el modelo de hidrocarburos, la implementación de la economía verde bajo esquemas de eficiencia, así como la transición de modelos de producción y consumo sustentable.

 

Implementación y consecuencias de la reforma energética de 2012

No podríamos explicar las posturas electorales de los actuales candidatos en materia energética sin entender el proceso de reformas estructurales que se dieron a lo largo de los últimos tres sexenios y que se consolidaron en una apuesta arriesgada por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Lograr los consensos políticos para reestructurar el sistema energético nacional y diversificar la matriz energética fue el punto nodal de la reforma presentada por el ejecutivo en 2012. Para esta administración resultaba imperativo generar escenarios favorables para enfrentar las nuevas condiciones globales de energía y los escenarios medioambientales que presenta el modelo de producción del siglo XXI.

El proyecto del gobierno federal pretendía ir más allá de la dinámica de control estatal que se había mantenido por décadas en las dos paraestatales de energía, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Durante décadas el modelo energético se había amparado bajo un discurso ideológico, nacionalista y monopólico del Estado dadas las prerrogativas que obtenían de esta industria la clase política, sindical, partidista y burocrática.

Los ligeros cambios realizados durante las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón en torno al sector energético abrieron la posibilidad de reacomodar el funcionamiento del sistema burocrático-administrativo al fortalecer la relación entre empresas privadas nacionales y extranjeras, con el objetivo de impulsar la modernización tecnológica y la capacitación de su talento humano.

Cabe señalar que las medidas efectuadas por los gobiernos panistas allanaron el camino para que las empresas privadas pudieran incidir en procesos muy específicos, aunque bajo la mirada de la Secretaría de Energía mediante órganos reguladores que fortalecían el actuar de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dotándolos de autonomía técnica y de gestión para impulsar al sector energético y, al mismo tiempo, manteniendo este en orden a través del Consejo de Coordinación del Sector Energético (CNH, 2014).

En este sentido, tanto PEMEX como la CFE dieron como resultado beneficios palpables al acceder de manera inmediata a insumos, capacitación, asesorías, renovación tecnológica y diversificación de fuentes alternas de energía para incorporar potencia, eficiencia y generación sustentable al portafolio energético a partir de nuevos desarrollos en los procesos de explotación, producción, transmisión, transporte, conectividad, venta de combustibles y energía eléctrica; aunque, a la par, también incrementó el nivel de la deuda.

La baja en los precios del petróleo y la caída crónica de la producción de hidrocarburos que se venía registrando desde 2008 fue la justificación para que el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto impulsara la reforma energética y aprovechara los avances de su predecesor con la intención de reactivar las inversiones, alentar una mayor participación regional por parte de la iniciativa privada nacional y extranjera y descentralizar las actividades del Estado en el sector.

En su primer discurso presidencial, Peña Nieto mencionó una serie de estrategias en las que el sector energético sería un eje fundamental en la agenda de gobierno para lo cual era necesario, entre otras cosas: a) explotar en forma sustentable y audaz los recursos del país, b) fomentar mayor competencia en todos los ámbitos, c) incrementar la inversión en infraestructura, d) aumentar el nivel de crédito para financiar áreas estratégicas y promover la economía formal, e) fortalecer el mercado interno, y f) lograr una mayor participación en el mercado global (CEPROPIE, 2012).

El grupo político del PRI sabía que el desafío más significativo era el escepticismo nacional y partidista en torno a las políticas aperturistas, dado que, desde su gestión en el Estado de México, las decisiones de los priistas habían sido, «recurrentemente, medidas de apoyo y promoción de los intereses de las élites del poder económico, nacionales y extranjeras, y en contra, de manera radical, de los intereses populares que alguna vez defendieron como parte de su ideario político.»[1][2]Aprovechando la coyuntura, se promovió un pacto político entre las fuerzas del PRD y el PAN que buscaba generar consensos, coordinación y colaboración para ajustar la política energética y plantear soluciones de largo alcance.

En julio de 2012 se inició un acercamiento para negociar un gran acuerdo nacional que privilegiara las coincidencias de todas las fuerzas políticas con la finalidad de sellar compromisos sustanciales sobre la agenda nacional. Nació así el Pacto por México y, por consiguiente, la llave que permitió iniciar las reformas estructurales entre las que se inscribe la reforma energética.

El Pacto por México resultó una importante palanca que reunió las posturas de las fuerzas políticas, aun las más divergentes. Con la aprobación de la reforma energética, mediante el voto del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, se dio paso a las modificaciones de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que permitieron inversiones privadas complementarias en el sector a partir de contratos de utilidad compartida en el marco de un ordenamiento jurídico reglamentado y predeterminado por el Estado, quien conservaría la rectoría energética como ente regulador del mercado, pero con nuevas dimensiones para intervenir, asignar derechos y obligaciones y supervisar el cumplimiento de la ley a través de sus instituciones.

Estas modificaciones servirían como plataforma para impulsar la Estrategia Nacional de Energía 2012-2017 y algunos aspectos complementarios del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND, 2013), pero sobre todo para fortalecer a los nuevos órganos reguladores que dictarían las acotaciones ante la eventual apertura.

Mediante la reforma energética, aprobada a pesar de los argumentos de los partidos de izquierda, el resto de las fuerzas políticas consideró necesario generar un marco de leyes secundarias o de operatividad que otorgara a los nuevos actores involucrados la certeza jurídica y normativa para regular el mercado de manera eficiente, equilibrar las facultades y obligaciones del Estado y dotar a los nuevos organismos de herramientas para resolver de manera autónoma las fallas en el mercado y evitar las concentraciones monopólicas redimensionando los grados de intervención estatal a partir de la competencia.

El análisis de las leyes secundarias en el Congreso se centró en cuatro grandes rubros:

a) Promover la seguridad energética con criterios de continuidad sostenida, precios competitivos y sustentabilidad.

b) Fortalecer los órdenes reguladores para hacer valer la rectoría del Estado.

c) Asegurar la transparencia en las licitaciones, contratos y administraciones de fondos para evitar cualquier atisbo de corrupción.

d) Impulsar la sustentabilidad de las tecnologías de aprovechamiento de fuentes limpias para asegurar el flujo energético a las futuras generaciones.

Bajo este contexto, podemos señalar a la distancia que la reforma energética fue una apuesta política que no tuvo los resultados esperados. Desde su concepción, se vislumbraron objetivos muy ambiciosos, pero con trayectorias nebulosas y poco confiables que terminaron por generar más incertidumbre que certeza ante la premura de un ejecutivo que pretendía dar un mensaje a la comunidad internacional de fortaleza institucional y de liderazgo, a pesar de las voces discordantes.

Los legisladores de los partidos involucrados improvisaron una estructura jurídica que no satisfacía las expectativas de los nuevos actores. A la par, el proyecto carecía de instrumentos adecuados que indicaran a los inversionistas los caminos para participar en la modernización del sector, así como para articular recursos materiales y humanos.

La mala gestión política, el recorte de recursos materiales, las limitaciones del flujo de capital público, el alza en las tarifas de la energía eléctrica, el incremento exponencial de los precios del gas LP, el alza permanente en los precios de la gasolina y el diésel, el mantenimiento de cajas chicas utilizadas por funcionarios y grupos de poder político ligados a sindicatos corruptos, el desvío de recursos y los grupos coludidos con la delincuencia organizada nos muestran un panorama ante el cual ningún candidato tiene, hasta el momento, una estrategia clara para romper tal círculo vicioso y alejarnos de la posible dependencia energética que ya supera 60% del total de los recursos que consumimos.

Independientemente de quién gane la presidencia, el nuevo gobierno deberá readecuar la política energética y proponer nuevos esquemas de participación acordes a la demanda de combustibles. En materia petrolera, por ejemplo, los últimos tres gobiernos se han centrado en la extracción de petróleo, pero no en la refinación y transformación del recurso.

Ante la falta de recursos públicos, las refinerías se deterioraron y actualmente trabajan muy por debajo de su capacidad. Como consecuencia, hoy dependemos en 75% de la importación de gasolina, lo cual tiene efectos negativos en la economía ante el incremento de los precios que se perciben en todos los esquemas productivos, de transporte y de servicios.

¿Qué decir de la producción del gas natural? Por falta de tecnología y desarrollo industrial importamos en la actualidad cerca de 5,696 millones de pies cúbicos diarios de este combustible, de acuerdo con los últimos informes de PEMEX, mientras la caída en la producción interna es la más baja en los últimos 12 años.

Hasta el día de hoy existe un evidente desperdicio de los recursos energéticos desde las torres de perforación de petróleo, que al encontrar las bolsas de gas que anteceden al hidrocarburo en lugar de reorientarlo para su captura, lo queman como parte de un proceso de venteo que termina contaminando la atmósfera. ¿Alguna propuesta concreta de los candidatos para evitar este despilfarro? Ninguna.

Por cuestiones medioambientales, la CFE modificó su portafolio de producción energética, pasando de la quema de combustóleo a gas natural en la mayoría de sus plantas; sin embargo, para atender la demanda de electricidad a nivel industrial, comercial y doméstica, la paraestatal depende de la importación de gas natural en al menos el 60%.

En materia de energías renovables, los principales proyectos se centran en el desarrollo de complejos eólicos, solares y geotérmicos que ya han sido adjudicados, pero que aún presentan deficiencias en las reglas operativas de generación, distribución y comercialización, dado que la CFE es el único comprador de megawatt/hora que no sea utilizado por los grandes consumidores industriales.

 

Los candidatos ante la política energética

El discurso común de la mayoría de las plataformas electorales de los partidos políticos, candidatos a la presidencia de la república y a legisladores se centra en una visión economicista, productiva, medioambiental y social que garantice el acceso a los recursos energéticos y, por ende, a la mejora de la economía.

Las intenciones de bienestar, desarrollo y mejora en materia energética son muy amplias, pero sin la contundencia necesaria por parte de los tres principales candidatos. ¿Qué propuestas concretas presentan los aspirantes presidenciales frente a los comicios de 2018?

 

Coalición Todos por México

Hasta el momento la propuesta del candidato José Antonio Meade en materia energética no sale del lugar de confort, las referencias oficiales y las estadísticas de las políticas públicas que se alcanzaron durante el gobierno de Peña Nieto; en pocas palabras, propone continuidad.

El candidato asegura que el modelo energético propuesto en 2012 ha sido un factor vital en el crecimiento económico del país y que representa un ejemplo exitoso, transparente y adecuado para dar certeza a las inversiones extranjeras en la materia. Por eso mismo cuestiona las posturas de quienes pretenden someter a revisión los contratos, acuerdos e inversiones que se han establecido con actores internacionales, porque, argumenta, esto daría la imagen de que México no respeta los acuerdos firmados y ahuyentaría a los inversionistas nacionales y extranjeros ante posibles actos autoritarios, discrecionales, confiscatorios y expropiatorios.

Considera necesario dar continuidad a la reforma energética y a los acuerdos de inversión en los que ya se comprometieron más de 200,000 millones de dólares, los cuales servirán para mantener un modelo abierto que genere 800,000 empleos directos, de acuerdo con las tendencias globales, y evitar el regreso a un esquema caduco donde el Estado acapare el control del sector.

De manera general la coalición plantea el acceso a inversiones para fortalecer una matriz energética limpia e impulsar el desarrollo de energías renovables y limpias para explotar la energía solar y eólica; de igual forma, propone mantener la productividad de hidrocarburos y electricidad a partir de las condiciones compartidas, a fin de potenciar la infraestructura con recursos de inversionistas privados y preservar de ese modo la estabilidad económica.

Aunque la propuesta insiste en el desarrollo del aprovechamiento de energías renovables, esta se diluye en cuestiones medioambientales, de pobreza o turística y de biodiversidad que no alcanzan a acotar y profundizar en la temática sectorial.

 

Coalición Por México al Frente

La postura del candidato Ricardo Anaya ante el sector energético pareciera ambigua. Sobre todo, porque él fue una pieza clave en la implementación de la reforma energética de 2012 como diputado del PAN. Al ceder ante las presiones de la presidencia para implementarla, contribuyó al debilitamiento de la paraestatal y al alza de los precios en los combustibles.

Anaya menciona que el espíritu de la reforma energética es el mantenimiento de una empresa pública fuerte, pero con la capacidad de incluir inversión privada en aquellas actividades que sobrepasan la capacidad de PEMEX o de la CFE, y que permita la generación ingresos para el Estado, riqueza general y empleos; el Estado tendría un papel regulador a partir de las instituciones encargadas en la materia.

Con el fin de dar certidumbre y evitar suspicacias, el candidato propone fortalecer el estado de derecho al integrar la reforma energética al Sistema Nacional Anticorrupción a fin de vigilar las inversiones y los contratos, respetando los acuerdos que ya fueron firmados bajo el marco de la ley.

La postura es mantener los equilibrios costo-beneficio e integrar una visión mixta de cooperación entre el sector público y la empresa privada para lograr el desarrollo en materia de hidrocarburos, creación de empleos y generación de fuentes de energías renovables, dado el enorme potencial esto último que tendría en el sector medioambiental.

Anaya considera cuatro ejes para fortalecer la transición y convertir a México en potencia energética: 1) impulsar el desarrollo de energías limpias en los hogares por medio de la captación de energía solar; 2) fijar límites de contaminación en las empresas a partir de modelos ambientalmente sostenibles con efectos positivos en el desarrollo económico y social; 3) impulsar la movilidad eléctrica y no motorizada mediante estímulos financieros, y 4) buscar que al menos un tercio de las pequeñas y medianas empresas usen tecnología de aprovechamiento de energía solar a partir de prerrogativas.

 

Coalición Juntos Haremos Historia

Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido desde 2006 como un político antisistema que se opone en todo momento al modelo económico neoliberal y a la apertura del sector energético. Como candidato ha mencionado que buscará romper con el círculo de desvíos millonarios, corrupción y despilfarro de recursos públicos que, según su percepción, rodea a la industria energética.

Desde esta óptica, el candidato López Obrador pretende el manejo integral del sector energético, lo que incluye la exploración, perforación, producción de crudo y gas, refinación, petroquímica y el control industria eléctrica con el objetivo de utilizar la cadena de valor del sector completa. Para lo anterior, es necesario reactivar el complejo energético de hidrocarburos al construir cinco nuevas refinerías ubicadas en Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco y Campeche, en aras de generar valor agregado a la materia prima e impulsar la autosuficiencia energética en combustibles.

La idea central es fortalecer a la empresa pública, solventar el mercado interno al dejar de importar gasolinas, diésel y gas, fomentar el ahorro y devolverle al Estado el control y la seguridad energética. Con los recursos obtenidos, alcanzaría para dar mantenimiento y actualizar a las otras seis refinerías, por lo cual dejaría de estar comprometida la soberanía nacional.

De acuerdo con su postura, no se descartaría la asociación entre el sector público y privado, pero deja claro que el Estado tomaría estrictas normas de regulación para verificar que todo esté bajo el marco de la ley y que no hubo tráfico de influencias ni corrupción. Las adjudicaciones firmadas durante la gestión de Peña Nieto quedarían sujetas a revisión, por lo que algunos inversionistas se han mostrado inquietos.

En materia eléctrica, López Obrador considera necesario que el gobierno vuelva a operar el 100% de las plantas de energía, haciendo uso de toda la capacidad de las hidroeléctricas para reducir el precio a los consumidores y a la industria, y evitar así la privatización del sector y el control de los precios por parte de empresas extranjeras.

La propuesta de López Obrador y su coalición no otorga espacio suficiente a las energías limpias, pero propone crear el Instituto de Energías Renovables, en el que se podrán generar investigación y desarrollo para impulsar la transición energética, sin descuidar los hidrocarburos. El modelo parece anacrónico para el siglo XXI, pues regresa a las viejas estructuras que tanto daño le hicieron a la industria energética nacional, aunque ahora incorpora la idea de fortalecer al sector atacando la corrupción con una cruzada estatal.

 

Sin rumbo claro

Mientras los candidatos hacen propuestas en materia energética dignas del siglo XX, los procesos globales y la carrera económica en bloques regionales están marcando una pauta que los equipos de campaña de los candidatos no parecen comprender.

El paradigma energético supone un esfuerzo constante para mantener el proceso de transformación en la reproducción del sistema macroindustrial, que hoy se basa en usar el conocimiento científico para atomizar las fases productivas. Por tanto, la política energética mexicana no puede reducirse a posiciones ideológicas, porque lo que hoy en día se busca es la incorporación de variables de transición que mejoren los procesos de eficiencia energética, transformación, manejo y distribución de los recursos.

Por ello, el modelo energético requiere de la participación de la iniciativa privada para que esta incida y acompañe al Estado en acrecentar sus capacidades financieras, así como implementar innovaciones bajo un marco que equilibre las condiciones socioambientales con la competitividad sostenible, y que fortalezca todas las actividades productivas. Por consiguiente, las propuestas de los candidatos quedan a medio gas e iluminan poco las complejidades del panorama energético.

 

 

NOTA

[1]Arnaldo Córdova, «El regreso del PRI», La Jornada, 2 de diciembre de 2012, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2012/12/02/politica/020a1pol

 

REFERENCIAS

-Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), «Discurso íntegro del presidente Peña Nieto a la Nación», México, 1 de diciembre de 2012.

-Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 21 de mayo de 2013, http://pnd.gob.mx/, recuperado el 25 de enero de 2014.

 

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Posted by David Mendoza Santillán

David Mendoza Santillán es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Premio Nacional de Periodismo 2003, analista y articulista sobre modelos de transición energética, políticas públicas, tecnología y sociedad.

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