Prostitutas y migrantes: cuerpos bajo el control estatal

En México, las centroamericanas que trabajan en el comercio sexual suelen ser entendidas como víctimas de trata. Laura Aguirre muestra cómo las leyes e instituciones destinadas a combatir este delito terminan actuando como un aparato de control y represión.

Coni tuvo una vez la oportunidad de dejar de ser una indocumentada en México. Su historia cumplía con todos los requisitos para pedir y obtener el estatus de refugiada. Un día de 2012 huyó con lo puesto de San Pedro Sula en Honduras. La perseguía la pandilla que gobernaba su barrio por una deuda de 18,000 lempiras (poco más de 14,000 pesos) que había heredado después de que asesinaron a su hermana menor. Nunca podría volver a su país, pero no perdía la esperanza de un día reunirse con la hija y hermanas que había dejado atrás. Ser refugiada suponía esa oportunidad, podría quedarse legalmente en territorio mexicano y el estado la ayudaría a establecerse y conseguir un trabajo. Lo mejor, lograría traer con ella a su hija. Pero nada de eso sucedió. En el último momento Coni se negó a asistir a la entrevista que abriría oficialmente esa puerta.

Conocí a esta mujer en una localidad de la frontera sur de México a principios de 2013. Con 22 años recién cumplidos trabajaba en uno de los tantos bares de la frontera entre México y Guatemala en los que muchas migrantes centroamericanas ejercen la prostitución. Sus compañeras del bar la convencieron de no acudir a la entrevista. Le advirtieron que si asistía no podría trabajar más, las autoridades no se lo permitirían. Todavía peor, le contaron que existían unos sitios donde encerraban a las mujeres que hacían esa solicitud. Ella podía terminar ahí.

«Dicen que le dan donde dormir y comida, pero siempre hay alguien vigilando y uno no puede salir cuando quiere. Imagínese que ya no puedo trabajar. ¿Cómo voy a mandarle dinero a mi hija y a mis hermanas? Laura ¿de verdad existen esos lugares?», me preguntó. Al principio no supe qué responderle, no sabía de qué lugares me estaba hablando. Entonces caí en la cuenta, tenía miedo de que la llevaran a uno de los albergues para mujeres víctimas de la trata de personas.

Chiapas, la puerta para centroamericanos indocumentados a México, lleva años señalado de ser el estado que más alimenta la siguiente ecuación: mujer + migrante irregular + prostituta = víctima de la trata de mujeres. Pero también ha sido reconocida por su compromiso en el combate a este delito. En el año 2009, bajo la guía de la Convención de las Naciones Unidas, conocida como Protocolo de Palermo, la trata fue penalizada en Chiapas. Desde entonces ha logrado más sentencias condenatorias que cualquier otro estado del país, especialmente en casos de explotación sexual.

Entonces ¿por qué las prostitutas rechazan o huyen del rescate y la protección que el estado les ofrece? En la práctica, la ley, esa que en los discursos aparece para salvaguardar los derechos humanos de estas mujeres, funciona como un instrumento de control que sirve ante todo para detectarlas, detenerlas y repatriarlas a sus países.

El informe mundial sobre la trata de personas de 2014 afirma que este delito afecta prácticamente a todos los países del mundo, especialmente a mujeres y niñas tratadas con fines de explotación sexual. Sin embargo, la clandestinidad de los flujos migratorios irregulares hace difícil contabilizar a las migrantes y distinguir entre las que han decidido trabajar en la industria del sexo, las que van a laborar en otras actividades y las que han sido forzadas.

En la frontera sur de México la presencia de centroamericanas en el comercio sexual no puede negarse. Según la Encuesta sobre Migración y Salud Sexual y Reproductiva en la frontera México-Guatemala (2009-2010), el 68.5% de las trabajadoras sexuales eran extranjeras provenientes de los países centroamericanos (39% Honduras, 38% Guatemala, 16% El Salvador, 5% Nicaragua y 1% Panamá). Pero su presencia también es obvia a la vista. En las localidades de la frontera chiapaneca la prostitución no es clandestina. Las mujeres no están metidas en cantinas disfrazadas de casas de familia decente. Tampoco están encerradas en sótanos construidos en medio de la nada. No hay necesidad. Las trabajadoras sexuales están por todas partes, se mueven y laboran bajo la luz del día y de las lámparas nocturnas. Así como en otros 12 estados, en Chiapas el estado regula la prostitución.

La reglamentación de la prostitución, el no reconocimiento de esta actividad como trabajo y la penalización de la trata de personas es la combinación de marcos legales que interpelan a las migrantes en el comercio sexual. Un espacio gris en el que pocos derechos pueden invocar y en el que, como prostitutas, bien pueden ser entendidas por las autoridades como víctima a rescatar o amenaza a controlar.

Consideradas como una amenaza a la salud pública y la moral, las prostitutas pueden trabajar siempre y cuando sigan ciertas reglas: trabajar en lugares catalogados como giros rojos (zona de tolerancia, algunos bares y clubes nocturnos), hacerse chequeos ginecológicos periódicos y llevar siempre consigo un tarjetón extendido por la jurisdicción sanitaria que certifique que son «mujeres seguras». En dos frases: mayores de edad y sin enfermedades de transmisión sexual. Si no cumplen con estas obligaciones pueden ser detenidas, multadas y hasta repatriadas. Pero cuando una prostituta es considerada víctima de la trata, el interés principal del estado es rescatarla, sacarla del comercio sexual y con suerte apresar también a los mafiosos. Para eso lleva a cabo redadas sorpresa en los giros rojos que buscan detectar infraganti la trata de mujeres y niñas.

Aunque en el discurso público se maneja como incuestionable que la mayoría de mujeres ha llegado a la prostitución con engaños y permanece en él bajo coerción, frente a un juez es necesario probarlo. Pero lograrlo no es tarea fácil porque las mujeres no suelen identificarse como víctimas y en la mayoría de casos vuelven al comercio sexual. «Porque ellas jamás, nunca se sienten víctimas. Nadie, nadie, nadie. Ese es un asunto de todos los casos en los que hemos hecho rescate», me dijo un fiscal.

No reconocerse como víctimas no implica que las mujeres desconozcan las situaciones de riesgo y marginación en las que viven por trabajar en la prostitución. Significa en cambio que sus vidas y las decisiones que toman son tan complejas que no caben dentro de la simplificación a la que las reduce la categoría víctima (mujer pasiva e inocente sin capacidad de acción y en necesidad de rescate y tutela). Optar por algo o hacer una elección es un proceso complicado en el que intervienen las condiciones económico, sociales y políticas de los contextos, así como cuestiones de clase, raza y nacionalidad. Al igual que otras mujeres en actividades feminizadas y precarias, las trabajadoras sexuales suelen decidir su labor, no por realización personal, sino por ser esta la opción que consideran mejor entre las pocas a las que tienen acceso.

Para hacer frente a estas complicaciones y asegurar el éxito de los rescates, la estrategia estrella de las autoridades es concentrarse exclusivamente en las «niñas» (generalmente adolescentes entre 14 y 17 años); las que no tienen voz, las que no importa lo que digan porque por ser menores de edad para la ley son incapaces de decidir sobre sus vidas. «Entonces lo que hicimos nosotros es irnos con las menores de edad, aprovechando que la ley nos da una facultad donde dice que cuando son menores de edad no importan los medios comisivos. Entonces para no estar determinando si hay trata, si no hay trata y estar convenciendo a los jueces, lo que hago es agarrar a puras menores de edad y liberarlas», siguió su explicación el fiscal.

La liberación implica que las adolescentes rescatadas se conviertan en testigos claves en los procesos judiciales. Su permanencia en el país depende muchas veces de esa colaboración. Las rescatadas pasan a vivir en albergues especiales. Estos lugares son definidos como casas de resguardo, nadie excepto el fiscal y otros pocos saben su ubicación. Las mujeres solo pueden salir bajo vigilancia y tienen el acceso a llamadas y visitas restringido o anulado. Todas estas restricciones se ejercen en nombre de la protección de las víctimas, incluso cuando implican pasar por encima de la ley. «Hace algunos años los lenones mandaban abogados a buscar a las muchachitas y hablaban mal de nosotros. Cuando nos dimos cuenta de este fenómeno, yendo aunque sea en contra de su voluntad, y un poco más allá de la ley, tomamos la decisión de meterlas a un albergue, prácticamente secuestradas para que no tuvieran comunión con los abogados y familiares porque nos volteaban todo. Hasta nos acusaban con Derechos Humanos», termina el fiscal.

Desde el punto de vista de las autoridades, al sacar a las mujeres de la prostitución su deber para con ellas está cumplido. Pero esa acción está lejos de solucionar lo que ellas identifican como sus problemas y necesidades. La llegada y permanencia de estas migrantes en el comercio sexual encuentra explicación en una red de estructuras sociales que las privaron de acceso a recursos y capital social. De las mujeres que conocí ninguna quería ser prostituta toda su vida. Para ellas era una actividad temporal, pero la mejor entre aquellas a las que tenían acceso para alcanzar lo que consideraban una mejor vida para ellas y los suyos. Por eso huyen y se esconden de las autoridades, incluso si las condiciones en las que trabajan son precarias y peligrosas. «Ser rescatadas» les significa primero que todo quedarse sin trabajo y sin dinero para mantener a sus familias. Pero también verse privadas de su libertad, obligadas a pagar multas y muchas veces forzadas a volver a sus países de origen. Reconocerse como víctimas tampoco les garantiza la protección de derechos de estadía, de trabajo y de movilidad.

En febrero de 2014, casi un año después de la última vez que nos vimos, Coni me contactó por Facebook. Me contó por chat que estaba en alguna parte soleada de Estados Unidos. Se hizo novia de un coyote con el que cruzó la frontera norte de México y que la llevó hasta la casa de sus parientes. Ese mismo novio le trajo más tarde a su hija y sobrino. Tiempo después se casó con un ciudadano estadounidense. Ahora está en trámite de regularización. Coni daba gracias a Dios. Desde su perspectiva había tomado la decisión correcta al usar medios ilegales y arriesgados, pero más seguros para lograr su sueño de vivir tranquila y sin miedo.

 

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Posted by Laura Aguirre

Laura Aguirre (El Salvador) es periodista, socióloga e investigadora. Colabora como columnista en el diario digital El Faro y como editora de la sección de género de Cuadrivio. Coordinó la investigación «Un paraíso para violadores de menores» y ha participado en medios internacionales como Univisión y Deutsche Welle. Se especializa en temas de género, violencia y migración, especialmente en los tópicos trabajo sexual y trata de personas.

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