Por una política relacional de género

Partiendo del contexto de la aguda crisis económica que enfrenta el mundo en la actualidad, Antonio Giménez Merino realiza un análisis crítico de los efectos colaterales y los mitos que se han ido construyendo en torno a los logros y alcances reales del feminismo diferencialista contemporáneo, cuestionando tanto su incidencia real en la transformación de las condiciones de vida de la mayor parte de las mujeres, como su capacidad para conectar y empatizar con otros sectores, el hombre medio particularmente, lo que en la práctica ha limitado considerablemente sus alcances y su capacidad de reducir las desigualdades imperantes en los campos económico, político y jurídico y transformar una sociedad que se mantiene eminentemente heterosexista.

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Partiendo del contexto de la aguda crisis económica que enfrenta el mundo en la actualidad, Antonio Giménez Merino realiza un análisis crítico de los efectos colaterales y los mitos que se han ido construyendo en torno a los logros y alcances reales del feminismo diferencialista contemporáneo, cuestionando tanto su incidencia real en la transformación de las condiciones de vida de la mayor parte de las mujeres, como su capacidad para conectar y empatizar con otros sectores, el hombre medio particularmente, lo que en la práctica ha limitado considerablemente sus alcances y su capacidad de reducir las desigualdades imperantes en los campos económico, político y jurídico y transformar una sociedad que se mantiene eminentemente heterosexista.

 

 

 

Antonio Giménez Merino

 

 

Feminismos y masculinidades

A casi treinta años de la publicación de la Éthique de la différence sexuelle (1984), de Luce Irigaray, mi impresión –la de un varón atento a las luchas en el campo de la emancipación sexual– es que el feminismo de la diferencia ha sido fundamental en la generación de un imaginario contrapuesto al patriarcal, al hacer emerger las singularidades y las capacidades de la cultura de las mujeres; pero, también, que ha desdibujado el espíritu y los logros del feminismo igualitarista, hoy de nuevo necesario según pone de manifiesto, en nuestra Europa en crisis y con una derecha social rearmada, el galopante desmantelamiento de estructuras tan básicas para equilibrar la desigualdad entre sexos como las ayudas a las familias con personas ancianas a su cargo, instituidas con gran esfuerzo en la pasada década. Dicho simplemente, de poco vale batallar por el famoso techo de cristal si no arreglamos primero el suelo pegajoso al que están adheridas multitud de mujeres con pensiones mínimas, trabajos a tiempo parcial, salarios inferiores a los masculinos, embarazos sin cobertura pública, redes de prostitución, etc. Y el feminismo que se ha instalado con fuerza en las instituciones y en algunas leyes tiene más, me parece, de lo primero que de lo segundo.

Una de las consecuencias indeseables de las políticas que atribuyen derechos por la pertenencia a un sexo, o a una identidad sexual, es haber instalado en el imaginario social una imagen de vendetta del feminismo, lo que explica la poca propensión de la mayoría de los varones a empatizar con las necesidades de las mujeres y, no digamos ya, a sentir que los problemas de éstas son también los suyos propios.

Otra consecuencia es que la necesaria definición de las situaciones a proteger por la norma (lo que los juristas llamamos «el estándar legal») ha abierto un campo de luchas por ver reconocida y amparada la propia situación de discriminación. Mujeres heterosexuales, gays, lesbianas y transexuales transitan separadamente por dicho campo, como si cada uno de estos fuera por sí mismo un grupo identitario nítidamente diferenciable de los demás.

Como el feminismo identitarista y la teoría queer, las corrientes multiculturalistas y comunitaristas han tenido mucho que ver en esto. En el contexto de la pérdida global del sentimiento de raigambre que acontece en nuestro tiempo histórico, dominado por el imaginario de la globalización, el pluralismo identitario ha hallado un buen acomodo. Sólo que definir subculturas o comunidades (en nuestro caso, femeninas, heterosexuales, homosexuales o trans) para las cuales se reclaman derechos específicos resulta altamente problemático si consideramos, por un lado, que las identidades sexuales casi nunca resultan definibles monolíticamente –aunque la socialización por roles sexuales que recibimos nos dificulte pensar de este modo– y, por otro lado, que como seres sociales vivimos en relación, no en comunidades cerradas de héteros, o en guetos acotados a las minorías sexuales.

No se trata de ocultar el hecho de la persistente dominación patriarcal, o más precisamente, heterosexista con atribución de mayor poder a los varones. (Lo estamos viendo muy claramente en España, donde el desempleo, que afecta ya a más de una cuarta parte de la población, se ceba sobre todo en quienes más soportan los trabajos a tiempo parcial, es decir las mujeres.)[1] Pero abordar esto desde políticas sexoespecíficas tiene el hándicap de reforzar la imagen social de que hay personas que, minoradas por su sexo o su orientación sexual, precisan de tutela en tanto sujetos débiles. Mientras eso sucede, el varón heterosexual medio permanece siempre oculto en las leyes. Éstas parecen estar más preocupadas por el varón violento, el pederasta o el psicópata (la excepción) que, por ejemplo, por la multitud de varones irresponsables en sus relaciones sexuales, para quienes el derecho de las mujeres a abortar –una regulación sobre el mayor o menor poder de las mujeres sobre su cuerpo en la que intervienen también los varones– resulta un bien caído del cielo.

Por estas razones, creo que es necesario reorientar de una vez la estrategia hacia la proposición de políticas de género que impliquen a los varones, haciéndoles ver que se trata de una problemática que se da en un terreno materialmente compartido y donde está en juego la propia emancipación del hombre medio.

 

Por qué motivo nos conviene implicarnos a los varones

En respuesta al empuje del feminismo, la industria audiovisual y los propios varones han puesto en circulación el mito de que cada vez hay una mayor implicación masculina en el trabajo doméstico y en el cuidado de los niños. Sin embargo, en España la corresponsabilidad en los trabajos domésticos sólo se da en el 17% de los hogares (cuando el varón goza de una jornada corta, empleo estable y nivel educativo alto) y es mínima cuando la mujer no tiene un trabajo remunerado.[2] Hay que ir con mucho cuidado por tanto con esta falacia, pues constituyendo la empresa el sujeto ordinal de nuestro tiempo, mientras ésta no dé valor al trabajo que no da ganancia inmediata –sobre todo el de cuidados–,[3] difícilmente es imaginable una implicación real de los varones en esas tareas.

Pero no todos los varones ejercen su dividendo patriarcal.[4] Existen hombres empáticos, cuidadores, no violentos y para quienes la vida no se mide en términos competitivos, sólo que el modelo al que dan vida queda oculto en el imaginario cultural y político dominante. La autoorganización de un número creciente de varones en torno a las insatisfacciones que produce el imaginario en que hemos sido socializados[5] y su empatía con las desigualdades que esto comporta para muchas mujeres resultan objetivamente sintónicos con las luchas de éstas. Y ello apunta hacia un reto fundamental para el feminismo, que ha señalado muy bien entre nosotros la investigadora pacifista Carmen Magallón: «Difícilmente cuajará una crítica del rol y los valores masculinos que no sea avalada por el grupo de iguales».[6]

Comprender el género como una estructura relacional, compartida, permite ver a los varones no sólo como causantes de la discriminación entre géneros, sino también como víctimas de una común (hetero)normatividad que impone roles sociales diferenciados. Si nos interrogamos por los costos que una sociedad heterosexista como la nuestra tiene sobre los varones heterosexuales, veremos que tanto la violencia contra las mujeres como el odio homófobo o tránsfobo forman parte de una patología difusa relacionada con la coacción para que los varones nos adaptemos constantemente a las rígidas exigencias de la estructura social sexista.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2012 acaba de dar datos sobre esto: los procesos judiciales por violencia machista protagonizados por menores de entre 14 y 17 años han crecido un 33% de 2011 a 2012 (de 473 a 632).[7] Tanto la Fiscalía como el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial señalan como causa que los menores, en la mayoría de los casos, reproducen roles característicos de la violencia contra la mujer entre adultos, lo que apunta a dos cosas: los esquemas de sumisión clásicos están lejos de difuminarse, y en situaciones de crisis, propensas a que los varones que carecen de trabajo o precarizados se sientan más vulnerables, la violencia intrafamiliar aumenta.

La liberación de las mujeres y de todas las personas discriminadas por su orientación sexual depende en última instancia, pues, de la emancipación de los varones respecto al patrón de masculinidad dominante, vinculado a la idea falaz del individuo autónomo, capaz de hacerse a sí mismo. Y para que ello sea posible, es preciso indicar claramente (como hacen los grupos de hombres críticos) que dicho patrón condena a una realización individual muy incompleta y sesgada. El comportamiento masculino orientado por el éxito económico y la competencia victoriosa entre pares (el reproducido cotidianamente, por ejemplo, en los deportes profesionales) obedece a un esquema de dominación que vuelve frágil a su portador. Pues la mayoría no va a triunfar en la competición, pero habrá de demostrar igualmente que forma parte de ella.

Los comportamientos violentos y las conductas de riesgo (intrafamiliares, intraescolares, intraespecíficas, en el trabajo, en la calle, en espacios de ocio), moneda común en el actuar del sujeto masculino, revelan una vulnerabilidad profunda en términos de socialización insatisfactoria y consiguiente incapacidad de establecer relaciones horizontales con sus pares.[8] Por eso, me parece erróneo o simplista calificar a los hombres violentos de verdugos, en contraste con sus víctimas: antes son ellos mismos víctimas de una coercitividad social que empuja a pensar las relaciones en términos de dominio y de adaptación a los estereotipos, con la consiguiente dificultad para construir una narrativa personal. Las políticas de género deberían adoptar en este sentido puntos de vista relacionales, que no compartimenten las identidades en juego, e incidir en el ámbito educacional, preventivo, de los problemas. Ciertamente la noción de «género» tiene que ver con la construcción de la identidad de las personas, pero ésta no tiene sentido fuera de un marco de sujetos diferentes en constante relación.

 

Los campos de la desigualdad

Desarrollar el lado preventivo de los problemas que se apuntaba exige averiguar el modo y el medio en que la desigualdad se produce y se reproduce, es decir, los campos sociales –en el sentido dado por Bourdieu a esta noción–[9] en que el sexismo se despliega.

El primer campo es el económico.[10] El principal error de los enfoques diferencialistas, a mi modo de ver, consiste en separar su objeto de estudio de los condicionantes económicos, sobre todo en situaciones tan poco propicias para desarrollar las inversiones necesarias para satisfacer los derechos sexoespecíficos como la actual. La cadena producción-consumo es ciega a la nivelación social, se rige por el principio del beneficio. La democratización de las relaciones que algunos creen ver en los spots es en realidad una propaganda (sexista) dirigida a perfiles específicos de consumidores (da igual que sean resorts para gays que pequeños automóviles para mujeres con poder adquisitivo). Y la prueba es la enorme desproporción entre sexos en los cuadros dirigentes de las grandes compañías. Más importante que esto es observar lo que sucede por abajo, en el ámbito de las desigualdades que se registran en las estructuras salarial y de población ocupada, en la disminución galopante de los derechos sociales asociados al empleo (que golpean especialmente a las mujeres que no han podido mantener en el tiempo una ocupación estable y a tiempo completo), o en la no valorización del trabajo doméstico y de cuidado, mayoritariamente realizado por las mujeres.

El segundo nivel de resistencia a la igualdad se produce en el campo político, que es donde se están adoptando las reformas conducentes a la depauperación de las mujeres en el contexto actual de crisis: la disminución de las pensiones, la eliminación progresiva de las estructuras de servicio que funcionan como salario indirecto (guarderías, escuelas, residencias para gente anciana, etc.), el incumplimiento de las medidas de despliegue de la ley del aborto (actualmente en fase de reforma para devolver a las mujeres españolas a la situación anterior a la Ley 2/2010) que debían permitir la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos,[11] la falta de coraje para imponer medidas de acción positiva en el sector privado, etc.

Finalmente, el campo jurídico es también un terreno minado para la emancipación sexual. Sólo por poner unos ejemplos, es posible hacer un acopio amplio de jurisprudencia sexista en tribunales de alto rango sin necesidad de irnos a tiempos pretéritos.[12] Entre ellos nos encontramos, por ejemplificar, con la flamante restricción del Tribunal Constitucional (corte que ampara la objeción de conciencia de los profesionales médicos al aborto desde 1985) de la protección laboral a las mujeres embarazadas,[13] o con no considerar como acoso sexual «dar palmadas en las nalgas, dar un beso en la oreja, abrazar, dar un beso en los labios, acariciar la pierna o el pelo» o «proponer a una de las dos mujeres ir a hacer la siesta en un hotel» por parte de un farmacéutico a una de sus dos empleadas.[14] En el ámbito de las minorías, nos encontramos asimismo con numerosas dificultades para que la policía identifique las agresiones entre parejas del mismo sexo como un supuesto de violencia de género, o las dificultades que han de atravesar las personas que desean cambiar de sexo ante el prescriptivo informe de «disforia de género» que la ley pone en manos de psiquiatras. La vida de los derechos sexoespecíficos revela también su fragilidad, pues, en su paso por el sistema de filtrado de los operadores jurídicos.

 

Incorporada la diferencia, regresemos a la igualdad

Los enfoques diferencialistas del género (y su correlato en las políticas de acción positiva o inversión de la discriminación) guardan una lógica con el malestar de los minorados por su sexo o su sexualidad ante la insuficiencia de la igualación jurídica (o incorporación de la no-discriminación como principio rector de la política y el derecho) para rebajar significativamente la desigualdad de género. La incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo a partir de los años 60 les abrió una puerta a la emancipación en términos económicos, pero se hizo a costa de convertirlas en supermujeres capaces de cumplir, además de con su jornada laboral, con la habitual de trabajo doméstico no remunerado. La persistencia de la desigualdad laboral, de la violencia machista y homófoba, o de la desconsideración de las capacidades que las mujeres pueden aportar a la política desde su experiencia, son aspectos que justifican sobradamente el debate sobre el género del derecho abierto desde los años 90, y la necesidad de elaborar una legislación sexoespecífica pensada desde el punto de vista de las personas minoradas.

Sin embargo, esta oleada emancipatoria –representada por el último feminismo, la masculinidad anómica y la teoría queer– se ha producido en un tiempo histórico marcado políticamente por el neoliberalismo y la gradual despolitización del sujeto portador de estos discursos. La aparición de observatorios y ministerios de la mujer, cátedras feministas, o juzgados de violencia machista, y una abundante legislación de género, ha corrido a la par con la gradual disolución de las viejas estructuras de vigilancia autoorganizada que dieron lugar, históricamente, a reformas tan fundamentales como las referentes a la igualdad de derechos políticos, el divorcio o el aborto, o en el ámbito homosexual, a programas públicos de prevención y tratamiento del sida o a la igualación de derechos civiles. Lo que ahora pone de manifiesto con virulencia la gestión neoliberal de la crisis económica mundial es que los nuevos derechos valen poco si no hay un sujeto político fuerte que los sostenga.

Por otro lado, las políticas diferencialistas tienden a invisibilizar factores de discriminación cuyo entrecruzamiento con el género es lo que permite valorar la desigualdad que padece cada persona concreta. Salvo que tenga a un compañero igualitario (lo que, aunque raro, no es descartable), la mujer que opte por una igualdad de rentas con su pareja precisa de alguien que se ocupe del hogar. Y esa persona es, mayoritariamente, otra mujer en una situación personal peor, a la que al menos en España se suele pagar en negro, sin que ese trabajo genere prestaciones indirectas.

Por último, las políticas diferencialistas no nos permiten todavía representarnos a todos dentro de un imaginario común. Lo común a la mayoría es hoy la diferencia social, la pauperización creciente que padecemos, no la pertenencia a un género en abstracto.

Por todo ello, me parece esencial trabajar en la dirección de crear un ámbito discursivo que nos permita representarnos a todos como seres reconocibles en el sufrimiento. Y en este sentido es bien distinguible una comunidad patriarcal y heterosexista que golpea de igual modo a unas y a otros. Una política antidiscriminatoria amplia ha de ser capaz de especificar lo más detalladamente posible las situaciones generadoras de desigualdad, para que a partir de ahí se puedan impulsar leyes más atentas al papel que cumplen en la formación de la subjetividad instituciones hoy tan centrales como la empresa, los medios de comunicación, o la escuela. Y para que todos los operadores encargados de llevarlas a la práctica (abogados, jueces, magistrados, policías, evaluadores médicos, etc.), debidamente educados, tengan unos criterios de ponderación claros.

Pero todo esto no parece imaginable sin una política de alianzas por abajo, capaz de tirar hacia adelante con agendas prácticas que prioricen las situaciones de discriminación a proteger, enfocadas de un modo práctico al ámbito distributivo de los recursos disponibles.[15]

 

 

 

NOTAS


[1] Un estudio detallado sobre el desigual impacto por sexos, directo e indirecto (prestaciones asociadas a la vida laboral), del desempleo en A. Giménez Merino, «La crisis económica como oportunidad para repensar las relaciones de género». Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 25, 2012.

[2] Fundación de las Cajas de Ahorros. «Las familias en trasformación». Panorama social, 2010.

[3] Vid. María Teresa Martín Palomo, «“Domesticación” del trabajo: una propuesta para abordar los cuidados», en P. Rodríguez Martínez (ed.), Mujeres, trabajos y empleos en tiempos de globalización. Icaria, Barcelona, 2008, pp. 53-86.

[4] R. W. Connell define así «el honor, prestigio y derecho a dirigir y a tener mayores rentas del que gozan los varones» (Masculinities. Cambridge, Polity Press, 1995, p. 82).

[5] Lo ejemplifica las actividades de Hombres Igualitarios (www.ahige.com) en varias ciudades españolas. O encuentros internacionales en torno a la construcción de una masculinidad alternativa del calibre del Congreso Iberoamericano de Masculinidades y Equidad: Investigación y Activismo, desarrollado en Barcelona el 7 y 8 de octubre de 2011(http://www.cime2011.org/).

[6] Mujeres en pie de paz. Madrid, Siglo XXI, 2006, p. 226.

[7] Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2012. Madrid, Centro de Estudios Jurídicos, Ministerio de Justicia, 2013, p. 414.

[8] Luis Bonino ha estudiado y clasificado las «problemáticas masculinas» (malestares, trastornos y abusos) que resultan de la organización de la subjetividad masculina según pautas de género: «Varones, género y salud mental: deconstruyendo la “normalidad masculina”», en A. Carabí y M. Segarra (eds.), Nuevas masculinidades. Barcelona, Icaria, 2000, pp. 41-64.

[9] Derecho, poder y clases sociales. Zaragoza, Desclée de Brouwer, 2001, cap V.

[10] He abordado específicamente este asunto en «La crisis económica…», cit. Remito la esquemática argumentación proporcionada aquí a los datos aportados en este artículo.

[11] He tratado esta problemática en «Contra la autonomía femenina: el aborto como maternidad negada», Mientras Tanto, nº 115, 2010, pp. 115-127.

[12] Es imposible resistirse a citar aquí el divertidísimo (y trágico) estudio de Ruiz Rico, J-A, El sexo de sus señorías. Sexualidad y tribunales de justicia en España. Granada, Comares, 2011.

[15] Por ejemplificarlo, me parece esencial reivindicar el fomento de la tasa de ocupación femenina no sólo por una cuestión de justicia, sino porque sólo así es posible garantizar el futuro de las pensiones (algo que todo el mundo puede entender). Y ello puede hacerse, además de a través de la acción positiva, mediante el aumento de las pensiones no-contributivas, prestaciones especiales para familias monoparentales, la contratación obligatoria de las empleadas del hogar, la inclusión del trabajo sexual en el sistema general de la Seguridad Social, el fomento del mercado laboral asociado a la dependencia, o el aumento significativo de las prestaciones económicas para las víctimas de la violencia de género.

 

 

 

 

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Antonio Giménez Merino es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona, donde dirige la clínica jurídica «Género y derecho antidiscriminatorio», dentro del proyecto de aprendizaje y servicio Derecho al derecho. Ha dedicado buena parte de su investigación a difundir el pensamiento social de Pier Paolo Pasolini (Una fuerza del pasado. El pensamiento social de Pasolini. Madrid, Trotta, 2003) y a la evolución del pensamiento feminista y de las minorías sexuales (entre sus últimos trabajos: está «Reconocer diferencias atribuyendo derechos: los problemas regulatorios del género», en Estévez, J-A (ed.), El libro de los deberes. Madrid, Trotta, 2013, pp. 115-191). Es también redactor de la revista Mientras tanto, fundada en 1979 por Giulia Adinolfi y Manuel Sacristán.

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Posted by Revista Cuadrivio

Revista de crítica, creación y divulgación de la ciencia

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