La modernización del sistema político irlandés

A pesar de haber nacido como democracia, Irlanda ha sido un caso aparte en cuanto a su funcionamiento político. El catolicismo y el nacionalismo solían ser las variables dominantes en una democracia electoral premoderna de bases sociales móviles y cambiantes, y con partidos difícilmente definibles en el espectro ideológico clásico de izquierda y derecha. Sin embargo, hacia los años sesenta, la exitosa modernización que llevó a Irlanda a convertirse en el Tigre Celta tuvo un impacto favorable en la democratización y apertura de la sociedad irlandesa, reestructurando su inserción en el ámbito internacional. Francisco Javier Ruiz nos muestra en este ensayo las relaciones que han tenido los procesos de modernización política y socioeconómica en Irlanda desde le última mitad del siglo XX.

A pesar de haber nacido como democracia, Irlanda ha sido un caso aparte en cuanto a su funcionamiento político. El catolicismo y el nacionalismo solían ser las variables dominantes en una democracia electoral premoderna de bases sociales móviles y cambiantes, y con partidos difícilmente definibles en el espectro ideológico clásico de izquierda y derecha. Sin embargo, hacia los años sesenta, la exitosa modernización que llevó a Irlanda a convertirse en el Tigre Celta tuvo un impacto favorable en la democratización y apertura de la sociedad irlandesa, reestructurando su inserción en el ámbito internacional. Francisco Javier Ruiz nos muestra en este ensayo las relaciones que han tenido los procesos de modernización política y socioeconómica en Irlanda desde le última mitad del siglo XX.

 

Francisco Javier Ruiz Martínez

 

Este artículo tiene por objeto estudiar la interrelación existente entre el sistema político de Irlanda y el proceso de modernización que ha vivido este país durante las últimas décadas.

Irlanda es un país periférico, de pequeñas dimensiones, sin un gran papel en la economía mundial y con muy poca relevancia geopolítica. A ello hemos de añadir que no adquirió su independencia del Reino Unido hasta 1921, del que conservó y reprodujo gran parte de su modelo social, político y administrativo, al tiempo que aún dependió de él económica y estratégicamente durante todavía muchas más décadas.

Tradicionalmente se ha considerado que los cambios socioeconómicos influyen decisivamente en el sistema político, tanto más cuanto mayor calado tengan. El cambio en el sistema político, a su vez, se entiende como inductor de la transformación de todos los subsistemas que lo integran. En consecuencia, un profundo cambio socioeconómico debería llevar aparejado un cambio de sus componentes y actores más significativos, visibles e identificables, como el subsistema de partidos y los propios partidos políticos.

A partir de esa hipótesis, se ha mantenido que el caso irlandés constituye una excepción, pues al examinarlo cuantitativamente según las variables y los indicadores más comunes apenas se aprecian cambios significativos, hasta el punto de que el propio subsistema de partidos ha sido definido habitualmente como un sistema de partidos «bloqueado».

Frente a esta hipótesis, nos inclinamos por defender otra de signo distinto, pues el sistema político puede mantener su estructura formal y, sin embargo, haber cambiado de manera sustancial. Esto se debe a que el cambio se produce en los propios actores que componen el sistema y en especial los partidos políticos. En el caso de Irlanda, los cambios que han afectado sobremanera al sistema político se han concentrado en los propios actores del sistema, aunque el resto del sistema político haya experimentado una profunda transformación.

El proceso de independencia del Estado irlandés implicó una formidable alianza entre el nacionalismo feniano y la Iglesia católica. El nacionalismo ponía a disposición de la sociedad sus estructuras políticas en forma de movimientos políticos plenamente instituidos y muy activos, aunque con la incoherencia de presentarse como partidos de masas, siendo en realidad de notables. La Iglesia prestaba todo su aparato institucional y pasaba a ocuparse de manera paraestatal de los servicios relacionados con las prestaciones educativas, sanitarias y asistenciales, y sustituía al Estado en la prestación de un gran número de servicios propios del Estado de bienestar.

Los efectos no dejan de ser paradójicos. De un lado, los irlandeses se encontraron antes de la II Guerra Mundial con partidos que ya actuaban como lo harían años después los partidos atrapalotodo (catch-all parties) y con estructuras institucionales tan imbricadas en el propio aparato estatal que incluso podrían aproximarlos a la concepción de los partidos cartel. Del otro lado, la Iglesia católica se encargó de contener las demandas ciudadanas mediante un fuerte control moral al utilizar los instrumentos que el Estado había puesto en sus manos, pero, a la vez, proveía a los ciudadanos con los servicios que unos años después serían propios del Estado de bienestar, y disminuiría así la posibilidad de aparición de demandas ciudadanas sobre la implantación de tales servicios y, en consecuencia, impediría la consolidación de un partido de izquierdas suficientemente numeroso como para romper la hegemonía de los partidos nacionalistas. La doble alianza produjo un Estado de derecho, en el que la izquierda sería una fuerza complementaria y en el que una estructura institucional ajena al propio Estado prestaba los servicios habituales del Estado de bienestar.

Sin embargo, el sistema político irlandés se mostró incapaz de hacer frente a los grandes retos surgidos tras el fin de la II Guerra Mundial. La gran pregunta a mediados de los años 50 hubiera sido si el sistema político habría sobrevivido sin grandes cambios a pesar de la situación de crisis social y económica en que se encontraba el país. La duda surge al plantearnos si entre la población existía un deseo más o menos generalizado de cambio o, por el contrario, se pensaba que la vida cotidiana era la más aceptable posible y que los problemas sociales debían solucionarse, como siempre, mediante la emigración.

La sociedad irlandesa se enfrentaba a la decisión de si era conveniente modificar las pautas de vida que hasta entonces se habían seguido o continuar con ellas a cambio de ver disminuir el tamaño de su población de forma constante. Las élites y los partidos políticos, y también la jerarquía católica, debían, por su parte, establecer cuál sería su posición ante esos acontecimientos. Por un lado, plantearse si su actitud iba a ser pasiva o activa; por otro, cuáles serían las consecuencias de tal o cual posicionamiento para su reproducción o acceso al poder.

Las decisiones adoptadas y el momento histórico en el que se produjeron condujeron a un rápido y acentuado crecimiento económico que coincidió con los primeros momentos de desmantelamiento del Estado de bienestar en un contexto internacional favorable. Se emprendió un evidente proceso de secularización por el cual se abandonó la vieja alianza entre un movimiento nacionalista cada vez más estatista y europeizado y una Iglesia católica incapaz de controlar moralmente a una población cada vez menos sensible a sus instrumentos de socialización.

Las demandas introducidas en el sistema político por la sociedad irlandesa se orientaban hacia aspectos vinculados a la nueva sociedad del riesgo y no a los típicos del Estado de bienestar. Esto consolidó la posición de los grandes partidos renovados tras una enorme transformación interna que los alejó del nacionalismo, pero les permitió ocupar la mayor parte del espectro político al bloquear cualquier posibilidad de crecimiento estructuralmente significativo de los partidos de izquierdas.

Irlanda estuvo sometida en gran parte de su historia a Inglaterra y en 1922 obtuvo la independencia tras una guerra de guerrillas de algo más de dos años de duración. Durante más de 15 años, entre 1921 y 1937, el sistema político irlandés estuvo sometido a los vaivenes ocasionados por los resultados de varios procesos de negociación, fruto de los acontecimientos políticos exógenos y de la propia dinámica endógena del enfrentamiento entre las élites y en la lucha por su liderazgo.

La época se inició con una negociación por intereses que iba a poner fin al conflicto con la metrópoli colonizadora (1921) e impulsó un acuerdo inteligente y eficaz que, al menos entre las partes, no interfería en sus relaciones. No obstante, el desacuerdo sí acabaría por estallar en el seno de uno de los negociadores –el movimiento nacionalista– y contribuiría definitivamente a un segundo conflicto sobre la estructura constitucional del propio sistema político irlandés. Las discrepancias iban a salvarse esta vez mediante una negociación por posiciones que terminaría por desembocar en un enfrentamiento bélico al no encontrarse ninguna salida a una situación convertida en un juego de suma cero y por desencadenar toda una serie de acontecimientos que determinarían el futuro del sistema político irlandés.

La desaparición de Collins, líder carismático de la facción vencedora unida a la ausencia de un sucesor (digno heredero de su capacidad de liderazgo), abrió las puertas al retorno a la normalidad democrática y la reintegración de la facción derrotada en el seno del sistema político, respaldada por el hecho de contar con un líder capaz de aglutinar a sus seguidores en torno a nuevas posiciones, demandas y necesidades. En consecuencia, los acontecimientos conducirían a la apertura de un nuevo proceso político guiado por los intereses de las partes y en la cual los vencidos iban a sacrificar sus posiciones ideológicas maximalistas para acercarse a un acuerdo inteligente que les permitiera satisfacer sus intereses.

Ese acuerdo se vería maximizado una vez que la escena política democrática se normalizase y, ante la ausencia de liderazgo en los antiguos vencedores, los vencidos iban a conseguir arrastrar al conjunto de la ciudadanía hacia la aceptación de un acuerdo, por el cual se lograba la completa modificación de la esencia del sistema político surgido de la guerra de independencia sin necesidad de recurrir a métodos violentos o traumáticos. Se constituía así un Estado democrático, pero de carácter premoderno en materia económica y social y, por lo tanto, muy alejado de los de los sistemas políticos liberales típicos de su entorno geopolítico durante la primera mitad del siglo XX.

Este artículo intenta responder si el sistema político de Éire (nombre oficial de la República de Irlanda) y sus componentes han sufrido una reconfiguración hacia posiciones comunes con el resto de los sistemas políticos europeos a consecuencia de los efectos del proceso de modernización ocurrido desde la llegada al poder de Sean Lemass en 1959, aunque ese proceso no haya seguido parámetros similares a los del resto de Europa.

Las teorías de la modernización han planteado que los cambios socioeconómicos influyen decisivamente en el sistema político, tanto más cuanto mayores cambios tengan. Desde el inicio hemos señalado que tradicionalmente los científicos sociales habían ligado el desarrollo económico a la democracia, pues consideran al primero condición previa y necesaria para la aparición de la segunda. En la actualidad, sabemos que no se pueden establecer vínculos causales entre ambos procesos, sino una estrecha relación de carácter interactivo, palpablemente demostrada en el caso de Irlanda, donde los cambios económicos han servido para que el sistema político alcance un mayor grado de democratización.

Eso significa que no podemos esperar que se produzca el desarrollo económico de una determinada sociedad sin introducir al mismo tiempo una mínima base de elementos democráticos en su sistema político. Bajo este contexto, las políticas del Estado de bienestar que combinen de forma adecuada inversión pública y promoción de la inversión privada se convierten en un factor esencial para dotar al sistema político del necesario equilibrio para evitar las posibles crisis de legitimidad de un régimen democrático en consolidación. Dichas crisis de legitimidad han conducido al autoritarismo a muchas jóvenes democracias, aunque no fue el caso de la Irlanda independiente que pudo superar las crisis a las que se enfrentó para emprender un fuerte ritmo modernizador y democratizador.

Se considera que la modernización implica la interacción de un variado número de procesos que se producen a lo largo de unas determinadas escalas históricas y que afectan la estructura de varios sistemas sociales en general. Dicho macroproceso incluye cambios interdependientes y fundamentales en el sistema económico tecnológico, sociocultural y político administrativo.

En el campo económico significa la emergencia de una economía abierta y capitalista basada en la producción a gran escala y en el consumo de bienes según las reglas del mercado, en la industrialización, los servicios y la reducción del sector agropecuario; en el tecnológico, representa un amplio abanico de desarrollos relacionados con un progresivo control del medioambiente a través de avances científicos y tecnológicos, y del control del conocimiento.

Por su parte, cuando la conceptualizamos en términos sociales nos centramos en el declive de las jerarquías sociales inamovibles y las lealtades superpuestas. Este tipo de modernización estructural en teoría suele ir acompañada de una modernización cultural que incluye el declive de los sistemas de valores religiosos típicos de las sociedades tradicionales y la aparición de otros sistemas de valores religiosos y morales de tipo secular e individual caracterizados por someterse a los impulsos utilitaristas de la cultura consumista.

La modernización, por último, incide en el campo de lo político. Sus efectos van a instaurar el predominio de las formas seculares de autoridad y las concepciones de soberanía y legitimidad características del Estado-nación, y en sus fases más avanzadas también instaurará las instituciones propias de los sistemas democráticos.

En definitiva, el principal problema al que nos enfrentamos consiste en que cualquier tipo de intento de modernización socioeconómica debe pasar por una hábil estrategia gubernativa, por un impulso desde las élites, como el que dieron Lemass y Whitaker en la Irlanda de finales de los 50. En un escenario en el que la legitimidad del sistema político puede quebrarse y poner en riesgo su solidez democrática, como ocurría en Irlanda entre 1950 y 1956, los productos del sistema y las políticas públicas suponen un instrumento indispensable para la modernización socioeconómica de un país y, por consiguiente, una importante contribución para su consolidación democrática. Las políticas públicas, así pues, adquieren un rol de instrumento fundamental en la consolidación democrática y la modernización del Estado y la sociedad en países de ámbito periférico, como es el caso de Éire.

Entre 1960 y 1980, Irlanda afrontó un profundo proceso de modernización y democratización que, en primer lugar, condujo al país a una intensa industrialización. Ese proceso respondió a un orden secuencial con resultados finales indiscutibles: un Estado y una sociedad muy desarrollados tanto democrática como económicamente.

Para conseguirlo, Éire emprendió un ambicioso programa de reformas públicas. Diseñó una estrategia que fortaleciese los puntos más débiles de su estructura económica al tiempo que imprimía al sistema político una mayor democratización mediante la eliminación de los obstáculos ligados a su cultura política tradicional.

Los gobiernos irlandeses basaron su estrategia de modernización económica en tres puntos: 1) la potenciación de la inversión extranjera mediante la combinación de inversiones para apoyar la implantación de firmas internacionales en suelo irlandés a través de la adopción de medidas de exención fiscal sobre los beneficios empresariales, para subvencionar la reconversión económica de las compañías irlandesas y para eliminar barreras arancelarias al comercio internacional; 2) la mejora del nivel de preparación técnica de los jóvenes trabajadores mediante fuertes inversiones en materia de educación; 3) la adaptación del sistema de comunicaciones internacionales gracias a grandes inversiones en la realización de infraestructuras (principalmente aeropuertos, puertos y grandes redes de telecomunicaciones); 4) y una política de redistribución de la riqueza mediante importantes inversiones en el campo de los servicios sociales.

El primer punto ponía en peligro, a corto plazo, la supervivencia de la industria nativa, lo cual podía incidir en la legitimidad efectiva de las políticas implantadas con fáciles acusaciones de corrupción política. Para contrarrestar esos efectos negativos, fue necesario fortalecer las inversiones en servicios sociales en las áreas más afectadas por la llegada de las firmas de capital extranjero. Muchas pequeñas empresas irlandesas quebraron al no poder competir con las grandes multinacionales y verse sometidas a las fuertes presiones del mercado libre. Las inversiones en materia de política social sirvieron para contener el descontento de esa parte de la población.

Aunque al principio las previsiones de los más pesimistas parecían triunfar, pronto muchas otras empresas nativas se adaptaron a las nuevas exigencias del mercado y con la ayuda de subvenciones estatales buscaron nuevas actividades económicas que no interesaban a las multinacionales se convirtieron en firmas subsidiarias de éstas últimas. Además, la pronta apertura internacional de mercados y la adaptación infraestructural a los cambios de la nueva economía sirvieron para que Irlanda pudiese aprovecharse muy rápidamente de su integración a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1973.

Muchas multinacionales estadounidenses y japonesas vieron la oportunidad de entrar en el mercado europeo por la puerta irlandesa que les ofrecía las mejores ventajas para su implantación en un mercado crucial en la economía mundial pero muy proteccionista de puertas adentro. Las inversiones en educación cerraron el círculo, dado que a medio plazo Irlanda contaba con una mano de obra altamente cualificada, angloparlante y mucho más barata que la de otros países de Europa Occidental.

La estrategia gubernativa para impulsar la modernización del sistema político consistió en la combinación de dos líneas de acción:

Primero, fue necesario impulsar, por un lado, fuertes inversiones destinadas a modernizar y adaptar la Administración pública a las necesidades de una economía de mercado y, por el otro, la contratación de nuevos funcionarios formados en los valores del sistema democrático y un mundo crecientemente internacionalizado. Además, resultó esencial controlar con eficiencia el funcionamiento de la Administración Pública, sobre todo tras producirse la integración europea. A este respecto, las inversiones destinadas a la creación de instrumentos para mejorar la eficacia del sistema fiscal resultaron muy productivas, ya que permitieron elevar la recaudación impositiva del Estado, lo que significó disponer de una mayor cantidad de recursos destinados a nuevas inversiones, y por tanto, reforzar la legitimidad específica; incluso sirvieron para conseguir una mayor redistribución de la riqueza al reducir los enfrentamientos sociales y reforzando la legitimidad difusa, así como para compensar la disminución de ingresos estatales –provocada por la política de mínima imposición sobre los beneficios empresariales aplicada desde 1959–.

Segundo, resultaba absolutamente necesaria la búsqueda de una forma de reforzar la legitimidad difusa, pues la llegada de capitales extranjeros y la desaparición de las industrias nativas acarrearon efectos muy negativos para la legitimidad del sistema al enviar al paro a gran cantidad de trabajadores. El gasto público en materia de servicios sociales se presentó como una solución transitoria para estos grupos sociales a la espera de que la reorganización del tejido industrial comenzara a generar riqueza y empleo.

Otras iniciativas del ejecutivo se concentraron en apoyar la inversión en instrumentos que permitieran organizar la emigración transitoria de esos trabajadores, facilitándoles posibilidades de retorno y un tratamiento ventajoso para la puesta en circulación de sus ahorros. La emigración, en este caso, funcionó como una válvula de escape necesaria para equilibrar el sistema político y evitar su quiebra, que bien organizada proporcionó unos efectos muy positivos a largo plazo, como se observó durante los años 80.

Para hacer frente a las disfunciones generadas por todas esas políticas, la inversión en materia social debía complementarse con inversión en educación. Las multinacionales demandaban trabajadores altamente cualificados y con bajos costes laborales para aprovecharse de la preparación en tecnologías punta y el conocimiento del inglés de los jóvenes irlandeses, aspectos esenciales para atraer la llegada de las grandes multinacionales.

Esta estrategia de crecimiento económico ayudó a maximizar los beneficios de otras dos áreas: la primera consistió en la creación de las condiciones mínimas para la rápida instalación de empresas de capital extranjero; la segunda facilitó la llegada del turismo. Este sector generó beneficios que revirtieron de manera neta y directa en la economía nacional y benefició a buen número de pequeñas y grandes empresas nativas que pudieron emplear a una buena parte de la población activa, incluso en zonas rurales.

Una vez superada la crisis de los 80, los principales actores económicos del sistema irlandés acabaron reconociendo lo que los altos funcionarios llevaban mucho tiempo indicándoles: los pequeños Estados por lo general se benefician de los instrumentos supranacionales legales y formales de la integración europea, mientras los Estados más grandes se mueven con mucha mayor comodidad, eficacia y poder en el marco de las negociaciones interestatales.

Esta nueva perspectiva de la política interna sometida a las estructuras de la gobernanza internacional y a los procesos de internacionalización, y unida a la aparición de una sociedad civil autónoma producto del cambio de valores inducido por los procesos de modernización y las nuevas políticas públicas en materia social, educativa y económica, acabaron por poner fin a los círculos viciosos del pasado, dando paso al fuerte crecimiento económico del país.

Para hacer frente a la crisis económica provocada por las primeras fases del proceso de modernización fue necesario poner en marcha una firme estrategia de concertación social, lo cual permitió maximizar los efectos positivos de la modernización que habían generado los cambios en las políticas educativas, de salud pública y de atención social.

Mediante el Programa para la Recuperación Nacional (1987-90), el Programa para el Progreso Económico y Social (1990-93), el Programa para la Competitividad y el Trabajo (1994-96) y Concertación 2000 (1997-2000), se consiguió mejorar el rendimiento de la economía irlandesa, a través de la contención salarial, el apoyo patronal a la iniciativas fiscales del gobierno y el mantenimiento del gasto social que permitió consolidar una sociedad civil mucho más fuerte y moderna y, en consecuencia, emprendedora, inspirada por valores auténticamente liberales.

En conclusión, los resultados recientes de la economía irlandesa demuestran que el proceso de modernización ha resultado un éxito. Desde mediados de los 90 el país ha experimentado un espectacular crecimiento económico, sin parangón con su entorno geopolítico. Pese a todo, existen ciertas dudas sobre la elasticidad y capacidad de adaptación de la estrategia de modernización económica irlandesa, dada la hiperdependencia de las inversiones extranjeras y la escasez de infraestructuras de transporte y comunicaciones.

En el caso de la reaparición de los viejos problemas de la economía irlandesa, las multinacionales podrían entender que los costes son demasiado elevados para los beneficios obtenidos y optar por abandonar el país, dejándolo huérfano de actividad económica propia, como ha venido a demostrar el estancamiento y ligero retroceso económico producido por la actual crisis mundial.

La modernización económica afectó en gran manera a la cultura política del país. La imagen tradicional de Irlanda, al igual que la de la Iglesia católica, se encuentra en un periodo de rápida transición y se funde con una nueva imagen, la de un Tigre Céltico que experimentó el crecimiento económico más rápido de Europa durante la última década. La imagen represiva que reinaba sobre el sexo, el placer y la expresión de los deseos íntimos se ha roto. La mayoría de los católicos todavía se someten a las enseñanzas y prácticas de la Iglesia católica y para muchos de ellos su vida religiosa no tiene sentido sin la tradición. A los sacerdotes todavía se les trata con el máximo respeto, pero quizá no en el mismo modo y con el mismo reverencial sobrecogimiento que tenía el hombre santo y poderoso de las comunidades rurales y arcaicas. Sus opiniones no constituyen ya la norma, sino que pasan a ser una más entre muchas otras. Pueden ser la palabra de Dios, pero ahora tienen que competir con opiniones e información cada vez más alejadas de las tradicionales enseñanzas de la Iglesia católica, que diariamente son vertidas por unos medios de comunicación, aún relativamente confesionales en el caso de los de origen irlandés, pero no en el de los otros muchos que copan el mercado mediático irlandés.

El predominio del catolicismo estaba ligado a la estructura institucional de la Iglesia católica y la capacidad de sus recursos humanos y materiales. Ahora bien, en el apogeo de su poder, en particular hasta que en los 60 empezaron a notarse los efectos del proceso de modernización, esa influencia se expandió más allá del campo de la religión para penetrar en el de la política, la economía, la educación, la asistencia social, la salud, los medios de comunicación o la cultura. El poder de la Iglesia servía para estructurar no sólo la vida religiosa de los irlandeses sino el resto de sus actividades sociales, políticas o económicas. Por consiguiente, las estrategias que servían para alcanzar metas loables y trascendentes en todos esos campos debían estar en consonancia con el modelo de vida católica predicada desde los púlpitos.

La realidad es que las enseñanzas católicas tuvieron un impacto directo sobre los objetivos de los irlandeses que concebían el éxito económico individual y su búsqueda como indeseable e injustificable. Aquellos que lo alcanzaban se veían obligados a adoptar una postura pública de austeridad y humildad, y simulaban que había ocurrido por casualidad. Del mismo modo, el Estado tenía que simular que no buscaba el éxito económico y, sólo tras la llegada al poder de Lemass, pudo concentrarse en la tarea del crecimiento económico sin ninguna vergüenza.

El dominio de la concepción religiosa de la vida también influía en la construcción del sistema de relaciones políticas entre el Estado y el ciudadano, próximo a un modelo caracterizado por el paternalismo estadista. Así como la salvación no estaba en las manos de los creyentes, sino en las de Dios, el progreso y el bienestar de los ciudadanos estaba en las manos del Estado; y de la misma forma en que el sacerdote aparecía como vicario de Dios, el político lo hacía del Estado.

En definitiva, la Iglesia contribuyó decisivamente a la consolidación de una estructura corporativa nacional y de una identidad irlandesa-gaélica que la ubicaron a la vera del poder político. Sus miembros se convirtieron en aliados excepcionales y necesarios de los políticos, que a su vez les aseguraban la perpetuación del statu quo y la moral católica. Era el fruto de la coincidencia de la visión y los objetivos entre los líderes políticos y la jerarquía católica durante la etapa de consolidación de la independencia y de reconstrucción del sistema constitucional.

El cambio experimentado por las características culturales e identitarias irlandesas desde los 60 –cuando se inició el proceso de modernización– debe entenderse –en el contexto de la globalización– como el paso de una cultura relativamente homogénea, cerrada y católica a otra abierta, plural y secular. De ahí que pueda afirmarse que ahora la única característica de la cultura irlandesa actual es la progresiva desaparición de sus rasgos distintivos.

La emergencia de una identidad compleja y múltiple se puede contemplar a la luz del desvanecimiento de la tradicional cultura irlandesa, que deja paso a una cultura integrada por aspectos que no sólo comparten los habitantes de Irlanda, sino también los de otros muchos países de su entorno. Esto refuerza el argumento que defiende que el tránsito hacia una economía y una sociedad abiertas, junto con la implicación en procesos de internacionalización de la actividad político-administrativa, son algunas de las principales causas de cambio social y cultural.

Cuando los derechos del individuo comenzaron a prevalecer en las interpretaciones judiciales frente a los de la familia, entendida como unidad social básica, acabó siendo uno de los indicadores del proceso de modernización en Irlanda. Uno de los primeros efectos de este cambio se relaciona directamente con el papel social y político de la mujer. La Bunreacht na hÉireann (la Constitución de Éire) sometía a la mujer al papel de mera madre, sin gran relevancia mucho más allá de los límites de la familia. La modernización del sistema de valores, la industrialización y el crecimiento económico situarían a la mujer en otros lugares de la sociedad al modificar por completo su rol «constitucional».

A todo ello, hemos de añadir que durante las últimas décadas los medios de comunicación han asestado un golpe definitivo a la estructura institucional de alianza entre la jerarquía católica y el movimiento nacionalista, así como a su capacidad de control en materia de creencias y valores. El monopolio moral ejercido por la Iglesia se ha desvanecido y no parece probable que se consolide de nuevo. Desde los 80, los medios de comunicación no sólo han sustituido a los curas en el ejercicio del control de la vida pública y privada de los ciudadanos, sino que han sido los encargados de controlarlos y de sacar a la luz pública algunos asuntos que el clero había mantenido ocultos durante las décadas anteriores.

Finalmente, la ruptura del aislamiento en que había sumido Eamon de Valera a su país y la incorporación a nuevas estructuras políticas de carácter supranacional terminaron por volcar a la sociedad irlandesa en las formas de vida de los países de su entorno a los que intencionadamente había querido evitar durante muchas décadas. Fue tan profunda esa aversión al contacto con lo foráneo que la mayoría de los irlandeses que accedieron a él lo hicieron porque se habían visto obligados a abandonar su país y escoger el camino de la emigración.

Sin embargo, el impacto de los procesos de internacionalización y globalización que se daban en Europa terminaron por afectar de manera definitiva a una Irlanda que había escogido el camino de la modernización. De este modo, la integración en la Unión Europea se convirtió en una de la claves para dinamizar la modernización económica y social de Éire. Se presentó como el proyecto más importante para el futuro de Irlanda, que de esa manera también pasó a ser el gran proyecto del nacionalismo obligado a adaptarse a los cambios acontecidos o a ver cómo se diluía entre otras opciones ideológicas.

En definitiva, todos estos cambios dieron como resultado que el hecho de la pertenencia a la Unión Europea acabó por centrar el discurso de todas las fuerzas políticas y se convirtió en el símbolo del lugar ocupado por Irlanda en el orden europeo como un pequeño Estado independiente con voz y voto. Éire alcanzaba la cuadratura del círculo que había empezado a dibujar un líder feniano surgido del levantamiento de la Pascua de 1916.

Respecto a los cambios de los principales actores del sistema político debemos advertir que se ha tendido a pasar por alto el caso irlandés porque se trata de un sistema de partidos que no encaja en la mayor parte de los modelos utilizados. Se ha creído por largo tiempo que los patrones y la estructura de las políticas de masas que son evidentes en cualquier parte de Europa tienen poca relevancia en el caso irlandés. Se ha defendido que, al contrario que en los casos europeos, el sistema de partidos no está estructurado mediante un cleavage o fractura unívoco izquierda-derecha. Los dos partidos principales, el Fianna Fáil y el Fine Gael, tienden a converger en torno al centro del espectro ideológico: pasan entre el centro-izquierda y el centro-derecha con frecuencia, u ocupan ambos espacios al mismo tiempo.

Los grandes partidos irlandeses resultan difíciles de encasillar en los distintos tipos de familias de partidos clásicos, como los socialistas, los conservadores, los democristianos o los liberales. Cuando nos fijamos en el apoyo a los partidos de centro o derecha,  se puede apreciar que el grado de apoyo electoral medio para los partidos en Irlanda excede de lejos a cualquiera de sus vecinos europeos.

En las últimas dos décadas del siglo XX, por ejemplo, una media de un 70 por ciento del voto en las elecciones a la Dáil lo recibieron partidos que se ubican entre el centro y la derecha del espectro político (Fianna Fáil, Fine Gael y Progressive Democrats), frente a un promedio de sólo 45 por ciento en todo el resto de países europeos occidentales en conjunto. El terremoto de los resultados de las elecciones generales de febrero de 2011 que han supuesto la caída del voto de Fianna Fáil por debajo del de Fine Gael y de los laboristas todavía no sabemos si son el producto final de la modernización o una consecuencia coyuntural de la crisis económica mundial.

Irlanda también parece anómala en términos de ajuste de los mayores partidos irlandeses de centro-derecha en las principales familias políticas europeas. En general, la comparación parecería indicar que el Fianna Fáil sería visto como un partido conservador-secular, de cierto aire gaullista, que no tiene su origen en un partido que defendiera la posición de la iglesia contra fuerzas antirreligiosas.

Los partidos conservadores británicos y escandinavos también responden a este patrón. Sin embargo, ninguno tiene esa herencia radical, populista y antisistema que atesora el Fianna Fáil. Tampoco ninguno de estos partidos ha disfrutado de unos lazos tan estrechos con sindicatos o pueden reivindicar la representación de los pobres. El Fine Gael, por su lado, también se ha mostrado relativamente enigmático en este aspecto. En los análisis comparativos con frecuencia se le clasifica como un partido democristiano, aunque no es un miembro pleno de la Federación Trasnacional Democristiana de la Unión Europea (UE) del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés).

Como resultado del dominio de los valores católicos, Irlanda también ha sido peculiar por la ausencia de una alternativa liberal tradicional: no surgió un partido anticlerical de derecha al modo clásico del sur de Europa, esto es, ningún partido de centro-derecha representó los intereses de los ciudadanos frente a la Iglesia y el Estado a un mismo tiempo. Este vacío en el espectro político fue parcialmente cubierto a finales de los 80 por la aparición de los Progressive Democrats.

Además, a todo esto se suman los efectos creados por los particulares instrumentos institucionales de participación utilizados en Éire. La utilización de un sistema electoral con unas características tan particulares como las del sistema por voto único transferible, facilita un contacto mucho más directo entre electores y representantes, pero no cabe duda de que también fomenta un alto grado de localismo y una ausencia de visión a largo plazo y de sentido de Estado en virtud de la defensa de los intereses localistas. En el caso de Éire es posible afirmar que el sistema electoral favoreció la aparición de distintas formas de clientelismo político y una concepción de la política reducida a la mera gestión práctica de los intereses locales, lo cual, a su vez, puede conducir a cierta ingobernabilidad del sistema, así como a una dificultad añadida para alcanzar el consenso en favor del interés general.

Un factor crucial que afectó al primigenio alineamiento del sistema político irlandés fue el hecho de que la cuestión nacionalista quedara sin resolverse tras la instauración del Estado Libre Irlandés. Los dos principales partidos sistema, el Fianna Fáil y el Fine Gael, nacieron de una escisión del Sinn Féin, el partido que condujo a los irlandeses a la independencia en 1921. La división en el seno del Sinn Féin sobre la partición de la isla provocó la Guerra civil irlandesa de 1922-23 y creó una polarización tan fuerte entre los partidarios y los contrarios a la partición que el sistema de partidos acabó estructurándose alrededor de ese cleavage.

No obstante, las diferencias entre ambos partidos no se centraron únicamente en la mística nacionalista de la territorialidad. Fianna Fáil se implantó de manera casi hegemónica en la periferia geográfica al apostar por la autarquía económica, junto a un énfasis en la necesidad de impulsar la atención social a los más desfavorecidos. Por ello realzó su apoyo y dirigió su discurso a los pequeños granjeros ubicados en las zonas más periféricas de la isla, a los pobres y a la clase trabajadora, aunque sin olvidar de ninguna manera a las clases medias. Fine Gael tendió a alinearse con los sectores más privilegiados de la sociedad irlandesa que tendían a ser más cautos y conservadores en cuanto a la cuestión nacionalista, es decir, el típico partido de notables integrado por el grupo parlamentario alrededor de un conjunto de personalidades. Fine Gael hubo de asumir el gobierno directamente tras la independencia y no consiguió desarrollar organizaciones locales fuertes.

El Labour Party ha jugado el papel de tercer partido en el sistema. El fracaso de los laboristas en la articulación de un partido de similar importancia a la de los partidos socialdemócratas del resto de Europa ha constituido una incógnita para los analistas políticos irlandeses. Dos razones han sido esgrimidas a la hora de explicar este fenómeno: la primera, que en los primeros años de independencia el auge de los temas nacionalistas dejaba poco espacio para el discurso laborista; la segunda, que la sociedad irlandesa de aquel tiempo tenía un marcado acento rural y agrícola, y quedaba sometida al control moral de la Iglesia católica. La clase trabajadora era pequeña, no tenía sentido de clase y era católica, por todo ello, se sentía más cercana a las propuestas de Fianna Fáil.

Por todas estas razones, el sistema irlandés es visto normalmente como un caso aparte. Fue esto lo que llevó a John Whyte a señalar hace más de 30 años, en un artículo de referencia para la ciencia política irlandesa, que los partidos políticos irlandeses y el contexto en que crecieron albergaban características muy distintas, o lo que él llamó un sistema político con partidos sin base social.

No obstante, en los años 80 se produjeron ciertos cambios que indican que el sistema de partidos de Irlanda ha ido perdiendo esa singularidad que se le atribuyó. Primero con los Progressive Democrats ha surgido un partido liberal tradicional; segundo, Irlanda ha experimentado la llegada de un partido ecologista, el Green Party, asimilable a la nueva familia política europea que apela a valores postmaterialistas y que basa su apoyo en apostar por un nuevo estilo de política; tercero y con un tremendo impacto, el sistema de partidos se acomodó a un nuevo modelo coalicional.

Por consiguiente, la creciente inestabilidad y transformación del sistema de partidos se reflejó en seis acontecimientos clave: 1) La aparición de los Progressive Democrats; 2) el cambio de estrategia del Fianna Fáil que conduciría a la formación de una coalición de gobierno con los Progressive Democrats; 3) la formación de una coalición entre rivales integrada por el Fianna Fáil y el Labour Party; 4) la disminución de votos recibidos por los dos grandes partidos; 5) el aumento de votos obtenidos por partidos vistos como alternativas poco tradicionales dentro del sistema político; y 6) la resolución del conflicto de Irlanda del Norte que obligó a los partidos nacionalistas a abandonar de manera definitiva sus posiciones maximalistas.

La formación de gobiernos de coalición ha sido habitual en la política europea, pero tradicionalmente una excepción en las democracias de influencia británica e Irlanda seguía esa pauta. Sin embargo, los gobiernos de coalición se han convertido ahora en una de las características del sistema de partidos irlandés. La era de los gobiernos de un único partido de tipo predominante parece haber llegado a su fin tras la eclosión de los Progressive Democrats y la imposibilidad de Fianna Fáil para alcanzar una mayoría absoluta a partir de las elecciones de 1981.

Podemos concluir que desde los 70 nada fue lo mismo: el hecho de que Fianna Fáil fuera incapaz de formar un gobierno respaldado por una mayoría electoral estable que le permitiera gobernar en solitario; que los gobiernos de coalición entre Fine Gael y los laboristas tuvieran la fluidez y continuidad necesarias para implantar y desarrollar políticas públicas de marcado carácter socialdemócrata; y el hecho de que en Fianna Fáil se produjera la fractura que llevó a la aparición de los Progressive Democrats, demuestran que efectivamente se había producido el señalado cambio en el sistema de partidos. Habrá que esperar a ver si los enormes cambios acontecidos en febrero de 2011 se consolidan o no pasan de ser un acontecimiento coyuntural.

Por último, se ha de resaltar que, a pesar de la evidente modernización, los cambios en la esfera político-social no han resultado tan evidentes. No ha emergido una dimensión partidista izquierda-derecha similar a las que dominan en el resto de Europa. La ausencia de tales cleavages basados en el criterio de clase es lo que de lejos explica la supervivencia de actitudes tradicionales, de tal manera que, ni el crecimiento económico ni la crisis ayudaron a la izquierda. El desarrollo se concibió más que en términos de clase en los propios del Estado-nación, en el desarrollo y consolidación del Estado de bienestar. Lo mismo podemos afirmar del papel de la mujer, pues a pesar de la evidente modernización, la mujer sigue sin contar con gran peso en el mundo político-social.

En consecuencia, el nacionalismo irlandés actual se puede entender mejor desde los planteamientos brechtianos que identifican la modernización con un enfoque conscientemente materialista de la actividad cultural e intelectual, y que parece más cercano del proceso de modernización acontecido en Irlanda que los planteamientos del enfoque de la teoría de la modernización.

La realidad es que el gran proyecto nacionalista ha quedado reducido a la búsqueda del crecimiento económico y a la lucha contra la escasez de la oferta de empleo que obligaba a la emigración. Por unas u otras razones, el nacionalismo irlandés ha dejado que sus grandes objetivos, la defensa de la unidad territorial de la isla y la de la cultura gaélica como signo distintivo frente a lo anglosajón (lo cual incluye lo católico frente a lo protestante), se hayan diluido en el éxito económico y sus efectos sobre el sistema político, todo ello acontecido en el contexto de los actuales procesos de globalización.

 

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Francisco Javier Ruiz Martínez es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid con la tesis El impacto de la modernización sobre el sistema político de la República de Irlanda. Es profesor de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Carlos III de Madrid. Coordina la Oficina del Programa Erasmus de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de dicha institución y es vicesecretario del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

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Posted by Revista Cuadrivio

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