La corrupción en América Latina

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Enriquecimiento ilícito, soborno, cohecho, opacidad en el tratamiento de los recursos públicos y su uso indebido, así como los conflictos de interés, forman parte de históricos y recientes escándalos de corrupción que viven diversos gobiernos de América Latina. En esta compilación, Erandi Mejía, Arely Reyes, Ricardo Becerril, Ana Luisa Olivares e Itzel Rosas abordan los casos de Argentina, Brasil, Chile y Guatemala, en los que presidentes, funcionarios de alto nivel y empresas están involucrados.

 

 

Cuando revisamos los índices de corrupción en América Latina podemos observar que existe un mal generalizado, cuyas consecuencias abarcan prácticamente todas las esferas de la vida pública y privada de los países de la región.[i] En México, por ejemplo, el reciente escape de Joaquín Guzmán Loera, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, de una cárcel de máxima seguridad evidencia la profunda corrupción que existe en prácticamente todos los niveles de la sociedad, así como la forma en que sus efectos se hacen sentir no sólo en México, sino en toda la región.

A pesar de que se trata de un problema común, es importante acotar que la corrupción tiene sus particularidades y dinámicas propias en cada país. Por ejemplo, la percepción y los métodos para atacar este mal son muy diferentes en México, Brasil, Guatemala o Chile. Por lo tanto, el objetivo de la presente compilación (que reúne textos de Erandi Mejía, Arely Reyes, Ricardo Becerril, Ana Luisa Olivares e Itzel Rosas) es mostrar una radiografía regional de algunas de las principales crisis que han existido con relación a la corrupción en Argentina, Brasil, Chile y Guatemala en fechas recientes, así como las acciones que se han tomado al respecto, para tratar de dilucidar posibles formas de combatir un flagelo que, desafortunadamente, se ha convertido en uno de los elementos distintivos de esta plural y compleja región.

 

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Argentina

 

Erandi Mejía Arregui

 

En el año 2014, Argentina ocupó el lugar 102 de 174 países evaluados en el índice de corrupción que anualmente publica la organización no gubernamental Transparencia Internacional.[ii] Los señalamientos por corrupción y los escándalos mediáticos atraviesan todos los sectores de la élite argentina: políticos, funcionarios públicos, dirigentes de los clubes de futbol, empresarios y medios de comunicación hegemónicos. Nadie se salva. Los principales diarios de la capital –todos integrados a un grupo denominado Grupo Clarín que incluye canales de televisión, radio y publicaciones periódicas–, denuncian constantemente a los políticos del Frente Popular para la Victoria –actual grupo político en el poder encabezado por Cristina Fernández de Kirchner– de enriquecimiento ilícito, principalmente. Sin embargo, el Grupo Clarín enfrenta desde algunos años un proceso judicial, largo, complicado y engorroso, que tiene que ver con acusaciones de corrupción durante la dictadura cívico militar, 1976-1983, en la que este grupo «adquirió» Papel Prensa, la única empresa que surte de papel para impresión de la publicaciones periódicas en Argentina. El juicio aún no se resuelve. Siguiendo con las denuncias sobre corrupción a escalas inconmensurables, también encontramos las acusaciones que pesan sobre algunos empresarios argentinos que los vinculan a la adquisición de los fondos buitres de la deuda externa argentina o sobre financiamientos sospechosos de algunas campañas políticas. En Argentina, nadie se salva: enriquecimiento ilícito, soborno, lavado de dinero, incompatibilidad de intereses con la función pública.

A pesar de la gravedad de la situación, es importante señalar que el gobierno argentino sí ha realizado importantes esfuerzos por tratar de combatir este fenómeno. Desde 1999 se creó la Oficina Anticorrupción en Argentina, la cual depende de uno de los ministerios más emblemáticos y fuertes de Argentina: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta oficina, en efecto, ha resuelto casos por soborno acontecidos durante los años noventa. Todos aquellos casos que encuentran pruebas suficientes son llevados a juicio en la justicia argentina. A pesar de los largos recorridos, en algunos casos sí se encuentra conclusión; por ejemplo, el de la funcionaria menemista María Julia Alsogaray condenada a pagar tres millones de pesos por enriquecimiento ilícito.

En últimas fechas, uno de los casos más sonados ha sido la «Causa Ciccone», el cual involucra al actual vicepresidente en funciones, Amado Boudou. En un inicio la «Causa Ciccone» tenía que ver con una empresa privada de impresión de papel, Ciccone Calcográfica,  la cual quebró en 2010 y había sido acusada por evasión fiscal por la justicia argentina. En 2012, Laura Muñoz esposa –que enfrentaba un proceso de divorcio en ese momento– del contador de la empresa Alejandro Vanderbroele acusó a su pareja de ser testaferro del vicepresidente Amado Boudou. La «Causa Ciccone», por lo tanto, ha sido rebautizada por los medios de comunicación como la «Causa Boudou», trasladando así el foco de interés a este político argentino quien, actualmente, es investigado por enriquecimiento ilícito, cohecho y negociaciones incompatibles con su actividad de funcionario público. Desde el 2012 el proceso judicial ha sido largo. El vicepresidente ha pedido ante la justicia el sobreseimiento de sus responsabilidades en la causa Ciccone; sin embargo, el 25 de junio del 2015 la Cámara de Casación Penal decidió mantener el proceso contra Amado Boudou. Si bien la permanencia en su cargo puede ser una cuestión debatible, llama la atención que exista un proceso de esta naturaleza, que se sostenga y que eventualmente pueda concluir en un proceso judicial en contra de un político que, además, es miembro del partido en el poder, abriendo las puertas a un panorama más alentador.

Es importante mencionar que 2015 es un año particularmente complejo en el escenario político argentino, al ser un año de elecciones presidenciales. La pugna política en la que actualmente está inserta la sociedad no es una cuestión menor: se trata de la elección entre dos modelos económicos, dos formas de entender la realidad y el deber político de los dirigentes. El hilo político se va tejiendo fino con sectores como el empresariado, los medios de comunicación, el deporte y la farándula. Parece que todo está unido y por ello no es fácil vislumbrar de manera clara dónde empieza y dónde terminan las responsabilidades de los individuos más poderosos. El tema de la corrupción, sin lugar a dudas, estará en el centro del debate político y el proceso electoral que se avecina.

 

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Brasil

 

Arely Reyes López

 

Calificado a nivel internacional como uno de los escándalos más grandes de la corrupción política en la historia de Brasil, el llamado mensalão trascendió fronteras dejando en evidencia lo que se consideró –desde la perspectiva de diversos analistas y expertos legales– como la primera ocasión en la historia del país sudamericano en la que los políticos y autoridades de alto nivel fueron sometidos a un juicio penal, declarados culpables y condenados a prisión por cargos de corrupción. Este fenómeno describe un esquema de corrupción desarrollado mediante pagos clandestinos realizados por el Partido de los Trabajadores (PT) –que ganó la presidencia en 2003 dando inicio al mandato de Luiz Inácio Lula da Silva– a los aliados en el Congreso a cambio de apoyo para su agenda legislativa.

El escándalo estalló en 2005, cuando el presidente de un partido aliado afirmó en una entrevista que el PT estaba pagando a varios congresistas 30,000 reales al mes. Se dice que el dinero provenía de las arcas públicas a través de contratos falsos de publicidad firmados entre empresas de propiedad estatal y empresas de publicidad.  Las investigaciones del Congreso acusaron a varios políticos de participar en el esquema de compra de votos. Uno de ellos fue José Dirceu, que había sido jefe de gabinete del presidente Lula da Silva.[iii]

Sin embargo, a nivel interno, aunque este conflicto estremeció las estructuras del sistema político brasileño, no impidió que Lula da Silva fuera reelegido en 2006 y tampoco terminó con los vicios en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.  Inclusive el término del segundo mandato de Lula fue tan popular que fue capaz de conseguir la elección de un neófito político, Dilma Rousseff, para sucederlo en el poder; que los delincuentes poderosos y bien posicionados finalmente hayan acabado tras las rejas es un hito en la lentitud de los progresos de Brasil hacia el ideal de la igualdad ante la ley.[iv]

La primera mujer que asume la presidencia en Brasil, Dilma Rousseff, enfrenta actualmente uno de los más grandes retos de su gobierno: la corrupción.  Si bien Dilma inició su primer mandato con una elevada aprobación de su población, misma que logró mantenerse mediante el fortalecimiento de los programas sociales implementados por su antecesor, Lula da Silva. Hoy se enfrenta a la más dura animadversión de su pueblo como consecuencia del duro golpe que le sigue asestando la crisis económica y la corrupción.

Hoy Brasil sufre de parálisis, como fruto de su crisis económica-política. La potente ofensiva del sector financiero, la derecha y las clases medias contra el gobierno de Dilma Rousseff, sumada a la corrupción, los colocaron a la defensiva y no es fácil retomar la iniciativa.[v] Uno de los casos más graves en materia de corrupción que se le ha adjudicado al gobierno de Rousseff es el de la petrolera estatal Petrobras que afronta una crisis tras la develación de una red de corrupción que durante una década asoció a políticos, directivos y empresarios de alto nivel para desviar fondos públicos con el objetivo de financiar partidos del oficialismo y robustecer fortunas personales. Conforme a lo señalado por la Policía Federal de Brasil, esa maquinaria de corrupción, que involucra al partido oficialista –Partido de los Trabajadores (PT)– llegó a mover aproximadamente 4 mil millones de dólares.[vi]

Por otra parte la mandataria, su padrino político –Lula da Silva– y otros miembros del PT han sido acusados de corrupción en la administración financiera del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y la disposición de ayudar con ingresos de megaempresas brasileñas a gobiernos como el de Venezuela y el de Cuba. A raíz de los casos del BNDES, se ha puesto en marcha la Operación Lava Jato por la Policía Federal, que busca investigar esquemas de corrupción que implican a Petrobras y a otras grandes empresas brasileñas en financiamientos cuestionables, junto con algunos partidos políticos. Esta operación ha logrado detener a los directores de las compañías Odebrecht y Andrade Gutierrez –acusados de fraude en licitaciones y de integrar una red de sobornos–  lo que ha causado revuelo en la comunidad empresarial brasileña.[vii]

Son múltiples los desafíos que la presidente Rousseff enfrenta en su segundo mandato. Aún es largo el camino por recorrer para terminar con lo que hoy se ha convertido en un «cáncer metastático» que ha enfermado a Brasil y a toda América Latina. Sin duda este fenómeno que genera distorsión y violencia política y que a su vez despoja a la población de los escasos recursos públicos que el gobierno le destina, para dirigirlo impunemente a fines ilícitos y a las minorías que siguen concentrando más riqueza y más poder.

El problema es sistémico y no hay lugar para contemporizaciones, esto se debe arrancar de raíz. Hay quienes dicen que la cultura política de los latinos es tolerante con la corrupción. «Todos lo hacen» dijo el entonces presidente Lula da Silva justificando sus propias acciones.[viii] En ese sentido, el principal reto para Brasil y para los países de América Latina, no sólo es reformular las leyes o crear nuevas, sino hacerlas cumplir. Es aplicar la legislación normativa a todo aquel que infrinja la ley y que éste sea castigado, sin importar su condición política, económica o su nivel de poder. Y es que resulta por demás incongruente que aquéllos cuya función y obligación es salvaguardar el bienestar del pueblo, resulten ser los secuestradores de nuestros recursos y los verdugos de nuestra prosperidad. Es necesario sanear las instituciones y el personal que lo constituye. Es urgente crear mecanismos que contraataquen la corrupción por medio de una imparcial y contundente aplicación de la justicia y de las leyes.

 

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Brasil

 

Ricardo Daniel Becerril Martínez 

 

Los grandes días del proyecto del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil se ven más lejanos que nunca. Paralelamente, el panorama para la primera mujer presidente de ese país, Dilma Rousseff, también luce incierto. Atrás quedó aquella elección en 2010 cuando, como heredera de Luiz Inácio Lula da Silva, accedió a su primer mandato gracias al extensísimo apoyo popular de casi 56 millones de votos, de la mano de una bonanza económica que rebasó el 7% de crecimiento en aquel año.

Desde entonces muchas cosas han cambiado y muchas otras han salido a la luz. El crecimiento del país se estancó, diversos sectores de la economía vivieron una desaceleración, las manifestaciones populares de inconformidad se multiplicaron y, en octubre de 2014, Rousseff –la otrora popular candidata petista– apenas libró en una segunda ronda el proceso de reelección para ocupar por un segundo periodo el Palacio de Planalto (sede del poder ejecutivo).

Las posibles explicaciones de todo lo anterior se dirigen a un único polo: Petróleo Brasileiro SA (Petrobras). Las recientes acusaciones de corrupción al interior de la empresa paraestatal, emblema de este país sudamericano, alcanzan a todos los niveles de su sociedad, su clase política y su economía. En particular, éstas impactan en la administración de Dilma pues fue ella quien, entre 2003 y 2005, en calidad de Ministra de Energía, presidió el Consejo de Administración de Petrobras.

La crisis actual de Petrobras es consecuencia de una serie de factores que tienen su origen en la vulnerabilidad del sistema político brasileño a los actos de corrupción y de impunidad. En específico, se habla de las malas gestiones de proyectos productivos –por ejemplo refinerías sin terminar– y del descubrimiento de un esquema de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y tráfico de influencias que vincula a funcionarios de la paraestatal, empresarios y actores de diferentes partidos políticos.

La llamada operación Lava Jato, iniciada en marzo de 2014, reveló la existencia de licitaciones fraudulentas de los contratos de Petrobras. En estos concursos públicos amañados, las empresas invitadas a participar –mediante una red de sobornos– se agrupaban en un «club» y presentaban proyectos con costos inflados, en beneficio de una de las compañías coludidas. De acuerdo con las investigaciones de la Policía Federal, el monto involucrado en este esquema se estima podría superar los 10 mil millones de reales (aproximadamente 3 mil millones de dólares).[ix]

Este capítulo de corrupción es el último de una larga lista de escándalos que han sacudido a Brasil a lo largo de su historia.[x] En sentido, el caso brasileño no resulta excepcional. Por el contrario, comparte una historia similar con el resto de América Latina. Los primeros antecedentes comunes se pueden identificar en la época colonial, donde los actos de corrupción se realizaban contra la metrópoli, en gran medida por la distancia y la dificultad que ello representaba para controlar la recaudación de los impuestos. En otros ámbitos, esto se reflejó en la búsqueda del beneficio personal con el tráfico de esclavos y con el mercado negro de los productos que requerían autorización para su comercialización.

El advenimiento de las independencias y la consolidación de repúblicas en la región implicaron una nueva etapa de vulnerabilidad ante la corrupción, debido a la llegada de los procesos electorales y la concesión de grandes obras públicas. Por último, a finales de los 80, la redemocratización de la zona y el consiguiente aumento de la participación de la ciudadanía, abrieron en todos los países un mayor escrutinio tanto interno como  externo. A esta lista de semejanzas, se puede agregar los procesos de descentralización, mismos que multiplicaron los problemas de fiscalización y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno.

Pese a las similitudes, sí existen rasgos que distinguen al caso brasileño, entre los que destacan: el impacto político de la corrupción es más amplio; cuenta con un entramado institucional y legal más sólido y efectivo y, por último, la participación de la sociedad civil tiene mayor incidencia en los procesos de evaluación y seguimiento.

Sobre el primer punto, en Brasil el impacto político de los casos de corrupción es tanto horizontal como vertical. Con respecto a esta verticalización, esto remite a un caso paradigmático (aunque no el primero ni el último) en la materia y que tuvo lugar en los primeros años de la incipiente democracia brasileña. En marzo de 1990, tomó posesión Fernando Collor de Mello, como el presidente más joven de Brasil y el primero elegido por sufragio directo desde 1960. El éxito de su campaña se centró en una ambiciosa estrategia de marketing político auspiciada por el sector empresarial y el emporio mediático O Globo.

Collor llegó a la presidencia con un discurso de denuncia a la corrupción imperante y de reducción de gastos del Estado. Con eso en mente, comenzó el proceso de privatización de empresas públicas y de desregulación y liberalización económicas. Sin embargo, en 1992 fue denunciada ante la prensa una red de captación de recursos, dirigido por Paulo César Farías (ex tesorero de la campaña presidencial), con lo que Collor había multiplicado su patrimonio. El escándalo y las protestas populares derivaron en la instauración del juicio político con miras a su destitución. Finalmente, el 29 de diciembre, renunció a la presidencia, horas antes de ser condenado por el Senado a perder sus derechos políticos por ocho años.[xi]

Con respecto a la solidez y efectividad del andamiaje jurídico e institucional de la transparencia y combate a la corrupción, se puede afirmar además que en esos temas Brasil va un paso adelante. De manera paradójica, desde la llegada del PT al gobierno en 2003 se inició una política pública de prevención y de medidas de carácter punitivo. En ese sentido, en 2003 se creó la Contraloría General de la Unión (CGU); se fortaleció la Policía Federal; se dio plena autonomía al Ministerio Público; se aumentó el rendimiento de la indemnización a la Tesorería y se aumentó la acción de la Junta de Control de Actividades Financieras (COAF, por sus siglas en portugués) en el seguimiento de las transacciones atípicas que pueden constituir lavado de dinero o corrupción y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, entre otras.[xii] No deja de ser llamativo que este compromiso con el combate a la corrupción opere ahora en contra del PT en los escándalos recientes.

Por último, la participación ciudadana se vio también fortalecida con las reformas antes mencionadas. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Brasil se distinguen tradicionalmente por su combatividad, su buena organización y lo variado de su agenda. En materia de políticas anti-corrupción, estas OSC tienen tres propósitos: primero, visibilizar el tema y crear conciencia; segundo, transparentar presupuestos y tercero, promover la aplicación de la ley. La idea de este tipo de organizaciones, constituidas como observatorios ciudadanos, es que participen diferentes sectores en la supervisión (por ejemplo, mediante auditorías ciudadanas) y, sobre todo, en la generación de lazos entre los representantes municipales y la comunidad, al tiempo que promueven el cumplimiento de tareas ciudadanas como el pago de impuestos[xiii].

A manera de conclusión, es menester señalar que si se hace una interpretación superficial de lo que aquí se expuso, se puede inferir, erróneamente, que la corrupción reaparece como parte de un ciclo. Si se tomara esto como válido, se llegaría a la falsa –y perjudicial– simplificación de que los actos de corrupción tienen una raigambre en la cultura local o nacional. Por lo tanto, instrumentar una reforma de corte cultural resultaría, si no imposible, mucho más complejo. Lo que el caso brasileño en particular ilustra a la perfección es justo lo opuesto. La corrupción no es un rasgo cultural. Por el contrario, el cohecho, los sobornos y la opacidad son evidencia de una torcida y mal comprendida relación entre ciudadanos y autoridades. Las sociedades democráticas más avanzadas entienden que su supervivencia estriba en la legitimidad de sus instituciones. En ese complejo debate se encuentra inmerso Brasil y los verdaderos alcances de sus esfuerzos están por ser comprobados.

 

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Chile

 

Ana Luisa Olivares Escalera

 

Al colocarnos en el contexto latinoamericano, lo primero que salta a la vista son las múltiples dificultades políticas que los gobiernos han tenido que afrontar respecto al tema de la corrupción en sus respectivos países. Tan sólo en fechas más recientes podemos destacar hechos como la aún no esclarecida muerte, en enero pasado, del fiscal argentino, Alberto Nisman; en marzzo, las revelaciones de un esquema de sobornos de Petrobras y la destitución, a finales del mismo mes, de la Primer Ministra de Perú, Ana Jara, debido a sus prácticas de espionaje nacional, eventos que nos demuestran la gravedad del problema en la región y su alcance en prácticamente todas las esferas de la vida política de los países de la región.

Chile es considerado internacionalmente como uno de los países menos corruptos del continente, no obstante, casos como los de Penta, Soquimich y Caval (los cuales se analizarán a detalle más adelante) han mermado considerablemente esta positiva imagen.[xiv] Sin embargo, esta afirmación merece ser matizada ya que, en comparación con la mayoría de los países de América Latina, Chile parece seguir siendo un oasis de probidad, confirmado por la propia percepción que tienen sus ciudadanos del tema,[xv] en donde la corrupción no es una constante y sigue siendo una excepcionalidad. Por lo tanto, no podemos afirmar que un país de exacerbado legalismo como Chile se encuentre vencido por el flagelo de la corrupción; sin embargo, es importante prestar atención a focos rojos que han despertado alarma dentro y fuera del país respecto al tema.[xvi]

El primer caso que conmocionó en fechas recientes a este país sudamericano fue el «Caso Penta», en el cual se acusó (por medio de mensajes anónimos enviados al Servicio de Impuestos Internos de Chile a mediados de 2014) a uno de los mayores grupos financieros de Chile (con intereses en el sector inmobiliario, financiero, salud, educativo y de seguros, y asociado a la oposición política conservadora) de acceder clandestinamente a los archivos para modificar las declaraciones impositivas de sus clientes (quienes recibirían dinero del fisco) a cambio de una comisión. La Fiscalía calcula que con estas operaciones se logró defraudar al Estado con unos cuatro millones de dólares[xvii] y que estos recursos fueron utilizados para financiar al partido Unión Demócrata Independiente. Entre los imputados, se encuentra Hugo Bravo, exgerente general del Grupo Penta, el cual, a su vez, acusó a la exvocera del expresidente Sebastián Piñera, Ena Von Baer, al exministro Laurence Golborne y al precandidato presidencial Andrés Velasco, entre otros.[xviii] Otro caso famoso es el «Caso Soquimich» (SQM), en donde una empresa minera controlada por Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet, fue investigada por cuestionables pagos a decenas de personalidades del ámbito político.[xix]

Aunque si hablamos de escándalos de alcances nacionales e internacionales, el más claro y reciente ejemplo es el «Caso Caval», en el cual Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la actual presidente, fue acusado de utilizar su condición e influencia durante la campaña para asegurar un préstamo de diez millones de dólares para la sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, propiedad de su esposa, Natalia Compagnon.[xx] Tras darse a conocer el escándalo, incluso se llegó a especular fuertemente acerca de la posible dimisión de la presidente; concepción desmentida por la propia Bachelet argumentando que esta medida equivaldría a una «ruptura institucional»; y, que al igual que el resto de la población, ella se enteró de las relaciones comerciales de su hijo, a través de las noticias.[xxi] Este escándalo afectó fuertemente a la popularidad de la presidente cuyos índices de aprobación de la presidente Bachelet se desplomaron alcanzando un mínimo histórico de 31%.[xxii]

Para intentar contrarrestar las críticas la presidente creó, una semana después de darse a conocer el escándalo, la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. A esta acción positiva se suma el hecho de que, Chile tiene ventajas destacables para frenar el avance de este fenómeno: una sociedad civil dinámica, un poder judicial independiente y una economía que espera un crecimiento de, aproximadamente, 2.5% para 2015, una tasa envidiable para países como Argentina, Brasil o Venezuela. Si algo queda claro es que Chile no está dispuesto a perder su buena imagen internacional y no está dispuesto a ingresar en el mismo canal con el que se identifica al buena parte de sus vecinos del continente.[xxiii]

 

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Guatemala

 

Yahaira Itzel Rosas Hull

 

En menos de dos meses el escenario político en Guatemala se transformó de forma radical ante las diversas denuncias de corrupción relacionadas directamente con altas autoridades, dejando atrás la aparente estabilidad con la que el presidente Otto Pérez Molina pretendía concluir su administración. Tras la separación del cargo de más de diez funcionarios de alto nivel, incluida la vicepresidente Roxana Baldetti, el gobierno del presidente Pérez Molina quedó completamente desarticulado y sin credibilidad. De acuerdo con encuestas recientes, dos de cada tres guatemaltecos no están satisfechos con la gestión del Mandatario y su nivel su nivel de aprobación es de 30%.[xxiv]

Desde su creación en 2006, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha investigado más de ocho casos de corrupción en ese país, entonces ¿por qué los casos recientes modificaron la coyuntura política?, ¿por qué representan un foco rojo en la estabilidad democrática de la región? Y, ¿qué podemos esperar de las próximas elecciones en Guatemala?

Para responder a estas preguntas es necesario analizar Guatemala desde una perspectiva histórica y social. Por un lado, se trata del país más poblado de Centroamérica, tiene importantes recursos naturales y comparte con México una frontera porosa de más de 950 km de extensión. Al mismo tiempo, es el país con el mayor índice de desigualdad en la región (lugar 125 de 187 naciones evaluadas en 2014),[xxv] la tasa más elevada de analfabetismo de Centroamérica y el tercer lugar en homicidios, después de sus vecinos con los que integra el Triángulo del Norte (Honduras y El Salvador). Asimismo, Guatemala es un país tradicionalmente cercano a las dictaduras militares. Aun siendo libre e independiente desde 1825, con la creación de su primera Constitución Política, ha institucionalizado el respaldado de figuras militares en la política. Tanto el presidente Pérez Molina como gran parte de su gabinete son Generales retirados del Ejército guatemalteco, con la ventaja de conformar un gobierno electo de manera democrática.

En abril de 2015, la CICIG anunció la desarticulación de una red de defraudación en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), conocida como «la línea», que estaba relacionada con la entonces vicepresidente y con su secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas. Esta estructura también contaba con la participación del titular de la SAT,  Álvaro Omar Franco Chacón, así como de su antecesor, Carlos Enrique Muñoz Roldán.

De acuerdo con información de la CICIG, la línea operaba por lo menos desde hace un año en las siete aduanas más importantes del país en términos de recaudación. Se estima que de mayo de 2014 a febrero de 2015 al menos 500 contenedores ingresaron a Guatemala sin realizar el pago correspondiente, lo que permitió que cada uno los altos mandos de la estructura obtuviera ganancias de cerca de cinco millones de dólares. Los productos que se ingresaban mediante este sistema provenían en su mayoría de Asia y eran solicitados por importadores de mercancía al mayoreo que vendían en comercios informales.

La red operaba de la siguiente manera: primero el contenedor llega al punto de control de la aduana para ser revisada, luego un funcionario de la aduana ofrece asesoría para pagar menos impuestos y otorga al cliente un número telefónico; después el cliente se comunica a «la línea» y negocia sobre una tabla impositiva paralela; más tarde un funcionario da trámite a la declaración de valor de aduana y el cliente realiza el pago ante la SAT con el ajuste acordado en la tarifa, finalmente, el cliente paga una «comisión» a los integrantes de la red y el contenedor es liberado con su declaración pagada.

Por otra parte, un mes después, en mayo de 2015, la CICIG anunció la desarticulación de otra red de corrupción, ahora en el Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS). En esta ocasión resultaron responsables los principales miembros de su Junta Directiva, el presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez (ex secretario privado de Pérez Molina); Julio Roberto Suárez Guerra (presidente del Banco de Guatemala y miembro de la Junta del IGSS) y otras 16 personas involucradas en el contrato de la empresa farmacéutica mexicana Grupo Pisa.

En diciembre de 2014, el IGSS adjudicó a la filial de Grupo Pisa un contrato de casi 15 millones de dólares por servicios de diálisis, ante el supuesto abandono de la licitación de la empresa estadounidense Baxter, que había proveído el servicio los últimos 11 años. De acuerdo con la investigación, Grupo Pisa ganó la adjudicación gracias a una estrategia de sobornos a funcionarios del IGSS.

Al poco tiempo de que se adjudicó el contrato, los pacientes presentaron varias inconformidades, entre las cuales se indicaba la falta de personal especializado, fallas en los equipos y deficiente capacitación a los pacientes para que realicen las curaciones en casa. En menos de seis meses 91 pacientes registraron infecciones y 12 personas fallecieron, lo que generó la recisión del contrato y acusaciones formales por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y fraude.

Con estos casos de corrupción, la credibilidad de la gestión del presidente Pérez Molina sufrió un serio revés. Por primera vez en la historia reciente de Guatemala los ciudadanos se manifestaron públicamente para exigir la renuncia tanto del primer Mandatario como de su gabinete. Los ciudadanos guatemaltecos salieron a las calles para dejar en claro que no estaban dispuestos a tolerar más corrupción en su sistema político, ejerciendo tanta presión que lograron que el presidente Pérez Molina y otros tres exministros (Desarrollo Social, Salud y Energía y Minas) enfrenten procesos de antejuicio ante el Congreso para evaluar el retiro de su inmunidad.

Aun cuando el mandatario guatemalteco negó haber tenido conocimiento previo de la malversación de fondos que estaba realizando más de un tercio de su gabinete, entre ellos funcionarios tan cercanos como el secretario general de la Presidencia –que además es su yerno–, solicitó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue denegado. Ante esta situación, la élite periodística y social guatemalteca considera que sólo se trata de acciones para poner fin a las manifestaciones y tranquilizar el ambiente, sin que sea verdaderamente su objetivo presentar a los responsables ante la justicia y tomar las medidas necesarias para evitar que una situación así vuelva a ocurrir. Por otra parte, los sectores afines al actual gobierno consideran que sería un desacierto desvirtuar la figura presidencial sometiéndola al escrutinio legal. Según ellos, la coyuntura actual no debería ameritar más que algunos cambios en ciertos puestos estratégicos, sobre todo cuando faltan apenas un par de meses para las elecciones generales en Guatemala.

El proceso electoral ha estado marcado por la grave crisis política y de credibilidad en la que está inmersa la administración del presidente Pérez Molina. Las elecciones generales se celebrarán el 6 de septiembre de 2015; se elegirá al presidente, vicepresidente, 158 diputados y 339 alcaldes. En caso de ser necesario, si el candidato ganador no alcanza el 50% de los votos más uno, la segunda vuelta tendría lugar el 25 de octubre y la toma de posesión del nuevo mandatario sería el 14 de enero de 2016. Esto implica que Otto Pérez Molina dejará el cargo en menos de seis meses.

No obstante lo anterior, la mayoría de los guatemaltecos considera que el próximo proceso electoral no es razón suficiente para evitar llamar al actual presidente ante la justicia. Lo que realmente intenta la ciudadanía es romper el círculo de corrupción que tanto daño ha hecho a ese país, ubicándolo entre los de menor recaudación en el mundo y en una situación de insolvencia para hacer frente a sus obligaciones como Estado de la posible recaudación total por IVA, sólo se cobra el 50%, dejando de percibir el 19% por exenciones y tratamientos tributarios, muchos sin justificación, mientras que el 30% restante se pierde por evasión.[xxvi] Mientras prevalezca un sistema lucrativo que permita a ciertos sectores obtener beneficios impensables en condiciones de legalidad y respeto a las normas, los privilegiados harán todo lo que esté a su alcance para mantener el statu quo.

El reto no es sencillo, ni como ciudadanos ni como gobierno. Si la élite política guatemalteca quiere mantenerse debe seguir con la venia de los sectores empresarial y militar; con la desventaja de que cada vez es mayor el interés y la información en la política y menor la tolerancia a los abusos y la corrupción. Ahora la sociedad cuenta con mejores mecanismos de presión que facilitan la transparencia, o por lo menos, les permiten enterarse de manera más oportuna de esas situaciones. Por otra parte, la ciudadanía debe organizarse y determinar el proyecto de nación al que aspiran. No es suficiente limitarse a reclamos ocasionales sin trabajar por la rendición de cuentas y el mantenimiento de la institucionalidad democrática que realmente busque el bienestar del pueblo por encima de los intereses de algunos.

La democracia no se ejerce sólo el día de la elección, es un proyecto que debe trabajarse día a día dando seguimiento a cada una de las acciones y los proyectos de los funcionarios; no sólo los electos a cargos públicos sino también los designados y aprobados por el Congreso, finalmente todos ejercen recursos del Estado. Si los guatemaltecos quieren comenzar a generar cambios en proceso democrático tendrán que iniciar por evaluar bien su voto y considerar si quieren seguir con el esquema actual en el que el mejor perdedor de la contienda pasada es quien gana la presidencia. Por lo menos, esa es la tendencia que ha prevalecido desde 1996, pues se han celebrado elecciones presidenciales regulares sin necesidad de que el Congreso intervenga.

Si bien Guatemala es una nación libre y soberana, es interdependiente con el resto de los países, especialmente a nivel regional. Es por ello que, si bien se trata de un proceso interno, la comunidad internacional sigue con interés y apoya el proceso de apertura en ese país. Instituciones como la CICIG, órgano independiente administrado por Naciones Unidas que en un principio sufrió importantes críticas por no tener resultados específicos, han permitido, si bien no resolver, por lo menos poner el dedo en la llaga e indicar el camino a seguir para fortalecer las instituciones guatemaltecas.

 

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Conclusiones

Varias y diversas son las acciones que se han tomado en diferentes países para tratar de enfrentar el tema de la corrupción. Unas más exitosas que otras, abren el camino para comenzar una batalla que está lejos de ser ganada. A pesar del sombrío panorama, es importante resaltar ciertos avances. Tras décadas de impunidad absoluta, cobijadas por cruentas dictaduras militares que azotaron a la región durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, hoy en día la prevalencia de medios masivos de comunicación, grupos de la sociedad civil organizada e instancias de rendición de cuentas en prácticamente todos los países de la región permiten, al menos, que la población esté enterada de los actos de corrupción que cometen las élites de sus respectivos países.

Actualmente los escándalos de corrupción tienen un costo político. La caída abrupta en la popularidad de Rousseff, Bachelet y Pérez Molina a raíz de los casos descritos anteriormente es ejemplo claro de ello. No obstante, esto no es suficiente. Los castigos a funcionarios corruptos a todos los niveles deben ser una lucha local, nacional y regional conjunta que no permita tregua. Erradicar la impunidad y la corrupción que han caracterizado a la región debe ser prioridad de Estado, no de gobierno.

Los costos políticos, económicos y sociales de esta lucha serán enormes. Las raíces de la corrupción están tan profundamente interconectadas que es prácticamente imposible enfrentarla sin afectar los intereses de otros sectores, fundamentalmente aquéllos de los poderes fácticos, que son cada vez menos controlables. Esto, a su vez, puede desatar una agresiva embestida en contra de los propios gobiernos que asuman como prioritaria esta tarea. El panorama es sumamente complicado, sin embargo, la «política de la simulación» es cada vez menos sostenible en la actual era de la información. Por lo tanto, quedará en manos no sólo de la clase política, sino también de la opinión pública, presionar a sus gobiernos por fomentar un cambio. Finalmente la corrupción, es una lucha de todos y se pelea día con día.

 

 

NOTAS

[i] Uno de los índices más conocidos en el tema es el que anualmente publica la ONG Transparencia Internacional.

[ii] Transparency International, «Corruption Perception Index 2014: Results», 2015. Obtenido de http://www.transparency.org/cpi2014/results, consultado el 14 de julio de 2015.

[iii] No fue sino hasta el 2012 que se llevó a cabo el denominado «juicio del siglo», en donde el Supremo Tribunal de Brasil declaró culpables a 25 de los 40 acusados por el escándalo del mensalão. H.J., «What is Brazil’s mensalão?», The Economist, 18 de noviembre de 2013. Obtenido de http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/11/economist-explains-14, consultado el 28 de junio de 2015

[iv] Ídem.

[v] Raúl Zibechi, «América Latina en el nuevo orden mundial», La Jornada, 10 de julio de 2015. Obtenido de http://www.jornada.unam.mx/2015/07/10/opinion/024a2pol, consultado el 10 de julio de 2015.

[vi] s/a , «La corrupción hace perder brillo a las instituciones en América Latina: experto. Casos recientes en Chile, Brasil y México rondaron en el Foro Económico Mundial», La Jornada, 10 de mayo de 2015. Obtenido de http://www.jornada.unam.mx/2015/05/10/economia/024n1eco, consultado el 4 de julio de 2015.

[vii] s/a, «El Gobierno de Dilma Rousseff se enfrenta a problemas de corrupción», Diario Las Américas, 23 de junio de 2015. Obtenido de http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/, consultado el 7 de julio de 2015.

[viii] Juan de Onis, «El desmadre latinoamericano», El País, 22 de junio de 2015. Obtenido de http://internacional.elpais.com/internacional/, consultado el 25 de junio de 2015.

[ix] Diego Cristóvao A. S. Paes, Tania Nunes da Silva, «A crise na Petrobras e a natureza das empresas estatais», 8° Congreso del Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas, 18-19 de mayo de 2015, p. 11. Obtenido de http://www.ifbae.com.br/congresso8/PDF/B227.pdf, consultado el 25 de junio de 2015. Desde el primer momento, la dirigencia de Petrobras se ha declarado como víctima del mencionado esquema. Al mismo tiempo, la oficina de la Presidencia ha incentivado constantemente las investigaciones que -espera- lleven al esclarecimiento de estas acusaciones. Sin embargo, la imagen de la administración y de todo el sistema político, en especial del PT, ha quedado comprometida una vez más, pues la sombra de este esquema ya lleva a algunos grupos a cuestionar su incidencia en las campañas políticas y, por lo tanto, en los resultados de las elecciones desde 2006. Leticia Casado, «Esquema da Petrobras teria influenciado eleições desde 2006», Jornal Valor Economico, Brasil, A6, 23 de enero de 2015. Obtenido de http://www.researchgate.net/publication/271370997_A_social-, consultado el 26 de junio de 2015.

[x] En el mismo periodo petista, sirva de ejemplo el episodio del mensalão, en 2005. En aquella ocasión, la entrante administración lulista enfrentó acusaciones según las cuales el PT estableció un sistema de pagos clandestinos para la oposición en el Congreso a cambio de su apoyo para la agenda legislativa del partido gobernante.

[xi] «Fernando Collor», Biblioteca da Presidência da República. Obtenido de http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/, consultado el 28 de junio de 2015. En Brasil, con mayor frecuencia los escándalos tienen un impacto real y, de manera casi extraordinaria, alcanzan a élites que en otros lugares de América Latina resulta casi imposible. De esta forma, empresarios prominentes como Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora transnacional del mismo nombre, y José Dirceu, jefe de gabinete del presidente Lula, fueron detenidos o forzados a dimitir de sus cargos, por los casos de Petrobras y del Mensalão respectivamente.

[xii] Brasil registra avances significativos en la construcción de una cultura de la transparencia. Por ejemplo, desde 2004 inauguró el  Portal da Transparência, que hace disponible la información detallada y actualizada diariamente sobre el gasto del gobierno federal. Con el mismo objetivo, en 2011 se ratificó el proyecto sobre la «Ley de acceso a la información», enviado al Congreso por el presidente Lula desde 2009. s/a, Transparência e combate à corrupção nos Governos Lula e Dilma, Instituto Alvorada. Obtenido de http://institutoalvorada.org/transparencia-, consultado el 25 de junio de 2015.

[xiii] Stephanie Rose Charles, La sociedad civil para la transparencia y la rendición de cuentas. Las veedurías ciudadanas en Colombia y Observatorio Social de Maringá en Brasil, CEPAL, División de Desarrollo Social, julio, 2012, p. 27-30. Obtenido de http://goo.gl/mlroks, consultado el 25 de junio de 2015.

[xiv] Dino Capelli, «Chile y Uruguay, los países menos corruptos de Sudamérica», El Mundo, 03 de diciembre de 2014. Obtenido de http://www.elmundo.es/internacional/,  consultado el 21 de junio de 2015.

[xv] Mientras en prácticamente todos los países de la región coinciden en que uno de sus mayores problemas que enfrentan es el de la corrupción, en el caso chileno se priorizan  temas como seguridad, educación y salud. Latinobarómetro 1995-2013, Latinobarómetro 2012-2013, Chile, Corporación Latinobarómetro. Obtenido de http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp, consultado el 21 de junio de 2015.

[xvi] Juan Pedro Sepúlveda, «¿Reencuentro latinoamericano? La política exterior del nuevo gobierno de Michelle Bachelet», Revista Nueva Sociedad, marzo de 2014. Obtenido de http://nuso.org/articulo/reencuentro-latinoamericano-la-politica-exterior-del-nuevo-gobierno-de-michelle-bachelet/, consultado el 22 de junio de 2015.

[xvii] Ignacio de los Reyes, «Pentagate, el caso que destapó la corrupción en Chile», BBC, 16 de enero de 2015. Obtenido de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150115, consultado el 23 de junio de 2015.

[xviii] Ídem.

[xix] Hasta el momento SQM sigue sin entregar la información solicitada por la Fiscalía; el Sistema de Impuestos Internos de Chile, pretende buscar una compensación de SQM al Fisco, sin profundizar en una investigación oficial; condición que supongo no le hace mucha gracia a la Fiscalía. Rocío Montes, «La empresa del ex-yerno de Pinochet desata un nuevo escándalo en Chile», El País, 06 de abril de 2015. Obtenido de http://internacional.elpais.com/internacional/, consultado el 23 de junio de 2015.

[xx] El préstamo se otorgó un día después de la reelección de Bachelet y la compra de tierras que produjo millones de dólares en ganancias se gestionó en el lapso de un par de semanas Simon Romero, «Chile Joins Other Latin American Nations Shaken by Scandal», The New York Times, 09 de abril de 2015. Obtenido de http://www.nytimes.com/2015/04/10/world/americas/, consultado el 24 de junio de 2015.

[xxi] Ídem.

[xxii] GFK Adimark, Evaluación Gestión de Gobierno, GFK Adimark, febrero de 2015. Obtenido de http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/, consultado el 25 de junio de 2015.

[xxiii] Robert Funk, «Crisisificación», Revista Capital, 20 de marzo de 2015. Obtenido de http://www.capital.cl/poder/2015/03/20/000300-crisisificacion, consultado el 24 de junio de 2015.

[xxiv] Encuesta de popularidad del Presidente de Guatemala, Encuestadora CID Gallup, publicada el 5 de junio de 2015.

[xxv] Tablas estadísticas del Informe sobre Desarrollo Humano 2014, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Obtenido de http://hdr.undp.org/es/data, consultado el 10 de julio de 2014.

[xxvi] Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Diagnóstico y propuesta alternativa de hoja de ruta para el rescate y reconstrucción de la SAT, mayo 2015, p. 7.

 

 

 

 

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Erandi Mejía Arregui (México, 1989). Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente se estudia una Maestría en Historia y Memoria en la Universidad Nacional de la Plata.

Arely Reyes López (México, 1988). Estudió la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es Asesora en la Subsecretaría para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ricardo Daniel Becerril Martínez (México, 1987). Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además del futbol y Brasil, entre sus temas de interés se cuentan la cooperación, el desarrollo y las políticas públicas.

Ana Luisa Olivares Escalera (México) es Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y Maestra en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación versan sobre los actores políticos y sociales en el Norte de África y América del Sur, con trabajos publicados en estos ámbitos. Especialista en el análisis del discurso.

Yahaira Itzel Rosas Hull (México, 1987). Orgullosa guerrerense nacida en la ciudad y puerto de Acapulco en 1987. Internacionalista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Defensora de las causas perdidas y apasionada de la buena comida.

1 comentario

  1. marius

    Marzo 5, 2017 at 2:14 pm

    Esto no es novedad con la corrupcion se gobierna este mundo el capitalismo es sinonimo de corrupcion y prostitucion tanto racial, cultural, y economico es el gran destructor del mundo por eso tenemos destruidos nuestra amazonica este año 2017 los mineros siguen destruyendo nuestra selvas en el peru y sudamerica pero quien les da el permiso a estos millones de minersos pues Kuczinzky otro de los gobiernos corruptos de sudamerica con contrando de drogas e mineria ilegal.

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