Epílogo. La disputa por el futuro de México

Alejandro De Coss cierra nuestro especial sobre las elecciones de 2018 con una crítica a tres de los proyectos clave del gobierno de AMLO: las Zonas Económicas Especiales, el Corredor Transístmico y el NAICM, tras los cuales, a pesar del izquierdismo del presidente electo, no hay más que intereses que pugnan por la continuidad y profundización del neoliberalismo.

Durante los últimos cuatro meses, este espacio ha servido como una plataforma para analizar los distintos proyectos de los tres principales candidatos a la presidencia de México.[*] Lejos de enfocarse en sus supuestas filias y fobias, en sus caricaturizadas personalidades, o en sus imposibles capacidades para destruir o salvar al país, aquí he intentado discutir algo distinto: los imaginarios tecno-políticos (Mitchell, 2002) de cada candidatura. Estos no siempre se articularon como discursos claros. A menudo formaban parte de propuestas más amplias, que develaban algunas de las formas en las cuales cada coalición imaginaba el futuro de México. Esta fue la forma en la cual me propuse analizar las elecciones en clave infraestructural, argumentando que las infraestructuras y los imaginarios tecno-políticos nos permiten comprender cómo el estado, el capital, la nación y otros grandes proyectos son siempre materiales y contradictorios.

Así, caractericé al proyecto del PRI, y su candidato José Antonio Meade, como uno que prometía dar continuidad al proyecto neoliberal de guerra, no sin imaginar un país en el cual cada individuo sería perfectamente legible a través de un registro universal de necesidades individuales. El imaginario de Anaya es uno que prometía un cambio radical, pero que ofrecía solo continuidad. Para marcar esta supuesta transformación, el candidato del PAN-PRD prometía un futuro mediado por y centrado en la tecnología y el individuo –una tecno-utopía más cercana a Silicon Valley que a su natal Querétaro–, pero que era incapaz de trastocar las estructuras de desigualdad y marginación que constituyen al país. Finalmente, al discutir la candidatura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), analicé algunas propuestas contenidas en el Proyecto de Nación de Morena. Ahí afirmé que su imaginario era uno que reafirmaba la posibilidad de construir a un estado que mediara perfectamente entre clases sociales, al tiempo que se proponía continuar la explotación de recursos naturales y la transformación de la naturaleza, esta vez no solo a través del capital privado, sino también de la participación del estado.

En esta última entrega mi objetivo es distinto. El periodo electoral ha terminado y la victoria de AMLO fue aplastante. Como argumenté en la última entrega, considero que gran parte de ese triunfo se debe a la forma en la cual su narrativa resonó en la realidad cotidiana de millones de mexicanos. Caracterizar al grupo en el poder como una mafia dejó de ser un supuesto exceso radical para ser una mera descripción de la forma en la cual el grupo cercano a Enrique Peña Nieto utilizó las arcas públicas, las licitaciones y al estado mexicano. La narrativa de la honestidad y la posibilidad de construir un país más justo a través de una transformación moral venció a los pobres argumentos sobre las tendencias monárquicas de AMLO, la potencial venezolizacióndel país, o la diatriba en turno desde los púlpitos de la intelectualidad burguesa del país. El triunfo de Morena es, en gran medida, uno centrado en el recambio de narrativas dominantes –un conflicto que está lejos todavía de terminar–.

Aquí quiero proponer otros análisis de los espacios de disputa. Estos incluyen, por supuesto, una dimensión narrativa. Sin embargo, son también materiales. Son sitios de conflicto que advierten las tensiones que el lopezobradorismo alberga, al tiempo que le exceden. Estas potenciales disputas se organizan en torno a distintos proyectos infraestructurales, los cuales han sido discutidos en los días posteriores a la elección por el propio AMLO y algunos de sus futuros miembros de gabinete, como Alfonso Romo o Javier Jiménez Espriú. Algunos de ellos se encontraban ya contenidos en el Proyecto de Nación. Otros tantos son una novedad del periodo poselectoral. Estos se constituyen como la continuación de procesos ya existentes, aun cuando planteen algunos cambios en su conducción. Al prometer continuidad, dichos proyectos ponen en duda la dimensión de la supuesta transformación que México estaría por emprender. Estos son las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y el Corredor Transístmico (CT), aunque existen otros tantos que podrían ser analizados bajo la misma óptica.

 

Las Zonas Económicas Especiales: la disputa por el territorio

El 1 de julio de 2018, Forbes México publicó una pequeña entrevista con Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación de Morena y, hasta hoy, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia. En ella, Romo declaró que México debe convertirse en un paraíso para la inversión privada. Como parte de esta paradisiaca visión, afirmó lo siguiente sobre las ZEE: «Quizá las hagamos más grandes. Todo. Chiapas, Oaxaca, Guerrero. ¿Qué dejas fuera? No puedes dejar nada fuera». Unos días antes, Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, había dicho que su futuro estaba «blindado», incluyendo al modelo su concesión. La certeza de Gutiérrez Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha sido reafirmada en estos días. En entrevista con Leonardo Curzio, el pasado 6 de julio el mismo Romo afirmó que este proyecto representa una convergencia entre el sector privado y público y que podría incluir a todo el sur-sureste, incluida América Central. Se imagina que esta región podría combinar vías férreas, carreteras, canales y corredores industriales. Dejando de lado aquí la cuestión centroamericana, de gran relevancia, exploraré otra pregunta: ¿qué significa esto para el país?

En la primera entrega de esta serie argumenté que las ZEE son una forma de producir el territorio que subordina este al imperativo de acumular capital. Lo hace convirtiendo estos espacios en enclaves en los cuales actores privados, beneficiados por exenciones fiscales, tienen acceso a mano de obra y recursos naturales abundantes y baratos. En México, estas zonas se enfocan, por ahora, en el sur-sureste, una región que no fue parte central de la modernización nacionalista en el país, y que ha sido continuamente explotada durante los 30 años de neoliberalismo en el país. La narrativa que justifica la creación de las ZEE las imagina como palancas de desarrollo, sin reparar en que es precisamente el nivel actual de desarrollo de las fuerzas productivas lo que hace barata y posible la explotación de mano de obra y naturaleza ahí. Encima de esto, las ZEE voltean no hacia el país y sus trabajadores, sino hacia el océano, las redes globales de logística y transporte, y el capital transnacional. Se convierten en espacios de avanzada en la producción de un espacio que opera totalmente en función de la acumulación de capital.

La ampliación del proyecto de las ZEE representa la continuidad de esta forma particular de producir el espacio que ha sido caracterizada como neoliberal (GeoComunes, 2018). Este término se le aplica al compartir aquella premisa que habla de un eventual goteo de los beneficios de la élite al resto de la población. En primera instancia, esto parecería ir en contra de la narrativa lopezobradorista, que busca posicionarse como un movimiento decididamente antineoliberal. En este momento, con la elección apenas detrás nuestro, y el nuevo periodo presidencial aún a unos meses de comenzar, la prospectiva es una labor imprecisa. Aun así, una potencial solución a este conflicto es plantearlo como una cuestión nacionalista. En la anterior entrega mencioné que, en la narrativa de AMLO, el estado busca posicionarse como un mediador entre clases sociales, cuyas diferencias quedan anuladas por su pertenencia a la misma nación. Esta estrategia no es nueva; el estado mexicano del siglo XX procedió así antes de su viraje neoliberal. Si la apuesta de AMLO es representar a los empresarios mexicanos, tal vez plantear la cuestión de las ZEE como una relacionada con el desarrollo de una burguesía nacional (y nacionalista) podría representar una solución discursiva al problema existente.

Pero el problema en sí no desaparece. Las ZEE continuarían implicando la subordinación de espacio, naturaleza y trabajadores al capital de vocación extractiva. Aun en manos de capitalistas con pasaporte mexicano, si es que ese fuera el camino a tomarse, los procesos de explotación y apropiación que las ZEE traen consigo no podrían evadirse. Si la victoria de AMLO representará algo más que un reacomodo de la burguesía en torno a un nuevo grupo en el poder, las ZEE deben de ser combatidas y echadas atrás. Las condiciones de marginación, pobreza y desigualdad en el sur-sureste del país no se solucionarán a través de su incorporación a redes globales de explotación de recursos, de desarrollo industrial exportador y de control del espacio por parte de empresas privadas. Una opción de izquierda, como la que el futuro presidente de México dice representar, debe oponerse a estos proyectos. Esa labor compete no solo a los grupos de izquierda dentro de Morena, sino a otras organizaciones que se encuentran fuera del partido y que no necesariamente operan bajo lógicas electorales.

 

El Corredor Transístmico: la disputa por la democracia

El CT forma parte de la estrategia de las ZEE. Conectando al Golfo de México con el Océano Pacífico, busca constituirse como un conglomerado de infraestructuras e industrias que aceleren la transformación del sur-sureste del país. El proyecto incluye la modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz; la construcción de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, y el desarrollo de zonas industriales a lo largo del CT. El objetivo expreso del proyecto es industrializar esa zona del país, al tiempo que le provee de las instalaciones necesarias para exportar lo que ahí se produzca. De igual forma, busca constituirse como una alternativa al canal de Panamá, a fin de construir un futuro en el cual México sería una potencia logística global. El futuro es capitalista.

Al igual que las ZEE, el CT es un proyecto que fue diseñado durante el actual sexenio. El gobierno de Enrique Peña Nieto lo imaginó como parte de la transformación arriba descrita, en la cual la frontera de acumulación se expandiría a las zonas del sur-sureste mexicano. La noción de frontera se refiere a la expansión del circuito de acumulación a través de la incorporación de recursos naturales y mano de obra. Esto necesariamente implica la irrupción en formas de vida que no están determinadas por la relación capital-trabajo ni por la subordinación del territorio a la lógica del capital. Esta irrupción implica a humanos y naturaleza por igual.

Es decir: para avanzar, el CT debe convertir a mujeres y hombres en obreros fabriles, trabajadores dedicados al mantenimiento de infraestructuras, o en mano de obra de reserva, desempleada y subempleada, manteniéndola a bajo costo para el capital. Al mismo tiempo, ha de producir el espacio como uno volcado a la acumulación; la idea de transformar al sur-sureste en un espacio para explotar recursos maderables o ganaderos habla de esta noción, en la cual el capitalismo determina la vida y muerte del medio ambiente. Pero el CT, al lado de las ZEE, implica más que la producción del espacio; significa una potencial transformación en las formas de vivir de cientos de miles de personas, incluyendo aquellos que migrarían a la zona en busca de trabajo.

La expansión de la frontera de acumulación no puede depender del capital público únicamente, pero definitivamente requiere del estado y su participación. Así, el gobierno saliente se comprometió a ser quien desarrollara la infraestructura de transporte, mientras que los privados se encargarían de la industrialización de la zona. La inversión inicial en infraestructura fue de 4,343 millones de pesos para el primer año; Aaron Dychter, exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes, y hoy consultor privado, calculó que la inversión total en infraestructura en el CT ascendería a más de 300 millones de dólares. Es de esperarse que la administración entrante continúe también esta política. Así lo indican las numerosas declaraciones de AMLO sobre el destino de los potenciales ahorros en corrupción –idea sobre la que he expresado reservas anteriormente– y las no menos cuantiosas certezas que al respecto han expresado futuros miembros del gabinete de AMLO, más allá del combate a la corrupción.

Pero la acción del estado va más allá de su rol como inversionista. Es el aparato estatal quien debe, a través de la fuerza pública, las leyes y la administración del espacio, asegurarse que las condiciones para el desarrollo de dichos proyectos existan. Las formas en las cuales esto puede suceder son muchas, pero algunos rasgos principales pueden ser descritos brevemente. Por ejemplo: la construcción de vías férreas, carreteras y otras infraestructuras de transporte, así como la creación de corredores industriales, requiere de cambios en la tenencia de la tierra. Es de esperarse que esto implique la expropiación de terrenos, la enajenación de ejidos y comunidades, ya sea para convertirse en propiedad pública o privada, y la destrucción de formas locales de administrar en territorio en función de los requerimientos industriales y extractivos del proyecto. Cuando estos profundos cambios sean enfrentados con resistencia, queda por saber si será la violencia del estado la que suprima el conflicto, o si habrá posibilidad de encontrar soluciones alternativas.

No es posible dejar de lado que estos proyectos, hoy parcialmente materiales y en gran medida solo imaginados, serán implementados en tierras que ya son habitadas por cientos de miles de personas. Muchas de ellas se identifican como pueblos indígenas u originarios –término que esconde en su simpleza una diversidad mayúscula (Aguilar Gil, 2018)–. Numerosas páginas se han escrito sobre las distancias y diferencias que existen entre las formas de administración, producción y vida que muchas de estas comunidades practican y los designios del capitalismo y el estado-nación. Aquí no puedo añadir mucho a esos análisis, pero quiero sugerir que el CT y las ZEE representan una nueva etapa del colonialismo interno (González Casanova, 2003) que es consustancial al desarrollo del estado mexicano. En su vocación de subordinar el espacio al capital, no solo el territorio es transformado. Aquellos que han sido hechos otros en el proceso de construcción simbólica y material de la nación (Aguilar Gil, 2018) continúan siendo arrojados debajo de las ruedas del capital y el estado. Su futuro quedaría ligado a su conversión en proletarios y marcado por un nuevo ciclo de despojo que rebasa lo material e incluye a las formas de construir identidades más allá del estado. Es de esperarse que esta posible transformación sea enfrentada con resistencia.

La profundidad de estas transformaciones y su decidida vocación capitalista choca no solo con quienes materialmente resultarían afectadas por ellas. Tampoco se limita a quienes nos oponemos a la ampliación y perpetuación del capitalismo como forma única de producir el espacio, la vida y nuestras relaciones sociales y socio-naturales. Incluye, a mi entender, a amplios sectores de Morena, sean militantes o simpatizantes. Esta oposición aparece, por ejemplo, en la tensión que existe entre promover el CT y las ZEE y, al mismo tiempo, prometer que los acuerdos de San Andrés serán atendidos. Los proyectos infraestructurales en el sur-sureste son, material y simbólicamente, opuestos a las demandas de autonomía, autodeterminación y democracia que están contenidos en los acuerdos –y más allá de ellos. Aquí tal vez exista otro puente entre sectores de Morena y organizaciones políticas que se encuentran fuera del partido, aunque su materialización no parezca cercana hoy. Este puente podría articularse en torno de la necesidad de construir proyectos para el Istmo que partan de las necesidades de sus habitantes, que los incluyan en la toma de decisiones y que permitan construir espacios en donde la lógica del capital no sea la que determine la vida y la muerte.

 

Pensar el futuro en clave infraestructural

Las ZEE y el CT no son los únicos espacios en donde conflictos sobre la forma de producir el espacio y las infraestructuras, y de plantear relaciones entre naturaleza y sociedad se vislumbran. Existen otros, numerosos, que involucran también presentes y futuros distintos para México. Estos no existen solo en la escala regional, como los aquí analizados. Pueden también ocurrir en la escala de lo urbano: el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) puede ser un ejemplo de ello. Después de la tentativa de cancelar el proyecto, AMLO ha declarado que el NAICM va. Para ello, el aeropuerto estaría totalmente concesionado, desde su construcción hasta su operación. Entregar el control de una infraestructura central de transporte al capital privado no parece la medida más reformista que uno pueda imaginar, pero parece formar parte de la idea de separar al poder político del poder económico. Esta noción, como he explorado con anterioridad, ignora que el poder económico y el político están siempre ligados, más allá de las formas particulares que esto pueda tomar en casos de corrupción específicos, como los que podrían incluir a Odebrecht u OHL.

El NAICM pone sobre la mesa conflictos similares a los del CT y las ZEE. Los pueblos de Atenco han manifestado ya su oposición al mismo y han solicitado reunirse con AMLO. En la fecha en que este texto fue escrito, dicha reunión no se había concretado. Más allá de este conflicto particular, el proyecto del NAICM deja claro que el estado debe actuar para garantizar su construcción. Aunque aquí lo haga entregando la construcción, mantenimiento y operación a la iniciativa privada, el rol del estado en tanto entramado jurídico, de seguridad y administración no desaparece. En el esfuerzo de separar lo político de lo económico, se corre el riesgo de fortalecer la posición de los grandes capitalistas en México en detrimento de trabajadores, vecinos de barrios populares y otras poblaciones oprimidas y marginadas.

Encima de ello, el caso del NAICM pone de manifiesto las complejidades de la relación entre naturaleza y sociedad en el espacio urbano. La construcción del aeropuerto no es solo una decisión sobre la infraestructura de transporte, sobre el uso del viejo aeropuerto o sobre potenciales cambios en los vecindarios cercanos a las obras. Es también un problema medioambiental, que podría agudizar los problemas hídricos de una ciudad que se ha definido por su conflictiva relación con el agua y la forma de abastecerse y deshacerse de ella. El NAICM deja claro que los conflictos tecno-políticos por la infraestructura también se despliegan en la escala urbana y que ahí tienen características particulares que merecen ser analizadas con detenimiento.

Por ahora, quisiera concluir señalando que estos proyectos son potenciales espacios de disputa. La forma en la cual se plantean suponen la producción de ciertas relaciones sociales y socio-naturales en el espacio. Ellas no aparecen de la nada, sino que implican la transformación de múltiples otras, que le son contradictorias en muchas ocasiones. Estas disputas se organizan en torno del proceso de expansión del capitalismo, aun cuando sea de mano de un estado de confesa vocación nacionalista, y aquellas organizaciones e individuos que se oponen a este movimiento de fronteras. Como apunté, las líneas del conflicto no se distinguen claramente entre Morena y el resto. Aun dentro del partido hay claras tensiones entre distintos grupos y figuras clave. Al ser una coalición amplia, plagada de contradicciones internas, es de esperarse que algunas de estas tensiones se agudicen en tanto el próximo gobierno defina cuestiones clave sobre la forma en la cual planea ejercer el poder del estado. Este, lejos de ser una abstracción que habita en instituciones y formas, es un poder material, que tiene como objeto la producción del espacio, y que se produce a través de él.

En este proceso, otros grupos afectados podrían constituir comunidades de interés en torno a estos proyectos. Dichos colectivos no serían únicamente determinados por cuestiones de clase, que son sin duda centrales, sino también por aquellas que se organizan en torno a la vida cotidiana. Pienso en los así llamados pueblos originarios, pero también en diversas poblaciones urbanas y rurales que habitan en los espacios que serían objeto de transformación. Ahí podría ser donde las contradicciones contenidas en los proyectos del gobierno entrante, que son muchas veces una continuación de los ya existentes, se mostrarían plenamente. Estas contradicciones no surgen únicamente del ejercicio del poder por la administración en turno. Como argumenté en este texto, son mucho más profundas, y son propias del desarrollo del capitalismo y de las formas en las cuales el estado se entrelaza con este proceso. Estas contradicciones dan forma a las disputas por el espacio, el presente y el futuro. Estos conflictos también permanecerán constantes en el próximo sexenio. De su resolución depende el futuro de quienes habitan México.

 

 

NOTA

[*]Originalmente, me había planteado discutir también el proyecto del Concejo Indígena de Gobierno (CIG). Lamentablemente, cuestiones de tiempo me impidieron hacerlo. La responsabilidad de esta omisión es totalmente mía.

 

REFERENCIAS

-Yásnaya Elena Aguilar Gil, «Nosotros sin México: naciones indígenas y autonomía», en Humberto Beck y Rafael Lemus, El futuro es hoy: ideas radicales para México, Ciudad de México, Biblioteca Nueva, 2018.

-Pablo González Casanova, «Colonialismo interno (una redefinición)», en Rebeldía, número 12, octubre de 2003.

-GeoComunes, «Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes», 2018.

-Timothy Mitchell, Rule of experts: Egypt, techno-politics, modernity, Berkeley, University of California Press, 2002.

 

 

(Visited 278 times, 1 visits today)

Posted by Alejandro De Coss

Alejandro De Coss (Ciudad de México, 1984) es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es también maestro en Sociología por la London School of Economics and Political Science (LSE) en el Reino Unido, donde actualmente cursa un doctorado en la misma disciplina. Su investigación explora el proceso de urbanización del agua en la Ciudad de México a través de un análisis etnográfico e histórico de las infraestructuras que componen al Sistema Lerma.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.