Además de presupuesto, ¿qué le falta a la cultura en México?

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El sector cultural en México presenta muchos problemas, entre ellos destacan los recortes presupuestarios y el reparto de recursos, pero ¿a dónde va el presupuesto asignado a la materia? ¿En qué forma cambiará la situación el Presupuesto base cero? ¿Qué papel desempeña Conaculta en el sector? Éstas son algunas interrogantes que Adriana Huerta busca responder en este artículo.

 

 

Adriana Huerta Núñez

 

 

Hace unas semanas, una iniciativa que solicitaba al presidente Enrique Peña Nieto dar marcha atrás al recorte presupuestal contemplado para el sector cultural el próximo 2016[1] atrajo la atención pública. Y es que con la caída del precio del petróleo y la volatilidad en los mercados financieros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha estimado para 2016 una disminución del 2.1 por ciento en relación a los ingresos que fueron previstos para 2015, motivo por el cual diversos sectores se han visto gravemente afectados en cuestión presupuestal, y no es de extrañarse que, dada la tendencia que han seguido las últimas administraciones, los recursos públicos destinados a la cultura sean de los más afectados. La amplia convocatoria de esta iniciativa firmada por artistas, escritores y profesionales de la cultura en México demuestra lo alarmante de la situación. Pero aun tomando en cuenta la significativa reducción de los recursos asignados, surge otra interrogante: ¿el recorte presupuestal es el único problema que enfrenta la cultura en México?

A lo largo de este texto discurriré acerca de los principales problemas que presenta el sector cultural en el país; mi hipótesis central es que el recorte presupuestal en el subsector resulta ser una variable más dentro del entramado de factores que inciden en la configuración actual de la cultura en México, cuyas deficiencias son derivadas también de problemáticas ligadas a la carencia de un marco jurídico general en cuestión cultural y a la subsecuente falta de políticas públicas en la materia.

El problema de la cultura en México es tan grande como el cúmulo de ideas y objetos englobados por este concepto. ¿Qué se entiende por cultura? No nos detendremos en este debate, simplemente es necesario señalar que, en términos de política, el concepto no sólo abarca la creación artística y las expresiones culturales, sino que también considera a las identidades múltiples. Al respecto me interesa concentrarme en un aspecto más institucional de la cultura: la actual estructuración concebida estatalmente que influye en el desarrollo de esta materia en México.

 

Carencia de legislación general a nivel cultural

En la actualidad existe una multiplicidad jurídica en las disposiciones referentes a la cultura en México, ya que éstas se encuentran contenidas en diversas normas y reglamentos de carácter federal y estatal, tratados internacionales firmados por México, así como en las leyes orgánicas de las diversas entidades que tienen competencia en la materia. Sin embargo, no existe una normatividad general a nivel federal que regule aspectos como la promoción y protección cultural, lo cual también implica la ausencia de mecanismos de coordinación entre los diversos niveles de gobierno, las instancias involucradas en el ámbito cultural, la comunidad artística y los ciudadanos.

La ausencia de un marco normativo incide en la poca transparencia y claridad en la rendición de cuentas que conciernen al manejo de los recursos públicos destinados a la cultura. Aunque hoy en día la necesidad de transparentar las gestiones gubernamentales está presente en todos los ámbitos y niveles de gobierno, en un área donde cada día se reduce más el presupuesto asignado, resulta fundamental que se conozcan la asignación de los recursos, los objetivos de los programas, la población beneficiada y todos aquellos rubros que requieran una fiscalización, con el objetivo de garantizar el mejor rendimiento de los esfuerzos establecidos para el fomento cultural.

El hecho de que no exista un ordenamiento general para la cultura afecta directamente en la asignación de un presupuesto, ya que legalmente no se estipula un compromiso desde el ámbito federal en cuanto a los recursos con los que contará el sector anualmente.[2] Esto significa una gran vulnerabilidad ante factores circunstanciales como las fluctuaciones en el precio del petróleo o incluso los cambios de administraciones y, por ende, repercute en el desigual nivel de atención que cada gobierno presta a la cultura. Al establecerse una ley que estipule los recursos que se le otorgarán al subsector, se tendrá más certidumbre para planificar y poner en marcha políticas y programas culturales.

Ante la falta de reglamentación general, actualmente el quehacer en materia cultural en México desde el nivel federal es encomendado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta); de esta entidad dependen el Centro Cultural Tijuana, Educal, los Estudios Churubusco, el Centro de Capacitación Cinematográfica, el Fondo de Cultura Económica (FCE), el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional, Radio Educación, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). A pesar de la enorme tarea que le fue asignada al Conaculta, esta es una instancia que, como se verá a continuación, no dispone de las competencias necesarias para hacer frente a los requerimientos que hoy en día se demandan en materia cultural.

 

Conaculta

Como una herencia directa del afán de los gobiernos postrevolucionarios de consolidar la identidad nacional, desde 1921 la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue la encargada de establecer la política cultural en México, sin embargo la configuración en esta materia tal como la conocemos en la actualidad surge en 1988, cuando se crea una nueva entidad con el fin de que fuera la principal ejecutora de la cultura en el país, y para que, aunque dependiente de la SEP, tomara bajo su mando diferentes instancias culturales existentes.

El Conaculta, en su calidad de órgano descentralizado de la SEP, fue creado mediante un decreto presidencial,[3] por lo que no cuenta con la capacidad jurídica para poder ejercer su presupuesto por sí mismo, de manera que es la SEP quien decide el manejo de los recursos. Este inconveniente en cuestión presupuestal ha derivado en problemas que ya han salido a la luz pública, como el sucedido a finales del año pasado cuando artistas, trabajadores y proveedores del INBA denunciaron el atraso en los pagos de servicios que ya habían realizado. El panorama se vislumbra aún más complicado para quienes trabajan en esta entidad institucional después de las recientes declaraciones del titular de Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, quien aseguró públicamente que las principales afectaciones que traería este recorte se verían reflejadas en la parte administrativa.[4]

 

Presupuesto base cero

Siguiendo la misma línea del tema presupuestal, para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2016, la SHCP ha considerado una reestructuración utilizando la metodología del presupuesto base cero. En caso de aprobarse, daría comienzo a una nueva etapa en la asignación del gasto público en México, pues si bien se seguía la lógica de reestructuración de acuerdo con la inflación, no obstante bajo este nuevo enfoque la asignación del presupuesto dependerá de una evaluación de los beneficios y resultados de los programas.

De manera general surgen bastantes dudas con respecto a esta cuestión, sin embargo en lo que atañe al tema de este texto surge una nueva interrogante: ¿quién realizará, y con qué metodología, la estimación de los beneficios de los bienes cuturales, que no tienen valor de mercado? En este punto se puede pensar que, ante la falta de una ley general que contenga los mecanismos de evaluación de los programas y políticas, los criterios para la asignación de recursos a la cultura dependerán en gran medida de las administraciones en turno.

Es decir, los temas presupuestales resultan sólo un factor más entre los problemas que afectan a la cultura en México, por lo que es necesario que las iniciativas y esfuerzos de la comunidad artística y la sociedad civil no se enfoquen exclusivamente en cuestiones presupuestarias, sino que también tomen en consideración cuestiones de fondo, como la carencia de un marco jurídico general y otras cuestiones que mencionaré a continuación.

Cuando se habla de la instrumentación de un régimen de control de los recursos con los que cuentan las instancias gubernamentales en materia cultural, se tiene que tener en claro que no se trata de poner obstáculos a la creación ni al desarrollo de proyectos culturales, sino que es urgente que en tiempos de crisis como los que vivimos, los esfuerzos en materia cultural se encuentren totalmente focalizados y optimizados, siempre teniendo en consideración que al llevar a cabo esto no se ocasione un aumento en la carga burocrática al sector.

Actualmente, tanto el INAH como el INBA son dependientes del Conaculta, sin embargo desde su formación, 1939 y 1946 respectivamente, han sido instituciones descentralizadas de la SEP –a diferencia de Conaculta–, por lo que a partir de la creación de este consejo se le resta autonomía a un par de instituciones que desde la primera mitad del siglo veinte han tenido bajo su responsabilidad diversas funciones relacionadas con la protección del patrimonio cultural de la nación, así como con la promoción de las artes.

Otro aspecto que me gustaría hacer notar es lo contradictorio que resulta que, a pesar de que los programas culturales del Estado dependan de la SEP –a través del Conaculta–, haya una marcada ausencia de materias culturales en los planes educativos de la instrucción básica. Si bien es cierto que desde la concepción humanista de José Vasconcelos y las ideas de construcción de una identidad nacional de los gobiernos revolucionarios se concibió un modelo educativo y cultural integral, con el paso del tiempo estos engranajes se han ido diluyendo.

Para resarcir los vacíos legales y la desarticulación de la cultura en México, se ha pensado en la creación de una Secretaría de Cultura que sustituya al Conaculta. No obstante hay que tener en cuenta que no basta sólo con establecer una entidad jurídica con capacidad para manejar un presupuesto, pues esto únicamente ocasionaría una carga burocrática innecesaria; la responsabilidad que en realidad debería asumir esta nueva entidad es la de concebir la política cultural de México como un proceso orgánico: desde su concepción y orientación hasta su ejecución. Tampoco se trata de centralizar sus funciones, sino que las capacidades de esa entidad deberían de permitir una coordinación efectiva entre los diversos niveles de gobierno y las secretarías de Estado, regulando la intervención de la iniciativa privada, estableciendo líneas de acción, tanto nacional como internacionalmente.

Es preciso señalar que hoy en día estas líneas de acción están presentes en el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, el cual se dio a conocer casi un año después de iniciada la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, lo cual demuestra la importancia que en su administración se le ha otorgado a la cultura. En el mismo sentido cabría preguntarnos si existe –o existirá en un corto o mediano plazo– una voluntad política para legislar en torno a la cultura y la creación de políticas públicas en esta materia.

Finalmente me gustaría resaltar que la cultura tiene un valor intangible, lo cual resulta un contratiempo para los gobiernos inmersos en cierta lógica neoliberal en la que todo bien debe cuantificarse en términos de mercado. Sin embargo es momento de que el gobierno mexicano comience a tomar en consideración las potencialidades de la cultura. Una de ellas, hacia el interior, es la de convertirse en una herramienta para la regeneración del tejido social, principalmente en el contexto marcado por la violencia que se vive actualmente en México. Al tiempo, hacia el exterior, la cultura puede ser un recurso estratégico para el ejercicio del llamado soft power y la diplomacia pública, pues recordemos que hoy en día el poder de un Estado no se mide únicamente en términos políticos, militares o económicos, sino que también interviene la influencia que ejercen sus ideas y su cultura en otras sociedades.

 

 

NOTAS

[1] Ver http://www.culturapormexico.org/.

[2] La Ley General de Educación en su artículo 25 otorga el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en educación; la Ley General de Salud en su artículo 77 estipula que el gobierno federal deberá cubrir una cuota por la protección social de cada persona afiliada.

[3] Ver decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del 6 de diciembre de 1988.

[4] «Habrá austeridad administrativa: Tovar», en El Universal, 10 de junio de 2015: http://beta.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2015/06/10/habra-austeridad-administrativa-tovar [Consultado en línea el 1 de julio de 2015].

 

 

 

 

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Adriana Huerta Núñez (México, 1988) es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la FCPyS de la UNAM. Se ha desempeñado profesionalmente en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente cursa la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM Cuajimalpa.

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