¿Por qué Ayotzinapa?

Herida abierta

Los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por las autoridades el pasado 26 de septiembre de 2014 encendieron la indignación nacional frente a los crímenes de Estado, la represión policíaca y la violación a los derechos humanos en México. Nora Hinojo reflexiona sobre cómo y por qué Ayotzinapa se volvió la gota que derramó el vaso, la herida que sigue abierta.

Nora Hinojo

¿Por qué Ayotzinapa es herida abierta? Desde sexenios anteriores, el narcotráfico –como referente dentro de una estrategia discursiva más que como un tema de seguridad– se convirtió en un recurso altamente explotado por la clase política de nuestro país. La capacidad de convertirse en todos los significantes para el mismo significado, hizo de la figura del narcotraficante –enaltecida mediáticamente a través de personificaciones y apodos– el rostro de la tragedia.

Las violaciones a los derechos humanos se vistieron con la cara del narcotráfico; la construcción de un «enemigo» para depositar en él todos los errores del Estado, legitimó la iniciativa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa para iniciar una guerra contra la delincuencia organizada y permitió, a su vez, deslindar a las autoridades de sus responsabilidades en materia de seguridad pública.

La tragedia nacional disfrazada de narcotráfico abrió las puertas para que el dolor se integrara al panorama de la vida cotidiana. Los contadores de muertos y desaparecidos comenzaron a ser un referente de la situación del país. La tragedia se deshumanizó y se afianzó como parte del sentido común, los culpables respondían al referente social del narcotraficante, y las víctimas sólo se reducían a números –sin importar sus historias ni sus familias.

El hallazgo de fosas clandestinas por todo el país, la aparición de cuerpos colgados y otras imágenes difundidas en medios impresos y electrónicos hicieron de la tragedia un elemento del paisaje natural. Sin embargo, los acontecimientos del pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, lograron hacer de la tragedia normalizada, una herida abierta para la indignación y la organización.

El ataque a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, por un grupo de policías vestidos de civil, desató el monstruo de  la opinión pública. La fuga del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda,  la licencia solicitada por el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y la retardada acción del Gobierno federal para asumir la tutela de las investigaciones sobre el caso, evidenciaron la debilidad, impunidad y corrupción de las instituciones estatales y de la clase política.

La desaparición de 43 estudiantes y el asesinato de seis civiles –entre ellos tres normalistas– a menos de 3.1 kilómetros de un cuartel oficial del Ejército, hizo del desvanecimiento de estas representaciones de poder y autoridad, un campo fértil para el nacimiento y, posterior crecimiento de la indignación.

Al verse vulnerables, las autoridades federales –y hasta los medios oficiales– comenzaron a contar la historia de Ayotzinapa desde sus propias trincheras: ¿quiénes hablan de los normalistas y por qué? Esas preguntas, que se insertan en nuestra lectura de  los medios,  nos hablaron de un objetivo claro: encapsular las responsabilidades del caso a nivel local para deslindar a las autoridades e instituciones federales.

A partir de un montaje mediático se buscó confundir el debate en la opinión pública. La aparición heroica de Jesús Murillo Karam –titular de la Procuraduría General de la República (PGR)– al asumir la responsabilidad de la investigación y de la búsqueda de los normalistas, y la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los desaparecidos, intentó posicionar la imagen del Gobierno federal por encima del Gobierno local, el cual se dibujó rebasado por el narcotráfico y la inseguridad.

Este desequilibrio en la manera de representar a las autoridades locales y federales se conformó como estrategia para deslindar responsabilidades. Después de que el narcotráfico y las fosas comunes dejaron de funcionar, el gobierno de Enrique Peña Nieto se dio a la tarea de buscar un chivo expiatorio. Así se presentó, después de un mes, la detención del ex-alcalde de Iguala  y de su esposa.

La confusión de la opinión pública que ellos desataron no pudo contener la indignación ni la escalada de movilizaciones a nivel nacional e internacional. Desde cada latitud, Ayotzinapa fue herida abierta para la construcción de redes y de acciones «espejo» que nos obligaron a mirarnos a nosotros mismos y a nuestras capacidades de organización.

El Gobierno federal  quiso contar la historia de Ayotzinapa y la sociedad decidió ya no creerles más. Ni el encuentro de fosas clandestinas, ni las detenciones –también chivos expiatorios– de supuesto integrantes del cártel de los Guerreros Unidos –relacionados con el ataque a los normalistas–, ni la afirmación más reciente de Jesús Murillo Karam sobre el asesinato – explicación casi detallada de una supuesta calcinación– de los estudiantes, han podido cerrar la herida.

Tal vez Ayotzinapa derramó el vaso; tal vez, después de tantas tragedias era tiempo de mirar distinto y hacer que lloviera la rabia sobre la memoria, la justicia y la dignidad de este país. El contexto nos hizo vulnerables, la complicidad de todas aquellas «autoridades» que antes daban un referente –tal vez mínimo– de estabilidad, se derrumbó. En esa crisis, Ayotzinapa se convirtió en herida abierta para la construcción de comunidad y resistencia.

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Nora Elsa Hinojo Escamilla (Ciudad de México, 1991) estudia Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha publicado en la Revista Contratiempo y formó parte del Consejo de Redacción de la Revista Autónoma de Comunicación.