Thursday, 30th October 2014

El despertar de Chile

Publicado el 11. dic, 2011 por en Cuadrivio proteico


Por Víctor Adams y Katia Rodríguez

Un completo estudio sobre las manifestaciones estudiantiles en Chile a través de una cronología histórica que se remonta a los últimos años de dictadura de Pinochet. Katia Rodríguez y Víctor Adams develan las estrategias que emprendió el Estado para deslindarse de la educación y los detalles de la movilización pingüina, que no ha cesado en su lucha.

 

Katia Rodríguez Rodríguez y Víctor Adams Martínez

 

La noche termina de arribar. A pesar de las bajas temperaturas que obligan a cubrirse lo mejor posible (éste ha sido uno de los inviernos más fríos de los últimos años), los chilenos están alcanzando el punto de ebullición.

En las redes sociales no para de circular la información segundo a segundo. Lo que había iniciado como una jornada de movilización, como cualquier otra realizada días antes, terminó saliéndose de control. El asunto se fue agravando conforme se acumulaban los casos de represión durante el día. El gobierno fue claro en su prohibición: no pueden manifestarse; en caso de hacerlo utilizaremos los medios que sean necesarios para hacer cumplir el mandato.

Ante la rabia y el descontento por el actuar desmedido de los carabineros y la respuesta del gobierno ante un movimiento que no se siente escuchado, encontraron una forma de hacerse oír sin importar que fueran o no estudiantes. Opacando el sonido de las sirenas, desde las calles y los balcones de los edificios, comenzó la orquesta de cacerolazos en todas las ciudades de Chile. La sociedad volvió a despertar.

Desde hace 20 años este sonido no retumbaba, puesto que era una forma de protestar la inconformidad hacia el régimen militar sin correr el riesgo de salir a marchar y ser violentados o desaparecer. No es casualidad que los estudiantes convocaran improvisadamente durante la noche del 4 de agosto a los cacerolazos. Al fin y al cabo su lucha es contra la herencia de una época dictatorial que no les tocó vivir.

El último golpe de Pinochet

En uno de los balcones del palacio presidencial La Moneda Patricio Aylwin, de 71 años, acompañado de su esposa, Leonor Oyarzún, daba su primer discurso como presidente en aquel histórico 11 de marzo de 1990.

Horas antes, Aylwin había jurado ante el Congreso Nacional de Santiago que iba a respetar la constitución que el general Augusto Pinochet había promulgado en 1980. Carta magna que, por medio del plebiscito realizado el 3 de Julio de 1989, se reformó para ir preparando el camino hacia la democracia. No obstante, algunas de estas modificaciones, realizadas días antes de que Pinochet dejara el poder, dificultaron la modificación de ciertos apartados y fortalecieron el sistema económico neoliberal que se estableció durante la dictadura.

María Olivia Mockeberg, autora del libro El negocio de las universidades chilenas, menciona en el documental «MalEducados! El problema de la educación en Chile» que durante el régimen militar los «Chicago Boys», un grupo de economistas egresados de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica que cursaron posgrados en la Universidad de Chicago en EE.UU, asesoraron al régimen de Augusto Pinochet y fueron los artífices de las reformas económicas neoliberales implementadas en Chile a partir de finales de la década de los setenta.

Fue así que, con la nueva constitución de 1980, el Estado dejó de ser el impulsor del desarrollo económico para pasar a ocupar un rol subsidiario. De esta forma comenzó la privatización de recursos, servicios y empresas estatales, así como la liberación de trabas para la creación de empresas privadas. Cuando Chile transitó hacia la democracia, la coalición gobernante, la concertación de partidos por la democracia de origen centroizquierdista, profundizó y desarrolló el modelo sin realizarle ajustes de fondo.

Este proceso se extendió al sistema educativo. Durante la dictadura, la educación pública fue profundamente desvirtuada. Las universidades fueron intervenidas por los militares, obligando a los académicos a partir al exilio; a su vez, algunas universidades, carreras y disciplinas fueron cerradas.

Fue hasta inicios de la década de los ochenta en que se llevó a cabo la reforma universitaria. En ella se traspasó la administración e infraestructura de las escuelas y liceos públicos por parte del Estado a los municipios; así el Ministerio de Educación solamente se encarga del aspecto pedagógico, como es la aprobación de planes de estudio, además de la entrega de recursos a través de las subvenciones por alumnos que destina a cada establecimiento.

Aunado a eso universidades que tenían una cobertura nacional, como la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado (cuya continuadora actual es la Universidad de Santiago de Chile), fueron desmembradas para crear universidades de carácter regional. De esa manera se creó el sistema educacional de pregrado, el cual impera actualmente en donde existen las universidades públicas y las universidades privadas.

El problema fue que «Chile permitió que las universidades privadas compitieran libremente con las universidades estatales, pero no implementó la condición de que todas las universidades privadas se adhirieran a los altos estándares académicos, y eso condujo a la creación tanto de universidades privadas de primer nivel como de universidades mediocres», escribió en su columna Andres Oppenheimer el 26 de agosto de 2011.

Como una forma de buscar una mayor eficiencia y competitividad en la prestación de servicios educativos, el 7 de marzo de 1990 se aprobó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). En ella se establecieron dos aspectos fundamentales: el primero en el artículo 2 de la LOCE y en el artículo 10 de la Constitución de 1980, donde se instituye que los padres tienen el deber de educar a sus hijos; en cambio al Estado le corresponde fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles. El segundo es en el artículo 20 de la LOCE y el artículo 11 de la Carta Magna de 1980, donde se establece garantizar la libertad de enseñanza por medio de la apertura, organización y mantenimiento de establecimientos educacionales.

Para Claudia Jara, ex investigadora ayudante del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), y Cecilia Millán, antropóloga de la Universidad Austral de Chile, en la conferencia «El movimiento estudiantil chileno» realizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el artículo 10 deja ambigua la responsabilidad del Estado para educar, delegándola completamente a los padres de familia. A su vez, en el artículo 11 se omite la calidad y exigencia para abrir un colegio, como es el caso de tener un proyecto educativo. De esta forma, expresaron, se privilegia la libertad de empresa por encima del derecho a la educación por medio del desmantelamiento del sistema público.

Otro de los puntos polémicos fue la implementación del sistema de subvención para la educación secundaria, a través del financiamiento compartido. En él, los sostenedores que abren un colegio reciben una subvención estatal como una forma de apoyo e incentivo por cada alumno matriculado que tengan, lo cual se suma al pago que los padres deben hacer por la matricula de sus hijos en el establecimiento.

Durante los años de democracia, fueron pocos los movimientos que lograron poner en jaque a la autoridad, ya que existía poca cohesión y organización en las federaciones y confederaciones estudiantiles, existentes desde 1906 con la creación de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH). En 1997 comenzaron las primeras movilizaciones estudiantiles debido al recorte en el acceso de becas y créditos, así como por la mala infraestructura de las universidades.

Otro brote importante fue «el Mochilazo» de 2001, en el cual estudiantes secundarios [*] salieron a las calles para protestar por el aumento de la tarifa del Pase Escolar y el pago de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), empleada como mecanismo de admisión por las universidades de mayor prestigio en el país. No obstante, la «Revolución Pingüina» ha sido el movimiento que ha tenido mayor repercusión en los últimos años.

Los «pingüinos» salen las calles

Durante los primeros meses del mandato de Michelle Bachelet, la primera mujer gobernante de Chile, se realizaron las primeras manifestaciones estudiantiles encabezadas por los «pingüinos» (apodo que se les dio a los estudiantes secundarios por el color blanco y azul de sus uniformes). Más de 50 mil secundarios tomaron establecimientos y las ciudades en mayo de 2006 para expresar su inconformidad con el modelo educativo en el que estaban inmersos.

Esta nueva generación decidió manifestarse ante el carente protagonismo que los candidatos a la presidencia de Chile le dieron en 2005 al tema de la educación (entre los que se figuran el actual presidente Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, ex ministro de Educación): el alza de la tarifa estudiantil en el transporte público, la mala infraestructura de los establecimientos y la Jornada Escolar Completa, cuyo fin era compensar la desigualdad de la educación con la extensión de horas escolares.

Con la toma de colegios, la creación de espacios de reflexión y actividades culturales, los estudiantes secundarios planteaban entre sus exigencias la derogación de la LOCE, la desmunicipalización de la educación pública (para que la enseñanza fuera administrada directamente por el gobierno central), la extensión del beneficio de la tarifa escolar en el transporte público y la gratuidad en la rendición de la PSU.

Sin embargo, poco y nada lograron en lo tangible estos estudiantes secundarios. En el mes de junio dejaron de manifestarse para trabajar en las mesas de diálogo establecidas con el gobierno, los profesores, estudiantes, políticos y economistas. Junto a un mayor número de becas y la extensión horaria del pase escolar, no pudieron conseguir el principal objetivo: la derogación de la LOCE. Ésta fue reemplazada en los años venideros por la Ley General de Enseñanza (LGE) del 2009, la cual no cambiaba mucho la preexistente.

De esta manera se fue diluyendo el movimiento estudiantil. A partir de ahí, no hubieron más rostros visibles que le dieran continuidad ni proyección, ni un discurso coherente, ni objetivos claros. Pese a ello el movimiento del 2006 dejó una trascendental contribución en la sociedad: instaló el debate necesario por reformar la educación en todos sus niveles.

El punto de inflexión

A pesar de la falta de resultados, en palabras de Paul Ernesto Floor –Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH)–, los estudiantes vieron que con la acción colectiva y la organización podían generar la fuerza necesaria para hacer cualquier transformación  a pesar de la falta de resultados. Así en 2008 se reintegraron y fortalecieron las federaciones estudiantiles para analizar los problemas de la educación, y al año siguiente se realizó el primer Congreso Nacional de Educación, incluyendo en las discusiones a los profesores, explicó Floor durante su visita a México en octubre.

En 2010 las actividades tuvieron que frenar por causas externas. Un mes antes de asumir la presidencia Sebastián Piñera, empresario e inversionista, el 27 de febrero Chile fue sacudido por un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter, uno de los más devastadores en la historia del país. Chile paulatinamente comenzaba a recuperarse de este suceso hasta que el 7 de agosto se produjo el derrumbe de la mina San José, ubicada en el norte del país, dejando a 33 mineros atrapados durante 70 días.

No obstante, en el 2011, el clima de ebullición social en el que estaría inmerso el país se transformaría en el caldo de cultivo para diversas manifestaciones. En enero, los habitantes de la sureña región de Magallanes se movilizaron por el aumento al precio del gas natural, un recurso fundamental para la supervivencia en la zona. Luego, en abril se sumaría una serie de marchas ciudadanas realizadas en diversas ciudades de Chile en contra de la aprobación gubernamental del proyecto Hydroaysén, que contempla la construcción de cinco represas hidroeléctricas en la Patagonia, la cual afecta diversas reservas nacionales.

Por Víctor Adams y Katia Rodríguez

El movimiento estudiantil quiso aprovechar y darse una nueva oportunidad, pero esta vez encabezado desde el ambiente universitario. Los que lo lideran en esta ocasión son, ni más ni menos, los mismos participantes de la «Revolución Pingüina». Como cuenta Paul Ernesto Floor, «nos dimos cuenta de que en realidad deberíamos dejar de hablarles a los convencidos y comenzar a hablarle a la gente que no tenía idea de esto. Pero la gente que no tiene idea de esto, por lo general, no es militante o no participa en la realización social», por lo que cambiaron de estrategia: demostrar con cifras por qué se necesita reformar un sistema educativo que está colapsado, a la par de lograr que la sociedad hiciera suya la causa estudiantil para así constituirse en una instancia efectiva de presión ante el gobierno.

En la escena irrumpieron una serie de dirigentes que encabezan y dan visibilidad al movimiento. Los más conocidos son Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), y Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (FEUC), quienes ejercieron su cargo durante el periodo 2010-2011.

Por Víctor Adams y Katia Rodríguez

Así, la primera marcha nacional convocada por la CONFECH se desarrolló el 12 de mayo del 2011. Cada dos semanas los estudiantes durante algún día de la semana –generalmente miércoles o jueves– efectuaron marchas, suspendiendo para ello las actividades académicas. A partir de junio, durante todas las semanas tenía lugar al menos una movilización. Paralelamente, los estudiantes secundarios comenzaron a tomar los colegios. En Santiago de Chile se han logrado reunir entre 100 mil y 200 mil personas que marchen a lo largo la Alameda Libertador O’Higgins –principal arteria de la ciudad–, según datos de la CONFECH. Éstas han sido calificadas como convocatorias históricas, pues comúnmente una marcha lograba convocar a lo sumo 25 mil personas, por lo que en este rubro el movimiento estudiantil ha marcado precedentes.

Un aspecto que no ha pasado desapercibido ha sido el de las creativas formas de protesta que han empleado los estudiantes para expresar sus puntos de vista. Para ello han organizado bailes colectivos, conocidos como flashmob; ejemplo de ello ha sido el «Thriller por la educación» donde 5 mil personas en la Plaza de la Ciudadanía de Santiago emularon la coreografía de «Thriller», del cantante Michael Jackson. Otras iniciativas que se han realizado en esta misma línea son las mil 800 horas por la educación, en las cuales un grupo de personas por casi dos meses trotó sin interrupción alrededor del Palacio de la Moneda con la consigna de que el Estado debía invertir mayores recursos en la educación de sus habitantes. También destacan las marchas de carácter más familiar realizadas durante algunos domingos.

Sin embargo, en cada una de estas manifestaciones creativas jamás se ha perdido el enfoque esencial del movimiento: exigir una educación de calidad –entendida no como un indicador administrativo, sino como uno de formación de ciudadanos críticos– y de acceso más equitativo.

Las demandas

«Hay muchos países que hoy en día se dicen desarrollados, que han llevado grandes consensos nacionales, donde se han dado cuenta de que para llegar al nivel de desarrollo que tienen era necesario que el Estado garantizara la educación pública, gratuita y de calidad», dijo Camila Vallejo ante una congregación de alumnos frente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en octubre de 2011. Bajo esta premisa se enfocan las demandas del sector estudiantil.

Por Víctor Adams y Katia Rodríguez

Tanto jóvenes secundarios y universitarios piden que se recupere la educación pública como un derecho social. Tal y como lo expresó Camila Vallejo en el escrito «Diálogo a Lavín» en su blog personal, «el verdadero diálogo que la educación superior necesita se yergue sobre el paradigma de reconocer a la educación como un derecho universal y como una inversión fundamentalmente social, eje estratégico para el desarrollo justo y armónico del país y para su fortalecimiento democrático».

Al exigir una educación como derecho social, los estudiantes piden, por tanto, que sea gratuita y que no se genere lucro, en especial en el sistema de subvención. Argumentan que los dueños de colegios generan ingresos –prohibido por la ley–, ya que el dinero que reciben del gobierno y del cobro de aranceles no se invierte en mejorar la educación en el plantel.

María Olivia Monckeberg explica que «como no pueden lucrar legalmente», entonces «lo hacen a través de una inmobiliaria. Esto es, construyen las instalaciones de una universidad y la universidad le arrienda a esa inmobiliaria. Pero resulta que los dueños de la universidad son los mismos dueños de la inmobiliaria. Otra fórmula que pueden ejercer es la de constituir una sociedad que provee de servicios, a veces, a la universidad».

Joaquín Lavín, ex ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera, es acusado de poseer conflictos de interés en el área educativa, puesto que fue uno de los fundadores de la Universidad de Desarrollo. Lavín, en entrevistas realizadas en diarios chilenos como La Segunda, reconoció que ganó dinero invirtiendo en la edificación de una universidad.

Otra de las demandas es el aumento de la inversión del Estado en el gasto público en la educación superior. El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que Chile es el único país donde la familia financia el 80% de la educación superior, el Estado sólo aporta 15% y las privadas el 5% restante; en contraste con países como México donde el Estado invierte el 72% y las familias un 26%, o Estados Unidos donde 31% es aportación pública y 34% proviene del gasto de los hogares.

Como una propuesta para que el Estado pueda financiar la educación, los estudiantes proponen una reforma tributaria enfocada en el aumento de los impuestos por el uso de recursos naturales y la renta de los más ricos, renacionalizar el cobre –ya que el 70% se encuentra privatizado–, y fiscalizar la evasión de impuestos.

El mismo informe de la OCDE reporta que Chile es uno de los países que cobra los más altos aranceles. Claudia Jara y Cecilia Millán, en la conferencia que ofrecieron, realizaron un comparativo de los aranceles que cobran las universidades estatales como una forma de autofinanciamiento para cubrir las necesidades de la comunidad; carreras como medicina pagan un arancel anual aproximado de 8 mil 605 dólares y, para carreras como teatro, 4 mil 156 dólares. A su vez, los estudiantes pagan un arancel mensual que ronda entre los 400 dólares. Si se toma en cuenta que el sueldo mínimo en Chile es de 344 dólares aproximadamente, los estudiantes tienen que pedir becas y créditos para poder pagar su educación.

A partir de la inexistencia de la gratuidad del sistema universitario y las pocas becas universitarias que entrega el Estado, los universitarios recurren a otro tipo de ayudas como el «Crédito con Aval del Estado» –creado durante el gobierno de Ricardo Lagos–. Dicho crédito es otorgado directamente por la banca privada, con una tasa de interés del 6% anual; de esta forma, el crédito duplica el costo de los aranceles pues la deuda se pacta en 10 o 20 años. Aunque el aval para este crédito es otorgado por el Estado, en otras modalidades los padres de familia tienen que dar el aval endeudándolos también. Es por ello que los estudiantes abogan «porque se acabe con la lógica crediticia, porque uno como estudiante ni tiene por qué endeudarse por algo que es un derecho. En un futuro también aspiramos a que la banca privada no interfiera en esto porque es la única que sale ganando junto con las universidades privadas a costa de la educación de las familias», mencionó Camila Vallejo en una entrevista realizada por CNN Chile.

Dentro de las demandas fuertes de los estudiantes secundarios se encuentran la desmunicipalización de la educación secundaria y la democratización de los colegios. Ellos piden que el Ministerio de Educación retome su papel en la educación, ya que no todos los municipios cuentan con los mismos recursos para poder administrar de igual forma los establecimientos de los que están a cargo, ni tampoco pueden cubrir con las necesidades que se requieran. En cambio, la democratización de los espacios se debe a que está prohibida por ley la participación de estudiantes y funcionarios en la organización y gobiernos de las instituciones educacionales; con la democratización lo que se quiere buscar es una participación en decisiones como la modernización curricular, la discusión del desempeño de profesores o bien, reformas.

Por el tipo de demandas que realizan, los estudiantes han declarado que no se conformarán con un cambio en el sistema de créditos, el otorgamiento de más becas o una serie de reformas. Lo que buscan es modificar la Constitución de 1980 y derogar las leyes relacionadas con la educación para establecer nuevas. Debido a que en las modificaciones llevadas a cabo por Augusto Pinochet se quitó la posibilidad de efectuar plebiscitos para ejecutar cambios a la Carta Magna, los estudiantes piden al gobierno actual que permita efectuar uno con el fin de transformar el sistema educativo.

«[El objetivo] no solamente es recuperar la educación como derecho para todos los chilenos y para todas las futuras generaciones, sino [...] también avanzar en una nueva democracia, en una verdadera democracia donde se avance en terminar con la profunda desigualdad de la distribución de la riqueza en nuestro país», mencionó Camila Vallejo en entrevista con CNN Chile.

4 de agosto

Quizá uno de los episodios que marcarían el destino de la protesta estudiantil fue el de los hechos acaecidos durante este día. Para ese entonces estaban convocadas dos marchas en la ciudad de Santiago: por la mañana la de los secundarios y, por la tarde, la de los universitarios; ambas partirían desde Plaza Italia enfilando por la Alameda. Sin embargo, ninguna de ellas pudo llevarse a cabo.

Previamente la intendenta de la Región Metropolitana de Santiago, Cecilia Pérez, negó la autorización para el desarrollo de estas manifestaciones. En Chile, a diferencia de otros países, la libertad de reunión, si bien está garantizada constitucionalmente, posee una limitante que fue introducida por el mismo régimen de Pinochet: mediante un decreto se estableció que las reuniones públicas, tales como las marchas, deben ser autorizadas previamente por la Intendencia de la respectiva región en donde se desarrollarán. Los estudiantes hicieron caso omiso de esta decisión, y se congregaron en masa en Plaza Italia. Según un testimonio:

Minutos después de las 6:30 [de la tarde] efectivamente llegaron carabineros dispersando con el famoso carro lanza agua y de nuevo con el zorrillo [carro lanza gases] y con las [bombas] lacrimógenas. Fue tremendo porque no sabíamos para dónde correr en ese sector de Plaza Italia y más aún cuando lanzan las lacrimógenas el efecto que te produce es sofocante. Es como un minuto en donde uno no puede respirar, como que te ahogas. Aparte de los ojos llorosos, es como esa sensación de tener asma. 

En medios alternativos como Twitter las personas transmitían en vivo, por medio de sus dispositivos electrónicos, el pasar de carros lanza-agua y gases, las ambulancias para atender a los atropellados –tras no cumplir la advertencia de los carabineros de no cruzarse en su tránsito– y heridos, así como helicópteros en el aire. Algunos se arriesgaron a transitar en las calles ante la prohibición de los carabineros de no poder acceder a ciertos puntos.

En las imágenes transmitidas por los jóvenes se podía apreciar cómo algunas personas se conglomeraban en el metro para huir del agua y los gases, así como para salir de la zona central. Continúa el mismo testimonio:

Bajamos a la estación del metro, pero la estaban cerrando y yo desesperado porque pensaba que los carabineros nos iban a venir a golpear o nos podrían llevar detenidos sin haber hecho nada. Menos mal que el guardia del metro se apiadó de nosotros y nos abrió un poco las puertas para dejarnos entrar. Era mucha gente la que se estaba agolpando en ese acceso. Nos fuimos por los andenes, sin saber qué hacer. Ese minuto fue de desesperación e incertidumbre. 

En esa jornada los estudiantes tomaron Chilevisión, un canal de televisión chileno. Fue así que tanto el movimiento como el gobierno comenzaron a radicalizarse. Carabineros que lanzan agua y gases a los estudiantes se ha vuelto parte de las imágenes diarias, pero también a los mismos jóvenes incendiando vehículos, robando establecimientos y agrediendo físicamente a otras personas; o como la toma del Congreso Nacional en Santiago durante el análisis de la Ley de Presupuesto 2012, la cual fue hecha pacíficamente, pero la opinión pública la consideró como un agravio a la democracia y al poder legislativo.

Una de las mayores críticas que se le ha hecho al gobierno es la excesiva represión con la que ha actuado a través de carabineros. En especial con declaraciones como la otorgada por Andrés Chadwick, ministro de la Secretaría General y vocero del gobierno, el 7 de octubre, «no nos va temblar la mano y no vamos a tener debilidad alguna para buscar controlar las situaciones de orden público […]. No nos van a debilitar atacando carabineros, haciéndose las víctimas». La CONFECH se encuentra trabajando en la recopilación de pruebas y testimonios sobre el ataque de los carabineros hacia los estudiantes para darlo a conocer, adelantó Paul Ernesto Floor.

Incluso, muchas personas han cuestionado el actuar de los «encapuchados» –que aparecen minoritariamente al final de cada marcha estudiantil para causar incidentes– pues han especulado que podrían tratarse incluso de carabineros infiltrados por los mandos superiores para distorsionar las marchas y así poder disolverlas. Reportajes como «Indignados Made in Chile», del programa de investigación periodística En la Mira, buscan comprobar estas teorías aunque el gobierno y carabineros han negado dicha acusación. En distintas entrevistas Camila Vallejo ha aceptado que también existe un grupo de jóvenes que busca por medio de la violencia mostrar su posición ante el gobierno, pero que no están directamente relacionados con los estudiantes a los que convocan a marchar.

«Ya es tiempo de terminar con las tomas y protestas y recuperar los caminos del diálogo y los acuerdos. Por esta razón, propongo a todas las chilenas y chilenos un Gran Acuerdo Nacional por la Educación: el Acuerdo GANE, cuyos principales objetivos son mejorar la calidad, acceso y financiamiento de la educación superior para avanzar hacia una sociedad de oportunidades y contribuir al sueño de todo padre y madre –cualquiera sea su condición socio-económica– de ver a sus hijos transformarse en buenos ciudadanos y buenos profesionales sin tener que arruinarse o, sobre todo, endeudarse para pagar los aranceles o créditos, o tener que elegir cuál hijo podrá acceder a la educación superior y cuál no», declaraba el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional, al día siguiente del 4 de agosto.

Postura gubernamental

Con el acuerdo GANE el gobierno propuso soluciones para los estudiantes movilizados, con el fin de terminar las manifestaciones y llegar a un acuerdo. Las más importantes son las siguientes: crear la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior para fiscalizar a las instituciones, entregar transparencia financiera y atender los reclamos relacionados con los servicios de educación; realizar un nuevo trato con las universidades estatales, «mediante un estímulo que modernice el gobierno universitario, desburocratice y flexibilice su gestión, permita el endeudamiento a mayores plazos»; reducir la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado a un 4% y crear un sistema que reemplace a éste por «uno más justo y eficaz»; y, la creación de un Fondo para la Educación de 4 mil millones de dólares.

Inicialmente se había establecido que se iba a aumentar la cobertura de 70 a 120 mil becas, incrementando en un 20% su monto; asimismo, se garantizaría que el 40% de alumnos vulnerables y con mérito académico tuvieran una beca para acceder a la institución superior que ellos deseen. Sin embargo, en el «Séptimo Encuentro Anual Educación Empresa» el nuevo Ministro de Educación, Felipe Bulnes, declaró que la cobertura iba a aumentar para llegar a 60% de alumnos vulnerables.

También en el mismo evento, Felipe Bulnes estableció que van a presentar un proyecto de ley para el 2012 donde se contemple la desmunicipalización de la educación. Anteriormente el ministro había declarado en el programa televisivo de debate político Tolerancia Cero que consideraba un retroceso la idea de estatizar la educación, «creer que la cuota en la cual participan los particulares se va a llenar exclusivamente o va a dar diversidad suficiente solamente por inspiraciones filantrópicas o por motivos religiosos, es una utopía. También hay que darle espacio al emprendimiento, que personas quieran desarrollar un modelo educacional buscando una ganancia». De hecho, Sebastián Piñera, en el evento de  inauguración de la sede de San Joaquín del instituto profesional DUOC-UC, había declarado que «la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo, significa conocer más, entender mejor. Pero también la educación tiene un componente de inversión».

Respecto a la gratuidad en el sistema educativo, durante la aprobación de Ley de Calidad de la Educación, Sebastián Piñera expresó que «todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos, pero yo quiero recordar que, al fin y al cabo, nada es gratis en esta vida, alguien lo tiene que pagar». De la propuesta de una reforma tributaria, el gobierno considera que no es justo que los «excluidos» del sistema paguen la educación de los ricos por medio de un incremento de impuestos.

La visión política y gubernamental sobre las movilizaciones estudiantiles ha sido de desacreditación, llamándolos privilegiados –por el hecho de poder ingresar a la universidad–, violentistas y ultras. El senador Carlos Larraín, presidente del partido de gobierno Renovación Nacional, en un acto sentenció que los jóvenes que marchaban eran unos «inútiles subversivos». Se suma a la lista de declaraciones la de Tatiana Acuña, secretaria ejecutiva del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, quién a través de su cuenta de Twitter expresó que «muerta la perra, se acaba la leva», dirigiéndose de esta forma a la líder Camila Vallejo.

A raíz de esto, la percepción negativa hacia el gobierno se ha incrementado desde el año pasado, evidenciándose en las encuestas como las realizadas por la Realidad Contemporánea (CERC) a través de las cuales se ha notado una brusca caída en los niveles de aprobación, llegando inclusive a un 27%; de esta forma se le ostenta a Piñera el récord de ser el presidente con mayor desaprobación desde 1990.

Futuro del movimiento

Durante los primeros meses del movimiento los estudiantes se negaban a establecer una mesa de trabajo con el gobierno actual. «Si bien nosotros no criticamos el diálogo, creemos que hoy en día la promesa de la mesa de conversación no es nada más que una promesa y una táctica para desmovilizar –como ocurrió en la “Revolución Pingüina”–», mencionó Paul Ernesto Floor.

Pese a que durante octubre se establecieron mesas de diálogo entre el gobierno y los líderes estudiantiles, no se ha llegado a algún acuerdo o negociación sobre los puntos presentados por los estudiantes y el gobierno todavía. Como han establecido en varias ocasiones Camilla Vallejo y Giorgio Jackson, no van a ceder a menos de que se realice un cambio estructural en el gobierno educativo, ya que sería articular la prolongación de un sistema que beneficia sólo a quienes pueden pagar por él.

Por Víctor Adams y Katia Rodríguez

Los líderes estudiantiles realizaron un viaje a Europa para exponer la situación del sistema educativo chileno ante la ONU, UNESCO y OCDE con la esperanza de recibir apoyo y presionar aún más al gobierno para que la educación se vuelva un derecho social. Sin embargo, en noviembre se realizaron las elecciones de diversas federaciones de estudiantes universitarios y se eligieron a nuevos líderes, quienes tendrán que decidir qué rumbo toma el movimiento. Como adelantó Camila Vallejo en su discurso frente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el movimiento tal vez «se tenga que desarrollar en los años venideros y para eso tenemos que estar dispuestos a trabajar en unidad y en articulación social porque los cambios estructurales que estamos pidiendo requieren también un cambio estructural del movimiento social».

La contribución de esta movilización no sólo ha sido importante en la sociedad chilena, sino que a nivel mundial, en países como Colombia o Puerto Rico, se han iniciado manifestaciones para mejorar la educación. En el caso de la sociedad chilena se ha marcado un antes y un después, se ha convertido en un eje importante para dar pie a otras reivindicaciones sociales que aparecían disminuidas o muy limitadas durante estos años.

NOTA

[*] Se les denomina estudiantes secundarios a lo que cursan el nivel educativo secundario en Chile; en México equivaldría a los niveles de secundaria y bachillerato. En Chile la educación se divide en nivel parvulario (pre-escolar), básico (primaria), secundario (secundaria-preparatoria) y superior (universidad).

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Katia Rodríguez Rodríguez (ciudad de México, 1989) es estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Presenció parte del movimiento estudiantil durante su breve visita a Chile en 2011. Es miembro del consejo editorial de Cuadrivio.

Víctor Adams Martínez (Santiago, Chile; 1988) es estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile. Fotógrafo amateur.

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