La Revolución mexicana. Una lectura desde Gramsci
Publicado el 03. nov, 2010 por Cuadrivio en Dossier
A diferencia de la mayoría de las revoluciones que signaron el siglo XX, la Revolución mexicana sorteó con éxito el totalitarismo, ese virus que convirtió a las grandes utopías socialistas en una atroz pesadilla de control político. Apoyándose en Antonio Gramsci, Sergio Ordóñez y Paty Montiel bosquejan en este lúcido ensayo las claves de ese «éxito» y adelantan algunas respuestas a la actual crisis del poder político en México.
Sergio Ordóñez y Paty Montiel
Introducción
El objetivo de este ensayo es mostrar que en el largo periodo conocido como «la Revolución mexicana» tiene lugar un proceso de revolución pasiva que devendría en la conformación de un bloque histórico corporativo en México, así como argumentar que a finales de los años ochenta y los primeros noventa se verifica un intento (fallido) de construcción de un nuevo bloque histórico, por medio del proceso ideológicamente aglutinado en el liberalismo social.
Para desarrollar esta problemática, en primera instancia se expondrán los conceptos básicos desde una perspectiva gramsciana; en un segundo momento explicaremos cómo el fenómeno de «la Revolución mexicana» es, en realidad, resultado de la confluencia de tres procesos revolucionarios, entre los cuales la revolución pasiva dará lugar a la constitución de un nuevo bloque histórico nacional. En la última parte, se argumentará sobre el intento reciente de construcción de un nuevo bloque histórico de cara al siglo XXI.
1. Conceptos gramscianos
La aportación de Gramsci consiste en la formulación de una serie de conceptos articulados que pueden ser considerados como conceptos de mediación metodológica en un doble sentido: 1) entre la doble dimensión histórica del capitalismo, entendido ya sea como modo de producción, o bien, como sucesión de fases históricas de desarrollo, en las que la economía, política e ideología y cultura se entrelazan de forma distinta; y 2) en esa perspectiva, entre la estructura económica, las clases y grupos sociales, y su posibilidades de acción[1]. Estos conceptos son los de hegemonía, revolución pasiva, bloque histórico y otros más que se derivan de ellos, siendo el concepto fundamental el de hegemonía, ya que los demás resultan de elaboraciones construidas a partir de él. A continuación se desarrollarán estos conceptos generales.
Se entiende por crisis históricas del capitalismo a los momentos en que, habiéndose manifestado contradicciones insuperables en la economía, las fuerzas políticas que operan a favor de su conservación se esfuerzan por resolver tales contradicciones dentro de los límites de su configuración actual, mientras otras fuerzas se organizan buscando demostrar (con su propio triunfo) que existen ya condiciones necesarias y suficientes para dar solución a las mismas en una nueva fase de desarrollo del capitalismo (Gramsci, 1930-1932, C.4, parágrafo 38 y C.13, parágrafo 17)[2]. Con ello las fuerzas políticas progresistas promueven el tránsito de una fase histórica del capitalismo a otra.
Si se considera que de acuerdo con Marx la contradicción fundamental del capitalismo es entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción –contradicción que implica que al carácter cada vez más social de la producción corresponde un carácter cada vez más privado de la apropiación del producto (social)–, la solución de una crisis histórica plantea al capitalismo la necesidad de dar un paso más hacia la socialización de la producción, que permita un ulterior desarrollo de las fuerzas productivas, conservando aún el carácter privado de la apropiación del producto.
En este sentido, la misión histórica del capitalismo es incorporar en su desarrollo el progreso tecnológico, lo cual constituye la condición indispensable para que las clases y grupos dominantes progresistas puedan constituir una nueva hegemonía sobre las clases y grupos subalternos, es decir, puedan continuar ejerciendo una capacidad de dominación (mediante la coerción) sobre ellos, teniendo, al mismo tiempo, un «rol» de dirección o conducción histórica, mediante el consenso o la capacidad de convencimiento sobre sus fines históricos.
Dialécticamente, mas no históricamente, la función hegemónica «nace» de la estructura productiva y, en particular, del papel dirigente de la clase o grupo hegemónico en el proceso de producción, y posteriormente se extiende y generaliza en las superestructuras complejas, sellando así una unidad en la construcción histórica concreta, entre economía, política, ideología y cultura (Donzelli, 1981).
Pero, en la medida en que el proceso implica dar un paso hacia la socialización de la producción que posibilite un ulterior desarrollo de las fuerzas productivas, las clases y grupos dominantes necesitan desarrollar e integrar como propios elementos histórico-político-culturales ajenos, e incluso, contrarios a ellos, pero necesarios para incorporar el desarrollo tecnológico y preservar su hegemonía. Esto es, requieren sustentar su hegemonía en un proceso de revolución pasiva o revolución-restauración y transformismo[3], que posibilite que sean únicamente estas clases y grupos dominantes los que logren desarrollar todas sus posibilidades de acción, para no dejarse superar históricamente por las clases subalternas (Gramsci, 1933, C. 15 p. 1768) [4].
En suma, para que la revolución pasiva y el conjunto del proyecto hegemónico triunfen, las clases y grupos dominantes que pretenden demostrar la necesidad de una nueva unidad histórica del capitalismo deben reconocer y apoyarse en innovaciones efectivas en el campo de la producción y ser capaces, además, de proyectarlas en una nueva utopía social actuante, o «catarsis», en capacidad de desencadenar la energía política de la sociedad[5].
La unidad histórica concreta se sintetiza en el concepto de bloque histórico, que constituye una unidad orgánica entre la estructura económico-política y las superestructuras complejas, esto es, el conjunto tupido de actividades teórico-prácticas de las clases y grupos sociales, así como individuales, en torno a un proyecto histórico común que implica, por tanto, una unidad de elementos contrarios y diversos[6]; siendo la estructura económico-política el «punto de referencia y de origen dialéctico de las superestructuras». Esto implica que la política y el resto de las superestructuras tienen su especificidad y una función activa en el cambio histórico, no limitándose al mero reflejo de la estructura económica (Gramsci, 1932-1934, C.13, p 1577-1578)[7].
En la construcción del bloque histórico en su conjunto, el papel de los intelectuales es fundamental, puesto que, a partir de su capacidad técnico-formativa y de liderazgo, se diferencian de los individuos «simples» de su clase o grupo social[8], y están en posibilidad de generalizar y proyectar los intereses y las acciones teórico-prácticas propias a esa clase o grupo social, y, en esa medida, contribuyen a generar una identidad de clase o grupo social. En una perspectiva histórico-social, los intelectuales constituyen el «cemento» que articula a las diferentes clases y grupos sociales que confluyen en el bloque histórico, siendo, por tanto, los «funcionarios» encargados del ejercicio de la función hegemónica (Gramsci, 1932-1935, C.12, p.1518-1519).
El bloque histórico se cristaliza en el Estado, que es el organismo que condensa las relaciones políticas de la sociedad. Tal organismo debe permitir el máximo desarrollo y la máxima expansión del grupo hegemónico, presentándolo como desarrollo y expansión de toda la sociedad.
Avancemos hacia la exposición de «la Revolución mexicana».
2. La «Revolución mexicana» como revolución pasiva y el bloque histórico corporativo.
El fenómeno conocido como «la Revolución mexicana» es en realidad el conjunto de tres procesos revolucionarios que tuvieron lugar durante el largo periodo de 1910-1940: el primero, una revolución liberal-democrática (burguesa) que luchó por la democratización del Estado liberal porfirista, incluso por el acceso al poder del Estado de los grupos de la burguesía, particularmente agrícola, desarrollada durante el porfiriato. Esta revolución dirigida por Madero[9] y Carranza[10], se radicalizó después de tener el poder para combatir al segundo proceso[11]: la revolución campesina, y para formar un nuevo bloque histórico, en el cual la clase obrera sería incorporada sobre la base de un indudable consenso. Obregón y después Calles serían los «caudillos» que dirigirían la revolución burguesa en esta fase. Por su parte, la revolución campesina de Zapata y Villa lucharían por restituir la tierra a los campesinos y sería finalmente derrotada por las armas de Obregón.
La tercera revolución es aquélla dirigida por Lázaro Cárdenas (1936-1940),[12] en la cual tanto los intereses históricos como las reivindicaciones de las clases obrera y campesina son incorporados y articulados en un nuevo proyecto histórico de las nuevas clases dominantes emergidas de la confrontación de los dos procesos revolucionarios precedentes, para proporcionar al Estado la autonomía relativa necesaria para promover el desarrollo nacional a partir de una estrategia de industrialización basada en la sustitución de importaciones. Este último proceso revolucionario dará lugar a la constitución del bloque histórico, como se desarrollará a continuación.
La llamada «institucionalización de la Revolución mexicana», que en la práctica se llevó a cabo durante el periodo cardenista, debe ser interpretada como un proceso de revolución pasiva en un país fundamentalmente agrario y dependiente financieramente de las grandes potencias. En efecto, Lázaro Cárdenas pone, en el centro de su proyecto de nación, la industrialización nacional, en una situación en donde existe una industria local muy débil (más débil que en países como Brasil o Argentina, Cárdenas, [1988]), siendo por tanto apenas naciente la burguesía industrial. Por su parte, la burguesía agrícola, que constituye el grupo hegemónico, es muy dependiente del capital extranjero, particularmente del norteamericano, y de la relación comercial y político-diplomática con Estados Unidos. En tal situación el Estado substituye a la burguesía industrial en la promoción del cometido de la industrialización: la dependencia respecto de Estados Unidos y del capital extranjero, así como la resistencia de fracciones de los grupos hegemónicos, e incluso de la misma burguesía industrial,[13] sólo pueden ser enfrentadas gracias al impulso de las reivindicaciones y de la movilización de las clases obrera y campesina. Ello concede al Estado la conquista de una soberanía económico-política que le permite la promoción de la industrialización, a partir de su intervencionismo económico.
Es en este sentido que el conflicto por un nuevo contrato colectivo de trabajo entre el sindicato petrolero y las compañías petroleras extranjeras, precedido por un período de fuerte movilización sindical (Hamilton, 1983), es utilizado por el gobierno para expropiar esas firmas, adquiriendo así el control nacional sobre la producción de petróleo con el apoyo sindical.[14] De este modo, el conflicto inicial por un nuevo contrato colectivo de trabajo se convierte en una administración obrera de la industria petrolera nacionalizada, que es defendida con la formación de batallones obreros integrados momentáneamente en el ejército.
En lo que concierne a los campesinos, el gobierno de Cárdenas aprovecha una huelga general de los jornaleros de las plantaciones de algodón de la región lagunera, en 1936, precedida de un movimiento intenso de organización campesina, para profundizar la reforma agraria a partir de la expropiación de terratenientes y de grupos de grandes agricultores (Hamilton, 1983).[15] Además, la reivindicación de tierras de la revolución campesina de Zapata y Villa es impulsada por medio de la extensión del ejido colectivo, en tanto que forma de producción en el campo. De este modo, la profundización de la reforma agraria contribuye a la conquista de soberanía y de autonomía relativa por el Estado, gracias la expropiación de terratenientes extranjeros y nacionales, así como de grupos de agricultores; además, el ejido se extiende en la perspectiva de la industrialización nacional, puesto que aquél debería producir los alimentos para los obreros de ésta (Cárdenas [1936], citado por Córdova [1984]).
En consecuencia, con el fin de promover la industrialización, el Estado se moderniza, absorbiendo e incorporando las reivindicaciones y la movilización de las clases subalternas fundamentales, en los términos de una nueva hegemonía: la de la burguesía industrial.
Con este fin, aquél substituye a ésta. Esto implica que el «retraso» económico se compensa con un impulso hacia delante de lo político, que entraña una conquista de soberanía y una gran autonomía relativa, en relación con el grupo hegemónico, por parte del Estado.
Este proceso de revolución pasiva es rápidamente institucionalizado (sólo doce días después de la expropiación petrolera) con la fundación del antecesor del PRI: el Partido de la Revolución Mexicana (PRM),[16] cuya estructura organizacional se establece a partir de grandes corporaciones (o «sectores») de los grupos subalternos: corporaciones obrera, campesina, popular y militar. La integración de los obreros y campesinos al PRM constituye entonces el último escalón de la revolución pasiva: sus organizaciones se convierten en corporaciones estatales que participan en la gestión del sistema político y de la economía, a partir de la participación en la determinación del gasto social. A ello se agrega la intervención de los sindicatos en la gestión de la reproducción social de la fuerza de trabajo (bajo el «modelo» del Estado «social») y la de las organizaciones campesinas en la gestión de la reforma agraria.
Este proceso se complementa con la constitución de la armadura institucional que permite la concreción de la Ley Federal del Trabajo (LFT), cuyas cláusulas de exclusividad y de exclusión[17] conceden al Estado un poder discriminatorio sobre la representación sindical, sobredeterminando su papel en la gestión de las relaciones laborales e industriales.
A diferencia del «americanismo», en México la institucionalización del conflicto social en el Estado («social») asume una forma tutelar en donde el Estado «protege» a la clase obrera frente a la burguesía. Esto se corresponde con una acción compartida de dirección y de mando en el seno del proceso productivo entre los técnicos de producción, en tanto que representantes de la patronal, y el dirigente sindical, en tanto que burócrata del Estado.[18]
Esto permitió desarrollar la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) a cargo del Estado a través de la inversión pública, así como de la producción de bienes para el mercado interno. Distinguimos tres periodos de la ISI con características distintas[19]. El primero de 1929-1945, cuando la capacidad de importar se reduce y las restricciones del sector externo son «absolutas», la sustitución se hizo de bienes no durables de consumo final. En el segundo periodo de 1945-1955, las limitaciones a importar disminuyeron al mejorar el poder de compra de las exportaciones; en esta etapa el proceso de la ISI avanzó hacia los bienes duraderos, productos intermedios y bienes de capital. Esta estrategia permitió al Estado discriminar entre los grupos del empresariado industrial para incorporarse y beneficiarse del proceso de la ISI[20]; además, se debe considerar la influencia de la Segunda Guerra Mundial que intensificó el proceso de la industrialización; pues produjo la disminución del flujo de importaciones.
El tercer periodo inicia a mediados del cincuenta y finalizará con el agotamiento de la ISI hacia la década del sesenta. Es el periodo de madurez y mayor crecimiento acelerado en el que se expande la ISI; la solución a la limitación de generar ventajas competitivas para exportar es el objetivo en esta etapa; se trata de promover la industria pesada[21]. Continúa la industrialización en las ramas de bienes de consumo durable y en los intermedios, como en las etapas anteriores, pero esta vez también se pretende llegar a los bienes de capital.
Las contradicciones propias de la estrategia de crecimiento basada en la ISI y el bloque histórico corporativo se precipitaron abruptamente en el movimiento estudiantil-popular de 1968, a lo cual siguieron experiencias fallidas de las grupos políticos dominantes por resolver tales contradicciones pero dentro de los límites de los paradigmas establecidos durante los años setenta del siglo anterior, periodo que se cierra definitivamente con la crisis de la deuda en 1982, para dar paso a una nueva realidad.
3. Nueva fase de desarrollo y la necesidad de un nuevo bloque histórico en México
La nueva realidad implica el abandono de la ISI en pos de una nueva estrategia de crecimiento basada en las exportaciones industriales, la inversión extranjera y la redefinición y el repliegue del intervencionismo estatal, que finalmente llevaría a la integración en el TLCAN.
Ese proceso tiene lugar en el marco de la reestructuración mundial del capitalismo, un cuestionamiento generalizado de los fundamentos del antiguo bloque histórico fordista-americanista predominante en los países occidentales, la caída de la Unión Soviética y el derrumbe de su sistema internacional de hegemonía de Estados, y, por tanto, del «socialismo real».
Lo anterior trae consigo la emergencia de EEUU como la única gran potencia hegemónica, la cual ha tratado de conservar su sistema hegemónico internacional adaptándolo a la nueva realidad que se caracteriza estructuralmente por las siguientes tendencias: 1) el surgimiento del capitalismo del conocimiento en tanto que respuesta capitalista a las contradicciones del fordismo-keynesianismo, consistente en la incorporación el conocimiento en la producción como nuevo mecanismo de incremento de la productividad; 2) el neoliberalismo en tanto que proyección económico-política superestructural que persigue dar cauce al despliegue de los fundamentos tecnológico-productivos de la nueva fase de desarrollo y restaurar la dominación de las clases dominantes, que se había visto fuertemente cuestionada hacia finales de los años setenta del siglo anterior (Harvey, 2005), pero evitando, en lo esencial, el complejo y extremadamente peligroso problema (para las clases dominantes) de la revolución pasiva como fundamento de una nueva hegemonía sobre las clases y grupos subalternos[22]; 3) la emergencia de nuevas potencias económicas (Japón y Alemania en los años ochenta y noventa, y más recientemente China y el resurgimiento de Rusia), el desplazamiento del eje dinámico de la economía mundial a Asia y el nuevo protagonismo de algunos países emergentes; y 4) la tendencia mundial a la agregación de los países en bloques económicos continentales.
El despliegue de la nueva estrategia de crecimiento entra en contradicción con el bloque histórico corporativo hacia finales de los años ochenta, lo que precipita los acontecimientos que rodearon a la elección presidencial de 1988 y el ascenso del nuevo gobierno, a saber: 1) la escisión del PRI, la ruptura con éste por parte de los partidos satélites y el surgimiento del PRD, como resultado de una nueva alianza entre los grupos priistas nacionalistas escindidos y la izquierda nacionalista y socialista; 2) un nuevo proceso de revolución pasiva que busca la formación de un nuevo bloque histórico pero sin ruptura radical del anterior, proceso que es dirigido por una fracción reformista de la tecnoburocracia recién ascendida al poder, que bajo el principio ideológico del liberalismo social busca dar cauce al despliegue de los fundamentos tecnológico-productivos de la nueva fase de desarrollo y la apertura comercial (de donde su carácter liberal en la economía), pero, a diferencia del neoliberalismo, la restauración de la dominación de las clases dominantes debía lograrse recuperando y fomentando las tradiciones prehispánicas de solidaridad en los trabajos y las actividades comunitarias (como el tequio u otras formas), combinándolas con la tradición maoísta de organización de la población en consejos autogestionados, como principio de una nueva relación del Estado con las clases y grupos subalternos (de donde su carácter social). Ese principio se extendió a todos los ámbitos de relación con las clases y grupos subalternos, a saber: 1) las relaciones laborales e industriales, en donde se buscaba sustituir la acción de intermediación productiva y tutelar sobre la clase obrera de la burocracia sindical, en favor de un neocorporativismo sindical comprometido y participativo en los procesos de reestructuración productiva; 2) en el campo se pretendía dar una nueva perspectiva de desarrollo a los ejidatarios medios, quienes serían los únicos capaces de enfrentar la apertura a la competencia de la propiedad de la tierra, resultado de las reformas al artículo 27 constitucional, lo cual se complementaba con los nuevos programas de crédito como el PROCAMPO; 3) en las zonas urbanas deprimidas, sobre una base territorial, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) pretendía equipar con infraestructura a los barrios pobres a partir de principios como la autorganización y corresponsabilidad de los pobladores en la solución de sus problemas materiales[23]; 4) la constitución de un nuevo parlamentarismo corporativo, en donde el PRI pierde importancia relativa como instancia política de solución de los conflictos entre la tecnoburocracia y las burocracias política y sindical –las cuales habían sido fuertemente golpeadas por los procesos de desregulación en general y el nuevo principio de relación con las clases subalternas–, en favor del congreso, sustentado en una nueva alianza PRI-PAN que sella un nuevo compromiso con grupos del empresariado conservador, la Iglesia y las clases medias de altos ingresos[24]; y 5) en 1994 tiene lugar la extensión del crédito, particularmente el destinado al consumo, lo que ampliaría la base de legitimidad al conjunto de las clases medias, al mismo tiempo que constituiría una de las causas de la crisis financiero-productiva de finales del año (Ordóñez, 1998).
El liberalismo social entra en crisis por su eslabón más débil, es decir, la relación del Estado con los campesinos y los indígenas,[25] y se consuma con la ruptura en el seno del grupo político dirigente y su secuela de asesinatos políticos.[26] Tal ruptura se originó en la confrontación de dos proyectos sobre el curso ulterior del liberalismo social, una vez llevado a cabo lo fundamental de la reforma económica: el «camachismo» que promovió una reforma del Estado que implicaría una ruptura democrática del régimen político de partido de Estado, y el «cordobismo» que limitaría tal reforma a la persistencia del régimen político. Este último proyecto resultó triunfante en la sucesión presidencial de diciembre de 1994, aun cuando el liberalismo social sufrió una nueva fractura definitiva con el encarcelamiento del hermano del ex presidente y el «exilio» de éste.
La crisis financiero-productiva de fines de 1994 se encargaría de dar la puntilla final al liberalismo social, lo que traería consigo la adhesión plena del país al neoliberalismo, proceso en el cual se han verificado los siguientes cambios significativos en el seno del viejo bloque histórico corporativo: 1) en el marco de la estrategia de crecimiento el país ha desarrollad elementos del capitalismo del conocimiento y actividades del sector electrónico-informático, en tanto que nuevo complejo industrial y de servicios articulador y dinamizador del crecimiento, como una nueva industria electrónica exportadora, una importante industria de servicios de telecomunicaciones y una incipiente pero dinámica industria del software en los años noventa y dos mil; 2) un proceso de internacionalización de los grupos financieros como resultado de la crisis financiero-productiva de 1994-1995 y la consecuente quiebra de los bancos nacionales, que conlleva a una nueva jerarquía en favor de los grupos internacionalizados y la subordinación a éstos de los grupos de base nacional; 3) un nuevo compromiso entre las clases y grupos sociales que sustenta el viejo bloque histórico, constituido por el arribo al poder de una nueva tecnoburocracia con la alternancia partidista, y su alianza con los grandes grupos financieros internacionalizados y los grandes grupos industriales transnacionalizados, los cuales conforman el nuevo grupo hegemónico, quien se alía con las antiguas burocracias política y sindical en el marco de un parlamentarismo sustentado en la alianza PAN-PRI, bajo la hegemonía del primero.
Al final, la constitución de un nuevo grupo hegemónico para seguir dando vida al viejo bloque histórico corporativo en el marco del neoliberalismo, parece dar la razón parcialmente al «camachismo» sobre la necesidad de una ruptura democrática del régimen político de partido de Estado, aun cuando ello no ha ido acompañado de su corolario: para una reforma del Estado; la cual, en lo sustancial, no ha tenido lugar. Pero la crisis financiera global reciente está expresando la crisis mundial del neoliberalismo, lo que pone nuevamente en el orden del día la necesidad de un nuevo bloque histórico en México.
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NOTAS
[1] Estructura entendida como el resultado de patrones recurrentes de acción y expectativas, que se mantiene porque algunos grupos y clases que se benefician del status quo logran difundir ideas, instituciones y condiciones materiales de soporte que la reproducen. La estructura económica es entonces el marco para la acción de las clases, grupos e individuos, la cual puede contribuir a su reproducción, o bien, ir en contra de ella y orientarse a la conformación de una nueva estructura.
[2] Para las citas de Gramsci se hará referencia a la edición crítica italiana de los Cuadernos de la cárcel de V. Gerratana (1977) («C.4», indica que se trata del cuaderno nº 4).
[3] Estos conceptos los aplica Gramsci al estudio de tres fenómenos políticos diferentes: la solución bonapartista de una crisis catastrófica (o cesarismo); la formación del Estado burgués durante la Restauración y el Risorgimento; y finalmente, el proceso de conservación de éste mediante la «innovación», como en el fascismo y el «americanismo» en los años veinte y treinta. A pesar de su diversidad, estos fenómenos tienen en común la transformación de un Estado con la participación más o menos importante, pero siempre pasiva, de las clases y grupos subalternos. Ver Gramsci (1933: C.15, parágrafos 17, 59 y 60), (1932-1935: C.10 parágrafos 6 y 61), (1931-1932: C.8, parágrafo 236), y (1934: C.22, parágrafos 1 y 11). Ver también Buci-Gluksmann (1977) y De Felice (1977).
[4] El concepto de revolución pasiva, en una acepción más amplia, implica una asimilación «molecular» y continua del resto de la sociedad por parte de las clases y grupos dominantes, en el seno de una nueva unidad histórica del capitalismo. En esta perspectiva, estas clases y grupos deben lograr presentarse como un organismo en movimiento continuo, capaz de ampliar técnica e ideológicamente su esfera de clase, asimilando, a su nivel económico y cultural, a otras clases sociales (Gramsci, 1931-1932, C.8).
[5] Gramsci, 1932-1935, C.10, p.1221. A este paso, Gramsci lo denomina el momento específicamente político, o «catarsis», en tanto que «[...] tránsito del momento puramente económico [...] al momento ético-político, es decir, de la elaboración superior de la estructura en superestructura en la conciencia de los hombres. Esto implica igualmente el paso de lo “objetivo” a lo “subjetivo” [...]» (Gramsci, 1932-1935, C.10, p.1244). El concepto de «catarsis» implica el hecho de que «[...] la política está siempre en retraso, y en un retraso importante respecto a la economía» (Informe al Comité Central del PCI, 2-3 agosto de 1926, p.121).
[6] Gramsci (1931-1932), C.8, p.182; Gramsci (1932-1935), C.10, p. 1237-1238, 1337-1338 y 1932-1934, y C.13, p.1569-1570. Según la concepción de Poulantzas, la hegemonía tiene lugar únicamente en las superestructuras complejas de la sociedad y puede ser ejercida exclusivamente por las clases dominantes, lo cual es contrario a la concepción de la hegemonía que «nace» de la estructura económica –puesto que no tiene en cuenta la relación orgánica entre estructura y superestructura–, y contradice también la concepción de la hegemonía como condición esencial de lucha de clases y grupos subalternos por convertirse en clases y grupos dominantes, mediante la toma de poder del Estado.
[7] El concepto de bloque histórico implica una relación entre estructura y superestructura alternativa a la economicista y mecanicista de la III Internacional.
[8] Por intelectuales se entiende a todo estrato social que ejerce funciones organizativas en sentido amplio, ya sea en la producción, la cultura o la esfera político-administrativa; producen y reproducen las concepciones del mundo, políticas, ideológicas y culturales. Los intelectuales se diferencian de los individuos «simples» de su clase o grupo social por sus capacidades técnico-formativas y de liderazgo, y, en ese sentido, cada clase o grupo social tiene su propia categoría especializada de intelectuales, pero, debido a esas características distintivas y al mismo tiempo comunes a otros grupos de intelectuales, tienden a agruparse en un estrato diferenciado, es decir, el estrato de los intelectuales. Sin embargo, en un sentido amplio todo hombre es intelectual, en la medida en que hace uso de su intelecto para el desarrollo de su actividad práctica, pero no todos los hombres tienen la función de intelectuales en la sociedad. La organicidad de los estratos intelectuales depende de su más o menos conexión con un grupo social fundamental; en cambio, las tareas de los intelectuales tradicionales será la de poner en contacto a la masa campesina o urbana con la administración, no tienen ninguna iniciativa, sólo reproducen lo ya existente (Gramsci, A., 1932-1935, C12, p. 1516-1519, C19, p. 2041).
[9] Aunque Madero fue consciente de los problemas sociales, y su concepción de pueblo no fue elitista; en 1912, las discusiones del problema agrario no habían cambiado su concepción liberal de la sociedad. «Madero siguió sosteniendo el objetivo de “formar el pequeño propietario”, sin aceptar la expropiación de las grandes propiedades territoriales» (Córdova, 1973).
[10] En el pensamiento de Carranza, las reformas debían ser conducidas por el Estado y no debían competer a las masas; ni grupos ni individuos se encuentran en condiciones de realizarlas. En realidad –argumenta Córdova–, la concepción carrancista sobre los problemas sociales jamás dejó de ser individualista y liberal. Carranza concebía una relación clásica entre Estado-individuo en la que el Estado debía ser el actor principal que podría dirigir el desarrollo de la «sociedad individualista» (Córdova, 1973).
[11] Hacia 1914, cuando las fuerzas de Carranza y las de Villa y Zapata estaban virtualmente equilibradas, Carranza propuso un programa de reformas sociales. Con esto, Carranza se pondría por delante de Villa y Zapata como el revolucionario, mientras que Villa, en una posición «reaccionaria» pugnaba por efectuar elecciones (Córdova, 1973:199).
[12] Aunque desde la concepción misma de la Constitución en 1917, en el proyecto carrancista ya se incluyen demandas de las luchas campesina y obrera (ver nota 11).
[13] La COPARMEX se opone activamente a la política de Cárdenas. Este conflicto alcanza su punto culminante en 1936, durante la huelga de la firma La Vidriera. Los agricultores propietarios eran contrarios a la profundización de la reforma agraria, lo cual se manifiesta durante las reformas legislativas llevadas a cabo a partir de 1933 (cuando los «agrarios», que promueven tal profundización, se imponen a los «callistas», que la resisten), si bien tal oposición se localiza a nivel de los Estados (Hamilton, 1983).
[14] Tal acto de ampliación de la soberanía estatal es precedido por acciones en el mismo sentido: la formación de la Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos de México y de la Administración del Petróleo Nacional, la ley de expropiación de 1936, la ley de minas, la formación de la Comisión de Promoción Minera y la nacionalización de la participación minoritaria extranjera en el capital de los ferrocarriles (Hamilton, 1983).
[15] La región lagunera era una región que contaba con irrigación y donde el 70% de la tierra pertenecía a propietarios extranjeros (40 % a dos compañías inglesas) (Hamilton, 1983).
[16] En el programa del PRM figuran objetivos tales como la lucha por «la democracia de los trabajadores» y por la «educación socialista» (Hamilton, 1983).
[17] La primera establece que el sindicato mayoritario de una compañía es el titular del contrato colectivo de trabajo, mientras que la segunda obliga al trabajador a pertenecer al sindicato para ser empleado.
[18] En el caso de algunos países de América Latina (como Argentina y Brasil) experiencias similares son conocidas como populismos.
[19] Periodización con base en Tavares, 1980.
[20] Los grupos favorecidos son los medianos y pequeños industriales, aglutinados en la Cámara Nacional de Industrias de la Transformación (CANACINTRA). En 1944 se crea la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuyo objetivo será regular las relaciones de los trabajadores con el Estado.
[21] Por lo que los grupos favorecidos serán los grandes industriales nacionales y extranjeros, que pueden tener acceso al crédito, agrupados en la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), y que no fueron primordiales para el interés del Estado en las etapas anteriores, ahora ocuparía su lugar la CANACINTRA.
[22] El neoliberalismo implica los siguientes principios: 1) la búsqueda del reconocimiento y el individualismo por el liberalismo, los cuales pueden realizarse debido a que el libre mercado, los derechos de propiedad (privada) y la prosperidad material se retroalimentan recíprocamente con una cultura universal de consumo; 2) una transferencia hacia la sociedad civil de la responsabilidad tradicional del Estado de hacer frente a las necesidades básicas de sobrevivencia de los grupos marginalizados por medio de la provisión de servicios sociales e inversión en infraestructura; y 3) supeditación de la política a la democracia de mercado y los derechos de propiedad, y emergencia de las redes comunitarias de sobrevivencia para hacer frente a las necesidades sociales que anteriormente eran responsabilidad del Estado (Bueno- Hansen, s/f).
[23] El proyecto orgánico de reforma del Estado incluía la reforma del PRI, la cual se expresaría en un cambio de nombre a Partido de la Solidaridad (Dresser, 1992).
[24] Bajo la nueva alianza PRI-PAN son aprobadas las privatizaciones de la época y las reformas constitucionales a los artículos 27, 130, además de cinco artículos más.
[25] La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene su origen, sea en conflictos tan ancestrales como la marginación indígena y la lucha por la tierra, sea en conflictos más modernos como la reforma al artículo 27 constitucional y el corporativismo político-social. Sin embargo, el neozapatismo se inscribe en una tradición político cultural que podría considerarse como «pos-moderna»: la insurrección no persigue la toma del poder sino que es considerada como una forma de lucha complementaria de la lucha política y cultural, la cual busca la recuperación de los valores de la tradición cultural indígena (por oposición a la cultura occidental dominante) bajo lineamientos de respeto, autonomía y libre expresión de la diversidad.
[26] Existe un consenso generalizado entre intelectuales, empresarios, gran parte de los políticos (no sólo de oposición) y opinión pública sobre el hecho de que los asesinatos políticas son resultado de una lucha encarnizada entre las élites en el poder. De ser así, lo que parece constituir el fin del sistema político de partido de Estado se estaría consumando bajo el mismo signo con que nació: la violencia política. Otro posible paralelismo histórico es el intento de un «salinato» y el «maximato» de Calles.
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Sergio Ordóñez es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Paty Montiel es maestrante del posgrado de Economía en la UNAM y profesora adjunta de la Facultad de Economía de la UNAM.
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