Wednesday, 7th August 2013

Comunicación y política

Publicado el 01. ago, 2010 por en Academia

La opinión pública y la política exterior de México durante los meses previos a la invasión de Iraq

Una de las promesas de la administración Fox fue la apertura del gobierno a las demandas populares expresadas a través de encuestas de opinión. El conflicto entre Estados Unidos e Iraq y las discusiones que éste suscitó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pusieron a prueba la promesa foxista. Roberto Arturo López Vargas analiza en este artículo la forma en que política exterior y opinión pública se imbricaron a raíz del dilema iraquí y señala los saldos y contradicciones de esta imbricación.


Roberto Arturo López Vargas

Introducción

La llegada al poder del primer presidente de la República no emanado de las filas del PRI el 1 de diciembre de 2000, generó que, por lo menos en el discurso oficial, se plantearan diversos cambios en el ámbito de las políticas públicas en general, y de la política exterior en particular. Dichos cambios se orientaban al deseo de darle al país una nueva cara frente a su propia población y frente al resto del mundo. En este sentido, diversos planteamientos se vertieron en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el cual señalaba que las políticas públicas a partir de la llegada del nuevo régimen serían elaboradas con apego al mandato de la sociedad mexicana, manifestada en esa ocasión a través de los resultados de una «consulta amplia», los cuales se plasmarían en dicho documento.

En el ámbito específico de la política exterior, el citado documento señalaba que uno de los intereses nacionales fundamentales sería el de participar efectivamente en la conformación de un sistema internacional que promoviera la estabilidad y cooperación sobre la base del derecho internacional, para lo cual uno de los objetivos de la misma sería «intensificar la participación e influencia de México en los foros multilaterales, desempeñando un papel activo en el diseño de la nueva arquitectura internacional»[1].

Frente a estos planteamientos, desde los primeros meses del gobierno de Vicente Fox Quesada, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó el interés de nuestro país por obtener un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSNU) para el periodo 2002-2003, lo cual se concretaría hacia finales de 2001. Precisamente la presencia mexicana en dicho órgano de Naciones Unidas coincidió con las discusiones propuestas por el gobierno estadounidense en torno a las posibles sanciones al gobierno iraquí encabezado por Saddam Hussein, entre las que se contemplaba el uso de la fuerza militar. Dichas discusiones, como todos sabemos, tendrían su desenlace la madrugada del 20 de marzo de 2003 con la decisión del gobierno de George W. Bush de atacar e invadir unilateralmente a la nación árabe en un entorno internacional dividido, reflejado en el seno del propio CSNU, donde diversos países, entre ellos México, se mostraron renuentes a apoyar la aventura belicista ya descrita.

Frente a esta situación y en relación al ya referido objetivo de la administración foxista de llevar a la práctica un nuevo diseño de las políticas públicas acorde con el nuevo régimen democrático –incluida la política exterior–, en el presente trabajo se analiza el papel de la opinión pública mexicana en el proceso de elaboración de la política exterior del gobierno durante las discusiones en torno a la aprobación de una intervención armada a Iraq con el aval del CSNU durante los años 2002-2003.

En virtud de lo anterior, el ensayo aborda, en primer lugar, algunas referencias teórico-conceptuales alrededor de la opinión pública y la política exterior, así como la relación existente entre ambos elementos, para posteriormente analizarlos en el caso específico de México partiendo de una perspectiva histórica que concluye con el estudio particular de la incidencia de la opinión pública en el proceso de toma de decisiones de la política exterior del gobierno mexicano durante los meses y semanas previas al inicio de la guerra en contra de Iraq.

I.- Precisiones conceptuales.

En el campo de estudio de las ciencias sociales, las precisiones conceptuales son fundamentales pues, en buena parte de los casos, los términos utilizados suelen trascender el plano meramente conceptual y se constituyen en elementos del discurso y las políticas públicas.

En este sentido y previo al desarrollo del presente trabajo, es importante clarificar lo que entendemos por política exterior, en un primer momento y, posteriormente, por opinión pública.

a) Reconociendo los múltiples debates existentes alrededor del tema de la política exterior y el sinfín de conceptos derivados de los mismos, para los fines del presente trabajo por política exterior nos referiremos al proceso elaborado y ejecutado por el Estado, compuesto por el conjunto de actitudes, decisiones y acciones llevadas a cabo frente a otros Estados, para el logro de propósitos y la defensa de intereses nacionales. [2]

Desde esta perspectiva procesal de la política exterior, es posible distinguir tres grandes etapas: fase de planeación, fase de ejecución y fase de evaluación.

A lo largo de este breve ensayo nos centraremos, particularmente, en la primera de estas etapas, es decir, la de planeación, ya que en ella el gobierno en turno se encarga de definir los objetivos que pretende alcanzar en el ámbito externo con apego al interés nacional y a los distintos factores de todo orden prevalecientes en el medio interno e internacional.

En este sentido es preciso señalar que, justamente, la opinión pública constituye un factor fundamental en el proceso de elaboración de la política exterior de cualquier Estado a la luz de que representa la posición de un determinado porcentaje de la población frente a un tema de interés público.

b) Una vez planteado lo anterior es factible cuestionarnos ¿qué se entiende por opinión pública de forma más concreta?

Si bien el fenómeno de la opinión pública (denominado como tal por primera vez en Europa en el siglo XVIII) ha sido abordado desde distintos ángulos que abarcan la filosofía política, la psicología, las ciencias de la comunicación, etc., es indudable que las aportaciones más relevantes las encontramos en el campo de la ciencia política, en particular desde el enfoque del pluralismo democrático surgido a finales de la segunda guerra mundial, así como de los enfoques revisionistas del mismo.

En este contexto (es decir, dentro de los llamados críticos o revisionistas del pluralismo clásico) encontramos el trabajo de V.O. Key, quien en su obra Public Opinion and American Democracy define a la opinión pública como aquellas opiniones sostenidas por individuos, las cuales son consideradas como dignas de atención por los gobiernos.[3]. Para este politólogo norteamericano, la opinión pública no define ni establece las decisiones políticas a seguir, sino que establece los límites dentro de los cuales los políticos pueden operar; en otras palabras, al establecer el rango o límite de la política, la opinión pública guía o constriñe la elaboración de las políticas públicas.

A partir de esta concepción se desprende la afirmación según la cual «el apoyo de la opinión pública permite o facilita la toma de decisiones, mientras que su oposición la limita o dificulta»[4].

Finalmente, y previo al análisis de la relación particular entre opinión pública y política exterior, es importante señalar que, si bien existen distintos métodos o técnicas de investigación de la opinión pública (ya sean cuantitativos o cualitativos), hoy en día las encuestas constituyen las herramientas más utilizadas y, dependiendo de la metodología en que se basen, eventualmente, las más confiables, aunque no por ello infalibles o inocuas.

II.- La relación entre opinión pública y política exterior.

Una vez clarificados los conceptos sobre los cuales se funda este trabajo, es importante responder a la cuestión acerca de la relación que guardan la política exterior y la opinión pública. Para dar respuesta a esta interrogante es necesario echar mano de la teoría, para lo cual nos referiremos en particular a dos de las que han dominado el debate en el campo de la política exterior: el realismo y el liberalismo.

En el caso particular del realismo y partiendo de su concepción clásica del Estado como actor unitario y racional, figuras emblemáticas de esta corriente como Mackinder y Morgenthau señalaban que la opinión pública debía ser excluida de la toma de decisiones en asuntos de política exterior debido a que representaba un obstáculo para el desarrollo de una diplomacia coherente y racional que pretendiera trascender las tendencias y las pasiones del momento.

No obstante estas aportaciones iniciales dentro de la corriente realista, serán los trabajos de Walter Lippmann y Gabriel Almond (periodista y politólogo norteamericanos respectivamente, inscritos en el realismo político) los que darán forma a un cuerpo teórico sobre la relación entre política exterior y opinión pública –denominado comúnmente como el consenso Almond-Lippmann–, el cual podemos sintetizar en tres postulados esenciales:

1.- La opinión pública es altamente volátil y, en consecuencia, brinda bases muy dudosas para una política exterior acertada.

2.- En materia de asuntos relacionados con la política exterior, la opinión pública se caracteriza por su falta de estructura y de coherencia.

3.- En consecuencia, la opinión pública tiene un impacto muy limitado sobre la elaboración de la política exterior. [5]

Los liberales, por su parte, critican la visión según la cual la política exterior es un ámbito altamente especializado que debe reservarse a diplomáticos profesionales, ajenos a cualquier influencia de la política nacional. Desde su perspectiva, si la democratización de la política interna podría producir importantes reformas económicas y sociales, también existiría un gran potencial de desarrollo de la política externa como resultado de la participación popular. Así, si el consenso popular pudiera alcanzarse en el marco del Estado liberal, sería necesaria una maquinaria adecuada para asegurar el control democrático de la política exterior.

En este sentido y como respuesta a los planteamientos emanados del realismo (consenso Almond-Lippmann), algunos autores de la corriente liberal han planteado también tres postulados en sentido opuesto:

1.- Tras el auge de las encuestas en la etapa de posterior a la segunda guerra mundial, es posible identificar a la opinión pública como una fuente de moderación, continuidad y estabilidad, opuesta a la volatilidad atribuida por el consenso realista.

2.- A pesar de la falta de información, las posiciones de la opinión pública sobre asuntos de política exterior muestran estructura y coherencia.

3.- El papel de la opinión pública en el proceso de elaboración de la política exterior se ha ido incrementando paulatinamente a la luz de que no puede ser ignorada por aquellos actores encargados de dicho proceso, en virtud de que una política exterior que goce de apoyo mayoritario ante la opinión pública será una política exterior con mayor legitimidad, lo cual se reflejará, a su vez, en un incremento de la capacidad de acción del Estado. [6]

III.- La política exterior en México y la influencia de la opinión pública: una visión histórica.

Llegados hasta este punto, es indispensable tener clara la forma en que históricamente se ha elaborado la política exterior en nuestro país y de qué forma la opinión pública nacional ha influido en dicho proceso.

De manera general, podemos afirmar que el diseño, ejecución y evaluación de la política exterior en México ha correspondido de forma exclusiva al presidente en turno, su secretario(a) de relaciones exteriores y, en algunos casos, a otras figuras clave de la más alta jerarquía gubernamental, como los secretarios de gobernación y de economía, entre otros. [7]

Desde esta perspectiva se puede constatar un proceso de elaboración de la política exterior de corte vertical y fuertemente centralizado en las élites. En consecuencia, históricamente las posiciones de la opinión pública (junto con muchos otros factores como el congreso, los partidos, las ONG y el sector académico) en México (en el ámbito de los temas de política exterior), han sido soslayadas por las instancias de gobierno encargadas de diseñar, ejecutar y evaluar dicha política.

Sintéticamente se pueden señalar tres factores que permiten explicar esta situación:

1.- La naturaleza autoritaria del régimen político mexicano, manifestada por la inexistencia de procesos electorales libres y equitativos; poco o nulo acceso a la información política veraz y objetiva, y una reducida correspondencia entre las preferencias colectivas de la sociedad y las acciones llevadas a cabo por el gobierno.

2.- Un marco jurídico que consagra como facultad exclusiva del poder ejecutivo (art. 89 f. X de la constitución) el diseño y ejecución de la política exterior, incorporando únicamente en la etapa de evaluación al Senado de la república. Indudablemente, con base en este precepto constitucional, el presidente en turno, junto con la SRE, han gozado de gran discrecionalidad en todas y cada una de las acciones emprendidas en materia de política exterior.

3.- Las características propias de la opinión pública en México, en particular su falta de autonomía, así como su muy reducida participación y manifestación frente a temas y eventos centrales en materia de política exterior. A esta situación se suma la incorporación hasta fechas recientes, de las encuestas de opinión que, durante muchas décadas, estuvieron ausentes del debate nacional y se encontraban exclusivamente en manos del gobierno.

IV.- La invasión a Iraq y el peso de la opinión pública en la política exterior de Vicente Fox.

Este panorama histórico del diseño de la política exterior, así como del nulo impacto de la opinión pública en el mismo, se vio alterado, por lo menos en el discurso, con la llegada al poder el 1 de diciembre de 2000 de la administración de Vicente Fox, para quien la política exterior del autodenominado gobierno del cambio debía de despartidizarse a fin de que dejara de obedecer a los intereses de un solo partido, y servir, por el contrario, a los intereses de la nación mexicana.

Con base en esta «nueva concepción» de la política exterior de México y tras una supuesta «amplia consulta de la sociedad», quedarán plasmados en el PND 2001-2006 los objetivos estratégicos de dicha política, dentro de los cuales es preciso resaltar el 3º, que establece «intensificar la participación e influencia de México en los foros multilaterales, desempeñando un papel activo en el diseño de la arquitectura internacional»[8]. Con base en este objetivo, se planteó desde los primeros días de la administración foxista la candidatura de México para ocupar un asiento no permanente en el CSNU, la cual, tras algunos desencuentros diplomáticos, terminaría consumándose a finales de 2001.

Durante los primeros meses en que nuestro país, a través de su representante ante el CSNU, Adolfo Aguilar Zínser, ocupó uno de los diez asientos no permanentes, el gobierno norteamericano expresó su intención de someter a consideración de dicho órgano de la ONU, un proyecto de resolución que endurecería las sanciones en contra del régimen de Saddam Hussein en Iraq, debido a la supuesta existencia de evidencia suficiente proporcionada por sus servicios de inteligencia sobre los nexos del gobierno iraquí con la red Al Qaeda, así como por posesión de armas de destrucción masiva que, eventualmente, podían ser utilizadas en contra de los EEUU [9]

A lo largo del proceso de discusiones sobre Iraq en el Consejo de Seguridad que transcurrió entre septiembre de 2002 y marzo de 2003, es factible centrarnos en tres momentos, a nuestro juicio, claves en el resultado del mismo y que todos recordamos hoy en día:

a) Septiembre 2002. La presentación del primer anteproyecto de resolución por parte de Estados Unidos durante los meses de septiembre-noviembre de 2002, en el que se planteaba de forma abierta el uso de la fuerza como posible sanción a Iraq por su posesión de armas de destrucción masiva y sus relaciones con Al-Qaeda.

b) Febrero 2003. La presentación del informe de la inteligencia norteamericana por parte del entonces secretario de estado de EEUU, Colin Powell, en febrero de 2003, en el que, según su interpretación, se demostraba la existencia de centros clandestinos iraquíes en donde se almacenaban las armas de destrucción masiva. Casi de forma simultánea, se difundió el informe del grupo de inspectores de la ONU, encabezados por Hans Blix, cuestionando la veracidad de las acusaciones de dicho país.

c) Marzo 2003. El lanzamiento del ultimátum por parte del presidente estadounidense el 13 de marzo de 2003, en el que ponía un plazo al gobierno de Hussein para destruir y deshacerse de las citadas armas de destrucción masiva que, según los reportes de inteligencia norteamericanos, tenía en su poder, o de lo contrario se utilizaría la fuerza, aun al margen del CSNU.

Como todos sabemos, el corolario de las discusiones sobre Iraq en el marco del CSNU sería la negativa final del gobierno de Bush a someter a votación su proyecto de resolución ante previsibles votos en contra o abstenciones y, en consecuencia, el inicio unilateral de la invasión a Iraq el 20 de marzo de 2003.

Frente a estos eventos, sin duda de gran relevancia para las relaciones internacionales de esos años y, en particular, para la política exterior de México, es necesario precisar cuál fue el comportamiento de la opinión pública mexicana a partir de las distintas encuestas levantadas por algunos diarios nacionales. [10]

De acuerdo con las encuestas disponibles y en relación a los tres momentos clave que acabamos de mencionar, los resultados encontrados son los siguientes:

1.- Inicio de las discusiones (octubre 2002).

¿Cuál cree que debería de ser la posición del gobierno de México en caso de que EEUU decidiera atacar Iraq?


No apoyar a EEUU

85%

Apoyar a EEUU

12%

No sabe/No contestó

3%

2.- Presentación de los informes de Powell y Blix (febrero 2003)

¿Cuál cree que debería de ser la posición del gobierno de México en caso de que EEUU decidiera atacar Iraq?


No apoyar a EEUU

70%

Apoyar a EEUU

16%

No sabe/No contestó

14%

3.- Después del ultimátum de Bush. (Marzo 2003)

¿Cuál cree que debería de ser la posición del gobierno de México en caso de que EEUU decidiera atacar Iraq?


No apoyar a EEUU

82%

Apoyar a EEUU

12%

No sabe/No contestó

6%

Tras una rápida revisión de estas cifras, es posible señalar dos conclusiones preliminares:

1.- La opinión pública se mostró mayoritariamente en contra de la guerra contra Iraq al observar un promedio de 77.5% durante el periodo de octubre 2002-marzo 2003.

2.- En consecuencia con el dato anterior, se observa un comportamiento regular, pues no presenta grandes variaciones entre el apoyo o el rechazo a los Estados Unidos, siendo predominante, desde un inicio, el rechazo al ataque en contra de la nación árabe.

Por último, y a fin de estar en condiciones de conocer la influencia que este rechazo mayoritario de la opinión pública tuvo en la toma de decisiones del gobierno mexicano a lo largo del periodo 2002-2003, es preciso sintetizar sus principales actitudes, decisiones y acciones sobre el tema de Iraq –en particular en los tres momentos clave que ya señalamos–:

1.- Durante las primeras discusiones en el CSNU (octubre-noviembre 2002), el gobierno mexicano, en voz de su canciller Jorge Castañeda, manifestó su deseo de conocer a mayor detalle las pruebas ofrecidas por EEUU a fin de privilegiar una solución en el marco de la ONU, sin especificar cuál sería el voto de México en el eventual caso de que se presentara oficialmente una resolución que solicitase el uso de la fuerza contra Iraq.

2.- Durante los meses de enero y febrero de 2003 se intensificaron las discusiones y consultas al interior del gobierno de Vicente Fox a fin de determinar la posición de México, siendo mayoritarias la voces, incluyendo la del presidente y, de forma más enfática, la del representante en el CSNU, Adolfo Aguilar Zínser, que pugnaban por el voto en contra de una resolución que aprobase el uso de la fuerza contra Iraq.

3.- Una vez presentado el ultimátum de George W. Bush (13 de marzo), pese a que ya no hubo un voto oficial por parte del gobierno de México en el CSNU, el presidente Fox, a través de un mensaje a la nación la noche del 17 de marzo de 2003, expresó la decisión de su gobierno de no compartir con los EEUU los tiempos y procedimientos, reiteró, a nombre de México, la vía multilateral para la solución de conflictos, y lamentó el camino de la guerra que en ese momento era inminente. [11]

Conclusiones

1.- A la luz del análisis de los datos de las encuestas disponibles aquí presentadas, se observa que, por un lado, la opinión pública mexicana a lo largo del proceso de discusiones en torno a la problemática de Iraq, mostró un comportamiento constante, el cual osciló entre el 70 y el 80% de oposición al ataque armado sobre dicha nación árabe. Asimismo, mostró coherencia al no modificar sus actitudes acerca de las supuestas pruebas presentadas por los EEUU, a pesar de los esfuerzos de sus representantes en el Consejo de Seguridad y en distintos medios de comunicación por evidenciar la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Iraq, así como sus vínculos con Al-Qaeda. Frente a estas dos situaciones, es posible desechar, en este caso particular, dos de las tres hipótesis del citado «consenso Almond-Lippmann» que, precisamente, hablan de la volatilidad de la opinión pública en temas de política exterior, así como de su falta de coherencia derivada de la carencia de información.

2.- En cuanto a la tercera hipótesis de dicho consenso de la corriente realista, la cual afirma la nula influencia de la opinión pública en el proceso de elaboración de la política exterior, si bien no es posible desecharla o comprobarla a partir del simple análisis de las encuestas ni del resultado final de la política (la decisión del gobierno mexicano de no apoyar los planes bélicos de su vecino del Norte), resultan útiles las afirmaciones vertidas por dos personajes muy cercanos al entonces presidente Fox y a la toma de decisiones del gobierno –Jorge Castañeda y Rubén Aguilar–, quienes en un texto reciente sobre el análisis de algunos momentos importantes de ese sexenio afirman:

Por sus convicciones religiosas, por su sensibilidad a las encuestas (en las cuales se revisaba semanalmente la posición de la opinión pública sobre el tema de Iraq), y porque no lo persuadían los argumentos de Estados Unidos, Fox [decidió] no apoyar a Bush en el Consejo de Seguridad de la ONU.[12]

Evidentemente, la versión de estos dos personajes, precisamente por provenir del entonces círculo cercano a Fox, no pueden ser tomadas como prueba contundente de la influencia de las encuestas de opinión en la política exterior de México sobre Iraq; sin embargo, constituyen hasta el momento la única versión existente, por lo que será necesario ahondar en otros puntos de vista a partir de entrevistas y revisión de discursos y declaraciones.

3.- Es posible concluir también, que la influencia de la opinión pública durante el proceso de elaboración de la política exterior de México en el tema y periodo en cuestión –sin que durante los primeros dos años del gobierno foxista se vieran modificadas las condiciones estructurales para que así sucediera (cambios al régimen político vertical, reforma del monopolio constitucional del poder ejecutivo en materia de política exterior, así como una opinión pública autónoma y con canales de vinculación con el diseño de las políticas públicas efectivos) –, se vio potencializada por dos factores de carácter coyuntural y no estructural, a saber:

a) La disposición personal del presidente en turno por conocer y, eventualmente, atender los resultados de las encuestas y sondeos de opinión.

b) La realización de las elecciones intermedias tan sólo cuatro meses después del inicio de la invasión a Iraq (julio 2003), en las que el presidente y su partido esperaban obtener un triunfo que les diera el control de la cámara de diputados. [13]

4.- Las perspectivas a corto y mediano plazo acerca de la influencia de la opinión pública en el proceso de elaboración de la política exterior en México, no parecen marcar una diferencia sustancial respecto de lo ocurrido a lo largo de las administraciones priistas ya que en el caso particular que acabamos de referir, al obedecer a cuestiones personales por un lado, y electorales por el otro, las condiciones estructurales permanecieron intactas. Una mayor influencia de la opinión pública en asuntos de política exterior en México con vísperas a dotar a esta última de mayor legitimidad y por ende, con posibilidades de incrementar la capacidad de decisión y acción frente al exterior, sólo es posible y deseable si de forma paralela se avanza en la construcción de un auténtico régimen democrático a través de una reforma amplia del Estado mexicano, que plantee una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, modifique el marco legal acerca del diseño y ejecución de la política exterior a fin de incorporar a nuevos actores y figuras en las distintas fases del proceso (legislativo, ONG, referéndum, etc.) y, finalmente, si reforma la actual ley de radio y televisión a fin de dar cabida a una nueva legislación sobre la materia que privilegie la competencia equitativa y, sobre todo, la función social de los medios masivos de comunicación.

NOTAS


[1] Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Obtenido de http://pnd.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=35, consultado el 18 de mayo de 2010.

[2] José Germán Cabra Ybarra, «La lectura de la Política exterior en el tercer informe de gobierno», Boletín de Política Exterior de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, No. 13, mayo- junio 2003, p. 5.

[3] V.O. Key, Public opinion and American democracy, New York, Knopf, 1961, p. 27.

[4] Richard Sobel, The impact of public opinion in U.S. foreign policy since Vietnam, New York, Oxford University Press, 2001, p. 10.

[5] Ole R. Holsti, «Public opinion and Foreign policy: challenges to the Almond-Lippmann, consensus», International Studies Quarterly, No. 36, 1992, p. 442.

[6] Ibíd., p. 455.

[7] Jorge Chabat, «La toma de decisiones en la política exterior mexicana», en Rosario Green y Peter Smith (coord.), Retos en las relaciones entre México y los Estados Unidos, México, F.C.E., 1989, pp. 87-124.

[8] Presidencia de la República, op. cit., consultado el 18 de mayo de 2010.

[9] Bob Woodward, Plan de ataque, Bogotá, Planeta, 2004, pp. 212-216.

[10] Se retoman los resultados de las encuestas presentadas por el periódico Reforma el 31 de octubre de 2002, el 26 de febrero de 2003 y el 19 de marzo de 2003. Obtenidas de http://www.reforma.com, consultadas el 19 de mayo de 2010.

[11] Vicente Fox Quesada, «Mensaje a la nación», Presidencia de la República. Obtenido de http://www.fox.presidencia.gob.mx, consultado el 20 de mayo de 2009.

[12] Rubén Aguilar y Jorge Castañeda, La diferencia. Radiografía de un sexenio, México, Ed. Grijalbo, 2007, p. 245.

[13] Dichas elecciones resultaban fundamentales en las perspectivas de la administración foxista en virtud de que de obtener el PAN la mayoría, podría poner fin a la parálisis legislativa que hasta ese momento enfrentaba. Para Fox, el alto grado de popularidad obtenido tras su actuación en Iraq (7.2% la segunda más alta de todo el sexenio) podría trasladarse casi automáticamente a los candidatos panistas a la cámara de diputados.

_____________________

Roberto Arturo López Vargas (Ciudad de México, 1981) es candidato a maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM. Ejerce como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es miembro del Seminario Permanente de Política Exterior de esta institución.

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